* La CEDH supo de agravios a ciudadanos y prefirió ocultarlos, convirtiéndose en parte del mismo engranaje
Parte de los atropellos que cometió el ex fiscal General de Justicia Édgar Veytia a muchos ciudadanos, fueron contados a una institución que prefirió guardar silencio: la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En la esquina de las calles P. Sánchez y Allende, en los últimos años se iniciaron numerosas quejas por casos de tortura, de acoso, de intimidación, de privación ilegal de la libertad en las que el mismo Veytia fue identificado y, sin embargo, jamás lo alcanzó una recomendación, directamente a él.
Si tenía especial interés por quedarse con tierras de ejidatarios en regiones desde Compostela hasta Bahía de Banderas, de ello se enteró la CEDH por el relato de agraviados. Uno de ellos contaría que, a través de enviados, el fiscal le hizo saber que le compraría sus tierras. Le respondió que no. No las tenía en venta y, además, eran el patrimonio de su familia.
Y lo que siguió fue la intimidación: el que sujetos armados llegaran a su casa de madrugada para insistirle que vendiera sus tierras, o el que una mañana encontrara su camioneta rayada o con las llantas ponchadas, o que los árboles de su huerta fueran quemados. O de plano un día ser “levantado” y llevado a la oficina del fiscal, que le dijo ser “su amigo” y le ofreció 500 mil pesos por sus parcelas, aunque estas costaban millones. Pero aquel ejidatario no cedió, razón suficiente para ser llevado a celdas y advertido entonces de que su familia no la pasaría bien.
Contaría también a la CEDH que muchas horas después era llevado nuevamente con Veytia y ocurría algo insólito: alguien buscaba al fiscal y éste le ordenó que se escondiera debajo del escritorio mientras atendía al visitante. Y ahí estuvo el ejidatario, entre los pies del fiscal, advertido de que no se quejara porque le iría peor.
Y finalmente, para protección de su familia, firmó documentos sobre sus tierras que le exigía Édgar Veytia.
Ahí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos se conoció la versión de una señora que atesoraba varias hectáreas que había heredado en La Peñita de Jaltemba, junto a la carretera federal que conduce a Puerto Vallarta, y con las que se quedó el fiscal y la minó recluyéndola en la penal de Tepic. Si también prestaba dinero, de ello se valió el ex funcionario para fraguarle varios expedientes por presuntos delitos de fraude, al igual que a un familiar cercano que tuvo que huir.
Desde la cárcel, la señora pidió la intervención de la CEDH para que se conociera su caso. Pero no pasó de ahí. Fue como si no hubiera dicho nada.
La propia CEDH se cimbró la mañana del 13 de octubre del 2013 cuando elementos de la Secretaría de Marina realizaron un operativo en la laguna de Santa María del Oro que arrojó la detención de varios policías estatales. Visitadores de Derechos Humanos cumplieron una orden cuyo origen sería el fiscal y se presentaron en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) para ejercer presión e indagar la situación de los agentes que, por cierto, aún no eran puestos a su disposición.
Otra:
En pleno proceso electoral del 2014, dirigentes nacionales de partidos de oposición reclamaron la intromisión del fiscal y fueron recibidos por éste y por el ahora ex secretario General de Gobierno José Trinidad –Pepe- Espinoza, en la explanada de la Fiscalía General y rodeados por decenas de policías. También se encontraba el secretario de Seguridad Pública Estatal, el general retirado Alonso Campos Huerta, y junto a ellos se sentó el presidente de la CEDH Huicot Rivas Álvarez. La presencia de Rivas fue reclamada por los líderes partidistas: ¿por qué estaba en la mesa del gobierno, si no era parte de él?.
La ratificación de Huicot en el cargo se le atribuye precisamente al fiscal, que convenció de ello al gobernador Roberto Sandoval Castañeda. Y es que esta CEDH se acomodó al estilo de Veytia.
Aun y cuando en muchas de las quejas presentadas se indicó el nombre del ex fiscal, ahora preso en Estados Unidos, al momento de que la CEDH solicitaba informes de los casos denunciados era omitido el nombre de Veytia y se optaba por generalizar, es decir, indicando presuntos abusos de elementos de la FGE.
De esa tarea de revisión se encargaba el visitador General Juan Roberto Lomelí Villarreal, quien en más de una ocasión ordenó que fuera retirado el nombre de Édgar Veytia de esas peticiones de informes.
Visitadores de Derechos Humanos escucharon el relato de hombres que describían la tortura de la que fueron objeto: envueltos en cobijas mojadas se les aplicaban toques eléctricos, o eran acostados boca arriba y se les echaba agua en la boca hasta sentirse ahogar.
Se conoce que así como esas quejas llegaron a la CEDH, muchos expedientes fueron a parar al archivo y en otros los propios agraviados se desistieron por temor a mayores represalias; irónicamente, la notificación a la Fiscalía representaba la vuelta del problema: el acoso, la intimidación.
Así, Derechos Humanos supo de atropellos y prefirió guardar silencio, convirtiéndose en parte del mismo engranaje.
(Campos, Veytia, Pepe y Huicot. Foto: Oscar Verdín/relatosnayarit)
