* Mientras en un reciente asunto se argumentó la no prescripción, hay expedientes que concluyeron por esa razón: los del notario Arturo Díaz.
* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)
Informada ayer por este reportero la resolución de una jueza de Control que, en cumplimiento de una sentencia de amparo a favor del imputado Juan Mauricio “N”, al que se le imputan probables delitos cometidos en la época del gobierno de Ney González Sánchez (2005-2011), argumentó que no hay prescripción porque debe tomarse en cuenta el momento en que el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) supo de los ilícitos y formuló denuncia, y no cuando se cometieron, el asunto seguramente será combatido en vía de amparo, pero además hay que agregar otro ingrediente: ya hay expedientes penales de la misma época y relacionados con Ney que sí están prescritos, concretamente cuatro procesos que fueron iniciados en el 2023 en contra del notario público número 7 Arturo Díaz González.
En efecto, en la última semana de noviembre del 2025, jueces de Control en Tepic atendieron diversas audiencias para dar cumplimiento a amparos dictados a favor de Díaz González.
En dos de esas audiencias, a las que asistió este reportero, se resolvió la prescripción considerando el tiempo transcurrido, además de que se trató de delitos de consumación instantánea.
Dos de los párrafos de aquel trabajo periodístico precisaron lo siguiente:
“La causa penal 678/2023 tiene relación directa con el ex gobernador Ney González Sánchez (2005-2011), como supuesto copartícipe de Arturo Díaz, y forma parte del Mega Operativo Nuevo Nayarit, lo que cobra relevancia para el futuro de los expedientes; y es que, de nueva cuenta, la justicia federal advirtió que hay una prescripción de la acción penal y que se trata de delitos de consumación instantánea.
“En este caso se imputaron los delitos de administración fraudulenta, de la certificación, formalización, registro e inscripción de inmuebles, ejercicio indebido de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, tráfico de influencias y asociación delictuosa.”
Así las cosas, el tema se ha tornado singular puesto que por un lado sí se tomó en cuenta la época, las fechas en que ocurrieron los probables delitos y, por lo tanto, se decidió la prescripción de la acción penal, mientras que en el otro asunto hasta que el FIBBA supo de los ilícitos y presentó denuncia en febrero del 2022, anunciándose la no prescripción.
La semana pasada, en este espacio se informó de un nuevo amparo de Arturo Díaz González, a través del cual reclama que la dirección del Notariado del Gobierno del Estado le haya negado una licencia en su calidad de notario público número 7.
La audiencia para el estudio de fondo aún no se realiza.
Entre otros puntos, un Juzgado de Distrito de Amparo Civil y Administrativo en Tepic le concedió una suspensión definitiva para los siguientes efectos:
“a) Que las autoridades responsables en el ámbito de su competencia de acuerdo a sus facultades y atribuciones, de haber iniciado un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la parte quejosa por su actuar como notario público, continúen con el mismo en todas sus etapas, pero deberán de abstenerse de resolverlo en definitiva.
“b) Además, para que no se le impida o limite ejercer sus funciones notariales con que cuenta derivado de la patente que se le otorgó y que continúa vigente.
“Lo anterior, hasta en tanto se notifique la ejecutoria que recaiga al juicio de amparo indirecto del cual derivó el presente incidente.”
