* Pareciera advertirse que el amparista supondría posible alteración en registros de la dirección del Notariado.
* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)
Transcurridos más de tres años desde que recuperó la libertad luego que en 2023 estuvo varios meses en prisión, Arturo Díaz González, notario público 7 con oficinas en Tepic, mantiene una lucha jurídica contra instancias del Gobierno del Estado, en concreto la dirección del Notariado, a través de una demanda para que se le vuelva a reconocer plenamente en el ejercicio de la función notarial y acceda a una licencia.
A principios del mes de mayo, un trabajo de este reportero precisó que Arturo Díaz -que cuando salió de la penal abandonó el estado por temor a ser nuevamente aprehendido- obtuvo una suspensión en vía de amparo que le permite ejercer sus funciones notariales, aunque ello no impide que las autoridades puedan continuar con algún procedimiento instaurado en su contra.
En tal sentido, el amparista ha insistido por medio de su amparo -en que promueve una licencia a su encargo- que la dirección del Notariado remita las siguientes constancias:
“(1) El libro de Gobierno de la Dirección del Notariado del Estado de Nayarit, donde consten todos los procedimientos administrativos de queja instaurados en contra del quejoso; y (2) El libro de Gobierno donde consten todas las promociones presentadas en la fecha en la Dirección del Notariado del Estado de Nayarit.”
En respuesta a la solicitud, en la primera quincena de agosto se remitió la documentación, constando el expediente del procedimiento administrativo disciplinario PD-DN-12/2026 en contra de Arturo Díaz González.
Lo anterior dio materia para que, a través de un apoderado, el notario advirtiera una posible inconsistencia de la referida autoridad, considerando que fue omisa en enviar la documentación con la cual sustente su informe, por lo cual la dirección del Notariado fue requerida para que remitiera los documentos que den soporte a su informe rendido mediante oficio SSAJ/DN/DN2962/2026, específicamente lo relativo a las constancias de los expedientes disciplinarios del 2023, los cuales, se indicó, ya fueron objeto de declaración de caducidad.
Así, en la semana reciente la dirección del Notariado acató la orden judicial, advirtiéndose que la parte quejosa parecería suponer una posible alteración en los registros.
De acuerdo con la información disponible, toda esta disputa legal ha motivado que en varias ocasiones se posponga la audiencia constitucional para el estudio de fondo del asunto, misma que, si ya no es diferida, podría celebrarse en la segunda quincena de septiembre.
