* Ahora el Juzgado Primero de Distrito de Amparo Civil y Administrativo remitirá el expediente a un Tribunal Colegiado, para su estudio.
* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)
La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, la dirección del Notariado y el Congreso del Estado a través de su Unidad Jurídica presentaron recursos de revisión en cuanto a la sentencia de amparo dictada el 31 de agosto a favor de Marco Antonio Ramírez Camarero, notario público suplente número 2 con oficinas en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas.
Interpuestos por separado, tales recursos se conocieron esta semana, por lo que el Juzgado Primero de Distrito de Amparo Civil y Administrativo remitirá el expediente a un Tribunal Colegiado, para su estudio; el amparista por su parte está en derecho de presentar un recurso de revisión adhesivo.
Como fue informado en este espacio, la justicia federal concedió amparo al quejoso porque, se explica en el fallo, “no obstante que la imposición de exámenes descritos contribuye válidamente a la profesionalización de la labor notarial, lo cierto es que, por la forma en que es implementada, implica transgresión de derechos adquiridos de los Notarios Suplentes, ya que desconoce el examen que éstos tenían aprobado en términos de la legislación anterior y con el cual, se les reconocía el derecho a ser Notarios Titulares”, que es precisamente lo que Ramírez Camarero ha solicitado a la dirección del Notariado: el reconocimiento como notario titular luego del fallecimiento de Teodoro Ramírez Valenzuela, su papá, y quien era titular de la citada notaría 2.
Cabe añadir que con motivo de la información de amparo y la referencia que se hizo a un cateo del 26 de agosto en la notaría, por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ramírez Camarero detalló, en un escrito dirigido a este reportero, algunos de los siguientes puntos:
“El cateo no derivó de una investigación en mi contra ni de irregularidad alguna atribuible a esta notaría. Su origen es una controversia entre particulares, ajena a mi actuación, en cuyo marco la Fiscalía requirió la exhibición de un libro del protocolo notarial que contiene un instrumento otorgado en el año 2021 ante la fe del entonces titular de la Notaría Pública Número Dos.”
Y más adelante, agrega:
“El artículo 92 de la Ley del Notariado para el Estado de Nayarit impide a los notarios y encargados del protocolo hacer entrega física de los libros que lo integran, en razón de que dicho acervo documental se encuentra bajo su resguardo legal. La propia ley establece que, cuando una autoridad requiera compulsar o inspeccionar el protocolo, la diligencia respectiva debe practicarse dentro de las instalaciones de la notaría, precisamente para salvaguardar la integridad, seguridad y continuidad del protocolo, que es un bien de interés público.
“En congruencia con esa disposición, no fue posible acceder a una entrega voluntaria del libro solicitado. Ante ello, la Fiscalía, mediante orden judicial, requirió la requisición del libro correspondiente, lo que constituyó el objeto y fundamento del cateo practicado. Es decir, la diligencia fue consecuencia directa del cumplimiento de la ley notarial por parte de esta notaría, y no de una negativa arbitraria ni de irregularidad alguna en su ejercicio.”
Considerando que los recursos de revisión serán enviados en próximos días a un Tribunal Colegiado, se estimaría al menos un año para que este asunto sea resuelto.
(En la foto, el Congreso del Estado)
