Gana trabajadora 1 millón al Ayuntamiento de Tepic

*  Se deberán pagar 42 mil 900 pesos a la trabajadora para garantizar su supervivencia mientras transcurre amparo presentado por el síndico Josué Daniel Mercado.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

La Sala de Jurisdicción Mixta del Instituto de Justicia Laboral Burocrática condenó al Ayuntamiento de Tepic a pagar un millón 32 mil 868 pesos y 16 centavos a una trabajadora que en el año 2013 presentó una demanda laboral.

Dictada el 29 de septiembre, la resolución fue notificada hace unas semanas y ha motivado una demanda de amparo del síndico municipal Josué Daniel Mercado Ramírez.

La Sala de Jurisdicción Mixta deberá rendir informes del caso, en tanto que, de entrada, un Juzgado de Distrito negó la suspensión provisional a Mercado Ramírez, por lo que el Ayuntamiento deberá pagar 42 mil 900 pesos a la trabajadora para garantizar su supervivencia, considerando que éste amparo indirecto y, luego, el amparo en revisión podrían tardar unos 11 meses en resolverse en definitiva, según cálculo del Juzgado, que añadió lo siguiente:

“La cantidad fijada obedece a que la parte actora trabajadora ya tiene derecho a que se le haga entrega del pago de las prestaciones respecto de las cuales la responsable consideró procedente su acción y, mientras no se demuestre lo contrario, debe estimarse que los beneficios que obtuvo del laudo, los requiere para subsistir…”

Por otra parte, se concedió la suspensión provisional al síndico para que las cosas se mantengan en el estado actual y no se haga efectivo el pago total a la trabajadora.

“Lo anterior -se explica-, porque la concesión de la presente medida cautelar no depara perjuicio al interés público, pues no se suspende la ejecución de laudo sino únicamente se modula a razón de la cantidad establecida.”

De igual forma, la suspensión provisional abunda que existen casos como el presente “en que el interés del particular no afecta o menoscaba el interés social y el orden público, sino que por el contrario, la sociedad se encuentra interesada en que se respete el trámite de los juicios instaurados; máxime que, con la concesión de la suspensión no se lesionan el interés social y el orden público. Esto es, la sociedad está interesada en que se cumplan eficazmente las disposiciones de orden público, para poder sostener el bienestar de la comunidad.”

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