* Unos libres, otros en prisión, estos dos temas guardan una coincidencia regional: el encontrarse en zonas codiciadas por desarrolladores turísticos.
* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)
La protesta de habitantes de Punta de Mita, municipio de Bahía de Banderas, por diversas obras de un desarrollo turístico en playa Las Cocinas, escaló especialmente entre lunes y martes e incluso mereció la intervención y un comunicado de la Secretaría de Gobernación en el que reiteró que el acceso libre a las playas es un derecho que debe garantizarse.
Al anunciarse mesas de diálogo, participan instituciones del Gobierno Federal, del Estado, del Ayuntamiento, la empresa que efectúa la obra, además de ciudadanos de la zona.
La intervención del Gobierno de la República evidentemente motivó el anuncio de que policías estatales que resguardaban la obra serían retirados, además de un hecho muy significativo: la inmediata liberación de Antonio Benavidez de la Cruz, Sandra Cano Navarro y Fabricio Yáñez Fonseca, manifestantes que habían sido detenidos.
Este último punto merece especial atención, pues habría que cuestionar si los tres citados tendrían la misma suerte en caso de que la protesta no hubiera impactado en el Gobierno Federal; en ese supuesto lo más probable es que se les pusiera a disposición de un juez y se dictara la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
La exigencia de liberación de Antonio, Sandra y Fabricio fue planteada también en la Cámara de Diputados Federal y el Senado de la República.
Caso contrario es lo que están viviendo Luis Antonio Guzmán Franco, su hermana Alma Luz, el hijo de ésta Giancarlo Álvarez Guzmán, y Rubén Luna Jasso, de oficio albañil, a quienes el 20 de abril se les formuló imputación por delitos como desobediencia y resistencia de particulares, despojo de inmuebles y aguas, asociación delictuosa y delitos cometidos contra servidores públicos, y a ellos un juez de Control en Tepic les impuso la medida de prisión y ya fueron vinculados a proceso.
Estos dos temas guardan una coincidencia regional: el que la familia Guzmán posee un terreno desde hace décadas en Guayabitos, municipio de Compostela, que al igual que las playas de Bahía de Banderas se encuentran en una zona codiciada por desarrolladores turísticos.
La imposición de medidas de prisión en estos casos, a pedido de la Fiscalía General del Estado (FGE), han dejado de sorprender, aumentando críticas a jueces por el papel que asumen.
Para el caso de Luis Antonio, Giancarlo, de 19 años, y Rubén, se encuentran recluidos en la penal de Tepic, mientras Alma Luz en el Centro de Reinserción Social Femenil La Esperanza.
Esta semana, al admitir una demanda de amparo en contra de la citada medida de prisión, un Juzgado de Distrito concedió a los detenidos una suspensión provisional contra el acto que reclaman, pero no con efectos de que se les impongan otras medidas y seguir el proceso en libertad, como lo pidieron.
Según la autoridad federal, la solicitud implica un necesario estudio de fondo del caso, por lo que ha pedido que se le rindan informes, en tanto los cuatro continúan recluidos.
De entrada, advirtió que el juez de Control sí realizó una valoración de los riesgos procesales, anotando inconsistencias en los domicilios proporcionados por los imputados y la falta de acreditación plena del arraigo, o bien la referencia a circunstancias que evidencian posible influencia sobre testigos o intervinientes en el procedimiento.
Los amparistas están en tiempo de presentar un recurso de queja para que el asunto lo analice un Tribunal Colegiado.
Así, la protesta de habitantes de Punta de Mita y otras comunidades pareciera reforzar el precedente de que un reclamo atraiga la intervención del Gobierno Federal.
