* Un apunte: a dos años del mandato de Claudia Sheinbaum, la relación personal con López Obrador no puede estar por encima del país, urgido en que se realicen investigaciones transparentes.
* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)
Transcurridos dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es tiempo más que suficiente para mostrar, hasta ahora, que en nuestro país se repite la historia de protección política para unos, y de ajuste de cuentas para otros, pero sigue faltando una aplicación pareja de las investigaciones, pese a la autonomía que por años se ha buscado para la Fiscalía General de la República (FGR).
Hay casos que se van perfilando emblemáticos de esta mala práctica, por ejemplo el del ex secretario de Marina Rafael Ojeda Durán, a quien la presidenta prácticamente ya exoneró por el asunto penal del huachicol fiscal, pese al involucramiento de los sobrinos políticos de Ojeda, los hermanos Fernando y Roberto Farías Laguna, y de que Ojeda siendo secretario fue advertido de lo que sucedía e, incluso, está documentado el asesinato de varias personas que denunciaron o participaron en el huachicol.
Exonerar con la voz presidencial a Rafael Ojeda es algo que ya no tendría que suceder, no torcer una investigación por más que haya sido el secretario de Marina del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que sean las autoridades competentes quienes deslinden responsabilidades.
Sheinbaum Pardo ha comentado que no se distanciará de López Obrador, sin embargo la relación personal no puede estar por encima del país, que está urgido en que se realicen investigaciones transparentes y sin distingo político.
Otro asunto ya emblemático es el del ahora senador por MORENA Adán Augusto López Hernández, en cuyo gobierno en Tabasco floreció el grupo criminal La Barredora con el secretario de Seguridad Pública Hernán Bermúdez Requena al frente. Aunque Hernán está preso, Adán Augusto, también secretario de Gobernación con López Obrador, ha sido protegido, situación que también se repite con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, o el senador por ese estado Enrique Inzunza.
Pero a pesar de la disposición presidencial para solapar lo que tenga que ver con su antecesor, las evidencias están acomodando las cosas a la realidad y ya tocan en la sangre al ex presidente: especialmente a sus hijos Andrés Manuel “Andy” y Gonzalo López Beltrán por su relación de negocios con su socio o prestanombres Amílcar Olán Aparicio, recientemente encontrado en Suiza -según videos mostrados por TV Azteca- y con el que, se ha documentado, efectuaron negocios que les dejaron millonarias ganancias con ese tráfico de influencias en el gobierno.
En el caso de los hermanos López Beltrán hay una clara resistencia a proceder penalmente y eso debilita a las instituciones, aunque exista una investigación sólida, como quedó acreditado al revelarse por la prensa los millonarios movimientos financieros que ha realizado Amílcar Olán, precisados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
La filtración de esos datos permite evidenciar que aun cuando la cúpula del gobierno hace como que no ve, sí hay funcionarios inconformes con lo que está sucediendo.
Pero así como la presidenta muestra debilidad frente a esos asuntos del lopezobradorismo, por el contrario es implacable en sus juicios con adversarios políticos, como sucedió con el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, imputado por delitos de huachicol y quien permaneció semanas en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano.
Nos encontramos, pues, con una Presidencia de la República ya en un 33 por ciento de su gestión, en plenitud, más sin la fuerza para combatir la corrupción desde casa, y mucho de eso es para proteger la figura de López Obrador. El costo es muy grande porque las evidencias seguirán brotando, pero sobre todo porque nada debería estar por encima del país.
