Tribunal ampara a familiar de persona desaparecida en 2018

* Se precisa que Registro Estatal de Personas Desaparecidas no cumple con requisitos que prevé la norma nacional: que pueda ser consultado de manera pública o este interconectado con otras instituciones.”

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

A partir de una demanda de amparo presentada en el 2024 por un familiar de una persona desaparecida, el Tercer Tribunal Colegiado en Tepic ha realizado un análisis en el que advierte que falta mucho por hacer en las instituciones respecto al registro de las personas que padecen esa situación.

Por ejemplo, a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado se le ordena que realice “el proyecto correspondiente a fin de que el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, cumpla con los requisitos previstos en los artículos 105, 106 y 109 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

“2. Hecho lo anterior, establezca y justifique un plazo razonable para materializar las adecuaciones al Registro Estatal de Personas Desaparecidas conforme a dichos lineamientos.

“En la inteligencia de que si para lo anterior se requiere la intervención de diversas autoridades, éstas deberán ser vinculadas y requeridas en la etapa de ejecución de esta sentencia constitucional.”

Por su parte, al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado se le pide que informe “si cuenta con reportes de Personas Desaparecidas y de ser así, acredite haber alimentado el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, conforme a su obligación de acción.”

De igual forma, la Fiscalía General del Estado y la titular de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas deberán acreditar “haber alimentado el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, a la fecha en que se dicta la presente sentencia, conforme a su obligación de acción.”

Además, a fin de lograr “el cumplimiento expedito, eficaz y pleno del fallo protector, se vincula al cumplimiento al Gobernador Constitucional, así como al Congreso, ambos de esta entidad federativa, ello a fin de que: Dentro del ámbito de sus facultades provean de recursos a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Nayarit, para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (…) Incluso, de estimarlo conveniente, a otras autoridades que conforme sus facultades consideren deban tener intervención en el procedimiento de ejecución.”

La sentencia, recientemente conocida, cuenta con votación unánime del Pleno del Tercer Tribunal integrado por las magistradas Karen Zarina Reyes Solís y Mara Abigail Rodríguez Ledezma, así como el magistrado Daniel Jáuregui Quintero.

El fallo tiene sustento en la situación de una persona desaparecida en el año 2018 y cuyo caso motivó una carpeta de investigación en la Fiscalía.

Durante el estudio, el Tribunal Colegiado reconoce que la promoción de un juicio de amparo relacionado con la desaparición de una persona, “tiene como finalidad acreditar, conforme a las constancias que obren en autos, la existencia de la grave violación a derechos humanos que acarrea esta conducta y el establecimiento de medidas que tiendan a lograr la localización con vida de la persona desaparecida, a fin de respetar y garantizar el derecho de acceso a la justicia, a un recurso judicial efectivo, a la verdad y a la reparación de las personas desaparecidas y de sus familiares.”

La sentencia remarca que la desaparición de personas es una de las violaciones más graves y crueles de los derechos humanos, “no solo causa perjuicio a la persona respecto de la cual no se conoce su paradero, sino también a las víctimas indirectas del delito como pueden ser los familiares, pues si bien, en el caso de desaparición de personas ellos no sufren directamente en su persona la acción criminal, sí sufren las consecuencias nocivas de esa acción menoscabando sus derechos humanos reconocidos convencionalmente.”

A lo largo del estudio, se determinó que dicho Registro Estatal de Personas Desaparecidas y no Localizadas, “no cumple con los requisitos que prevé (…) la normativa nacional, esto es, que el mismo pueda ser consultado de manera pública o este interconectado con otras instituciones, pues sólo es una base de datos interna en formato de excell, misma que sólo obra en las instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.”

Y remata:

“Por un lado, se violenta el derecho a la verdad de los familiares de las personas desaparecidas, toda vez que la ausencia de este registro —el cual, conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, debe contener en esencia los datos generales de las características físicas, fotografías recientes de la persona desaparecida e información de contacto de los familiares de ésta,— les priva de un instrumento técnico fundamental para consultar y cruzar información de manera institucional con diversas dependencias, obstaculizando las labores tendientes a esclarecer su suerte o paradero y condenándolas a permanecer en un inadmisible estado de incertidumbre.”

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