* En audiencia de prueba anticipada por caso INFONAVIT de juicios ficticios, todos intentan zafarse.
La peor crisis de corrupción en la historia del Poder Judicial del Estado deja un precedente para las futuras generaciones de impartidores de justicia: un magistrado no puede ordenar a un juez. Y un juez no debe obedecer, porque tarde o temprano habrá consecuencias.
Ahora todos buscan zafarse.
Si los ex jueces Mario Alberto Cervera López, Braulio Meza Ahumada, Baldomero Zamora Rodríguez y Justino Rodríguez Barajas justificarían que en los juzgados donde estuvieron asignados – Compostela, Xalisco, y Bahía de Banderas los dos últimos, respectivamente- se simularon esos asuntos en acatamiento de órdenes, y que ello sabían, o lo habrían orientado, los ex magistrados Jorge Ramón Marmolejo Coronado –éste mayormente mencionado- y Pedro Antonio Enríquez Soto, la declaración judicial de los primeros, en una audiencia de prueba anticipada, ha sido durísima: 30 horas desde las 10 de la mañana del miércoles hasta las cuatro de la tarde de este jueves, según pudo verificarse por este reportero.
Las versiones, ya conocidas, y de hecho citadas por este reportero en varias notas, describen que los juicios ficticios se materializaban fuera de los juzgados, pero que los cuatro jueces y sus secretarios de acuerdos se concretaban a firmar lo que les llevaban individuos externos -en diciembre del 2018 se efectuaron cateos por avenida Juárez en Tepic que condujeron al hallazgo de documentos, equipo de cómputo y más evidencias-, amparados en que se les habría dicho que se trataba de un programa institucional mediante la firma de un convenio entre INFONAVIT y el magistrado presidente Enríquez Soto, y una vez concluidos se tramitaba la escritura ante el notario público Antonio Humberto Herrera López para regresar las casas al INFONAVIT.
Así pues, en la audiencia de prueba anticipada los ex jueces habrían sido cuestionados con crudeza por los defensores particulares: ¿acaso no son conocedores del derecho?, ¿aceptaron que las demandas se tramitaran en el exterior de juzgados?, ¿no las inscribían en los libros oficiales?, ¿no eran ellos los que dictaban sentencias?, ¿los que contestaban amparos?, ¿actuaron al margen de la ley?, ¿cometieron delitos?, ¿presentaron denuncia ante el Consejo de la Judicatura?, ¿el Consejo les informó, que se tramitarían esos juicios?, ¿algún oficio de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia?, ¿y el dinero que recibieron en efectivo?
La defensa tiene puesta la puntería: si aquellos intentan justificar que cumplieron órdenes, los atajan: la responsabilidad es del que firma.
Ex magistrados y ex jueces ya no se reconocen. La carga es pesada.
Unos y otros intentan ponerse a salvo de un barco hundido.
Caras largas bajo el cubrebocas.
El pasado 20 de marzo, la audiencia de prueba anticipada fue diferida por la problemática del coronavirus, al no haber condiciones de apropiada distancia para tantas personas en dos salas habilitadas en el Centro Regional de Justicia Penal. Incluso, uno de los imputados expresó un malestar de garganta.
A propósito del tema Covid-19, el Poder Judicial anunció tareas de desinfección de sus edificios, y de hecho hace unos días tocó su turno al Centro Regional.
En una nota del domingo reciente, este reportero citó que se buscaba disminuir el número de involucrados, y que a la audiencia ante el juez de control José Manuel González Zepeda comparecerían los seis ya referidos más un abogado particular, también imputado en la causa penal 101/2019.
Marmolejo Coronado fue trasladado al Centro Regional desde la prisión federal El Rincón, mientras que Enríquez Soto, privado de la libertad en la penal de Tepic, participó desde la sala de ejecución de sanciones, ubicada precisamente en instalaciones judiciales del exterior de la penal. Es decir, fue una audiencia donde la tecnología jugó un papel importante de comunicación a la vez.
Solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE), la prueba anticipada –a puerta cerrada por la pandemia- habría sido especialmente debatida respecto de si debió admitirse, no tanto por el coronavirus, sino en cuanto a si se daban las condiciones jurídicas para celebrarla.
En este sistema de justicia, es conocido, puede haber constante acercamiento de las partes, por ejemplo la aceptación de delitos de un imputado con miras a la disminución de una condena, lo que puede acordarse con la Fiscalía.
En el caso ha trascendido que los ex jueces Braulio Meza y Mario Alberto Cervera habrían convenido una futura salida mediante procedimiento abreviado; es decir, aceptarían los ilícitos a cambio de una reducción de la pena, mientras que Justino Rodríguez y Baldomero Zamora tendrían un criterio de oportunidad para mantenerse como testigos si es que el asunto llega a juicio oral.
Por tal escenario, se deduce, resultaba crucial que los cuatro hablaran.
Según datos recogidos, esta prueba podría ser presentada en la audiencia intermedia, y entonces se valoraría si se admite para el juicio oral que, se supone, tendrían los ex magistrados, a menos que acuerden una salida alterna.
Hay quien advierte la segura presentación de amparos contra esta prueba anticipada.
Pedro Antonio Enríquez deduciría que las baterías están puestas contra él y que se busca perjudicarlo.
De los cuatro ex jueces, Justino, Baldomero y Cervera habrían repetido un papel notable de Marmolejo en esta trama, mientras que Braulio haría referencia a Enríquez.
Pero a los cuatro les llueven interrogantes: ¿por qué en su momento no denunciaron y, en cambio, callaron?
(Desinfección en el Centro Regional. Foto: Poder Judicial)
* Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit.
