* Arturo Díaz, cuya ubicación se desconoce, se defiende de procedimientos que buscan retirarle la patente de notario.
* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)
La dirección del Notariado del Gobierno del Estado comunicó al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Civil y Administrativo en Tepic una imposibilidad que tiene para remitir documentación que le fue solicitada respecto al notario público número 7 en Tepic, Arturo Díaz González, de quien se desconoce su paradero desde hace más de dos años, luego que estuvo en prisión varios meses.
A través de un apoderado, Arturo Díaz recurrió a la justicia federal para contener algún procedimiento administrativo con miras a retirarle la patente de la función notarial, y precisamente en ese sentido, lo informó este reportero, se le concedió una suspensión definitiva para el efecto de que las autoridades responsables, sin paralizar el respectivo trámite, se abstengan de dictar resolución.
A cerca de dos años de interpuesta la demanda, que ya pasó en vía de queja por el Segundo Tribunal Colegiado, éste se pronunció, en junio reciente, para que fluya la información requerida por Arturo Díaz, explicándose que el mencionado tribunal “declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de diez de noviembre de dos mil veintitrés, y por ende revocó el auto impugnado; por tanto, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, se deja insubsistente dicho proveído.”
Y continúa anotando:
“En cumplimiento a la ejecutoria de referencia (…), requiérase al Director Estatal del Notariado del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legamente notificado del presente proveído, remita copia certificada, ordenada, legible y completas, del Libro de Gobierno relativo al año de dos mil veintitrés de la Dirección Estatal del Notariado, en que conste el orden cronológico de las promociones que le fueron presentadas ante dicha institución, mismas que fueron solicitadas por la parte quejosa mediante escrito recibido el tres de noviembre de dos mil veintitrés; lo anterior a efecto de que este Juzgador se encuentre en condiciones de resolver la presente litis constitucional; apercibido que de no hacerlo, en su oportunidad, se le aplicará una multa de cien Unidades de Medida de Actualización…”
Así, al reanudarse el juicio, incluso ampliándose la demanda contra diversas autoridades estatales, la audiencia constitucional para estudiar a fondo la controversia se programó para la última semana del mes de agosto, en tanto la dirección del Notariado ya reveló una imposibilidad para proporcionar la información requerida.
Como puede advertirse, la disputa jurídica continuará.
