* Juzgado de Distrito abre incidente para analizar actuar de juez de Control al insistir en imponer la medida de prisión preventiva justificada.
* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)
Un Juzgado de Distrito de Amparo Penal en Tepic aperturó un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de una suspensión provisional concedida por el Primer Tribunal Colegiado en Tepic, a través de un recurso de queja y a favor de Luis Antonio Guzmán Franco, su hermana Alma Luz, el hijo de ésta Giancarlo Álvarez Guzmán, así como Rubén Luna Jasso, de oficio albañil, a quienes el 20 de abril la Fiscalía General del Estado (FGE) les formuló imputación por delitos como desobediencia y resistencia de particulares, despojo de inmuebles y aguas, asociación delictuosa y delitos cometidos contra servidores públicos, y un juez de Control en Tepic les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y ahora están vinculados a proceso.
El incidente fue presentado por la defensa particular de los imputados, en el que se critica el actuar de un juez adscrito a Bucerías -al que se remitió la causa penal-, municipio de Bahía de Banderas, que en audiencia celebrada el 10 de mayo para acatar la resolución del Tribunal Colegiado insistió en dejar en prisión a los antes mencionados.
De acuerdo con el Juzgado de Distrito, se ha requerido informes sobre el cumplimiento que se dio a la sentencia de queja, solicitando además el audio y video de lo acontecido en la audiencia del 10 de mayo.
La detención de la familia Guzmán y su trabajador ha generado movilizaciones sociales e, incluso, este miércoles 13 el caso fue ventilado durante una conferencia de prensa en el Senado de la República, con el apoyo de la senadora Ivideliza Reyes Hernández, y donde Apolonio Guzmán Franco detalló el problema de fondo: la posesión que su familia ha tenido durante décadas de un terreno en Rincón de Guayabitos, municipio de Compostela, y que varios gobiernos les han pretendido quitar sin la debida indemnización.
Según indicó, proporcionaría a los medios de comunicación en memorias los videos que prueban el ingreso de personal del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) y agentes de policía que procedieron a la detención, sin la debida orden judicial.
La puntos principales de la suspensión provisional que concedió el Tribunal Colegiado, y que se reclama que no atendió el juez de Control, indican lo siguiente:
“Que la autoridad responsable, es decir, el juez de control, de inmediato, fije nueva audiencia y, sin demora, dicte otra resolución en torno a la imposición de las medidas cautelares, con base en los lineamientos de esta ejecutoria, es decir, respete el principio de legalidad y escudriñe la necesidad de la imposición de la medida aludida, en particular a partir de descartar fundada y motivadamente la razón o razones en específico por las cuales, de ser el caso, las diversas medidas cautelares previstas en el CNPP, son insuficientes para alcanzar el objetivo pretendido por el ente acusador.
“Y únicamente en caso de que el test que realice respecto a la proporcionalidad de las medidas cautelares distinta a la aquí reclamada (señalada en el punto anterior), lo condujera nuevamente a establecer la necesidad de imponer la prisión preventiva justificada, funde y motive adecuadamente su decisión, purgando, además, los vicios destacados en este fallo. Entonces, debe quedar muy claro que no necesariamente debe imponer como medida cautelar la prisión preventiva justificada, sino que debe analizar cada una de ellas e imponer la más adecuada.”
Así las cosas, el Juzgado de Distrito programó para finales de mayo la audiencia de estudio sobre el actuar del juez de Control al insistir en imponer la medida de prisión preventiva justificada.
Los tres hombres se encuentran recluidos en la penal de Tepic, en tanto que Alma Luz en el Centro de Reinserción Social Femenil La Esperanza.
En los últimos días, el propio Apolonio Guzmán también ha solicitado la protección de la justicia federal, temiendo que se le gire una orden de aprehensión, en tanto que sus familiares presos combaten de igual forma el auto de vinculación a proceso que les fue dictado.
