* Mientras Notariado se negó a otorgar licencia, Colegiado concedió a Arturo Díaz una suspensión que congelaría algún procedimiento instaurado en su contra.
* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)
A más de tres años de su aprehensión que motivó estuviera varios meses recluido en la penal de Tepic, pero transcurridos cerca de medio año de darse cumplimiento a sentencias de amparo que anularon las vinculaciones a proceso de aquellas cuatro causas penales, el notario público número 7 Arturo Díaz González acaba de obtener una suspensión de amparo mediante un recurso de queja ante el Tercer Tribunal Colegiado en esta ciudad, y que le significaría aire puro.
Se le concedió la suspensión provisional en un amparo promovido contra diversas autoridades como el Congreso del Estado, gobernador, dirección del Notariado, Colegio de Notarios, para que las mismas, “en el ámbito de su competencia de acuerdo a sus facultades y atribuciones, de haber iniciado un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la parte quejosa por su actuar como notario público, continúen con el mismo en todas sus etapas, pero deberán de abstenerse de resolverlo en definitiva.
“Además, para que no se le impida o limite ejercer sus funciones notariales con que cuenta derivado de la patente que se le otorgó y que continúa vigente.”
De acuerdo con la resolución votada de manera unánime por el Pleno del Tribunal Colegiado, la suspensión que se concede no tendría efectos en situaciones como que hubiera una sentencia diversa y ya firme.
El documento probaría que Díaz González continúa siendo notario público a pesar de los expedientes penales y administrativos iniciados en los últimos años en su contra, y que ha motivado que se desconozca su ubicación.
Arturo Díaz recurrió a la justicia federal en abril reciente, luego que el 23 de marzo se le notificó un acuerdo del día 19 mediante el cual se determinó que “NO HA LUGAR A PROVEER DE CONFORMIDAD respecto de la licencia solicitada” al cargo de Notario Público número 7 de la Primera Demarcación Notarial, planteada mediante escrito del seis de febrero y que sería hasta por un año.
El recurso de queja precisa que el Colegio de Notarios emitió una opinión favorable para que se concediera la licencia, al ser un derecho del notario.
Así las cosas, el Colegiado insistió que sí era procedente conceder la suspensión respecto de las consecuencias de los actos que se reclaman, “consistentes en las posibles órdenes de ejecución, suspensión o cesación de sus funciones como notario público, derivados del procedimiento de responsabilidad administrativa y colegial que se estuviere siguiendo en contra de la parte quejosa…”
Incluso, se advirtió que ante la negativa de la licencia se podría aperturar dicho procedimiento como una consecuencia del no ejercicio de la acción notarial.
De acuerdo con el fallo del Tribunal Colegiado, “en el presente asunto, surge una necesidad mayor de proteger el interés que tiene la sociedad en que las decisiones de los órganos gubernamentales del Estado estén debidamente fundadas y motivadas, pues se trata de proteger el derecho fundamental de legalidad vinculado con la debida administración de Justicia que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados con base en las razones que suministra el Derecho y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en una sociedad democrática como es la mexicana para descartar cualquier indicio de arbitrariedad.”
La demanda de amparo de la que derivó el recurso de queja fue admitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil y Administrativa, que en las próximas semanas podría celebrar la audiencia constitucional para el estudio de fondo, contando ya con los informes que le hayan remitido las autoridades involucradas.
