* Ordenan a juez que cite a audiencia y, sin abrir debate, emita una nueva resolución sobre la situación jurídica del notario público.
* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)
Un Juzgado de Distrito en Materia Penal en Tepic concedió el amparo y protección de la justicia federal al ex secretario General de Gobierno Juan Antonio Echeagaray Becerra, según se ha conocido este jueves 11.
La resolución es contra el auto de vinculación a proceso que un juez de Control en Tepic le dictó el dos diciembre del 2025 por su probable intervención, como coautor material, en los delitos de falsificación de documentos, fraude, falsificación de certificaciones, responsabilidad profesional, y de la certificación, formalización, registro e inscripción de inmuebles.
El Juzgado Segundo de Distrito precisó que una vez que la sentencia quede firme -puesto que las partes están en derecho de presentar recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado-, el juez de Control deberá dejar insubsistente el auto de vinculación y,
“2. Cite a las partes a una audiencia, la cual deberá de señalarse en un plazo que no exceda de tres días hábiles y con plenitud de jurisdicción, sin abrir nuevo debate, emita una nueva resolución a la que se pronuncie de nueva cuenta sobre la situación jurídica del imputado, con base en los hechos ya imputados, los datos de prueba aportados por las partes y el debate generado, sin admitir nuevos datos de prueba ni debate de las partes, lo cual deberá de hacer debidamente fundada y motivada.”
De acuerdo con la resolución, los datos permiten advertir “la existencia de una operación inmobiliaria controvertida, en la que se utilizó una representación cuya vigencia fue cuestionada. No obstante, tal circunstancia por sí sola no es suficiente para tener actualizados los delitos (…), sino que se requiere que ese hecho encuadre en la conducta típica establecida en tales figuras delictivas, al menos de forma indiciariamente razonable…”
Y añadió más adelante:
“El problema no radica en que, en abstracto, un mismo hecho pueda tener relevancia para diversas figuras penales. El problema consiste en que, cuando la autoridad judicial decide mantener varias clasificaciones jurídicas construidas sobre una misma actuación, debe explicar por qué cada una conserva autonomía típica y no representa una duplicidad de reproche respecto del mismo núcleo conductual, lo cual la autoridad responsable no hizo.”
Otro aspecto que se precisa es el siguiente:
“La coautoría no se actualiza únicamente porque una persona intervenga en un acto que resulta necesario para que se produzca una consecuencia jurídica. “Requiere, al menos de manera preliminar, datos que permitan sostener una actuación conjunta, una convergencia dolosa, una aportación esencial dentro de un plan común y cierto dominio funcional del hecho.
“En el caso, la responsable debía explicar, qué acuerdo común existía entre el imputado en su calidad de notario (…) y, en su caso, el comprador, cuál fue el reparto funcional de tareas, qué aportación esencial realizó el imputado más allá de la formalización del instrumento, por qué esa aportación fue dolosa y no una actuación profesional irregular, en qué consistió el dominio funcional del hecho atribuido al imputado.
“La afirmación de que la intervención del notario era necesaria para formalizar la escritura pública no demuestra, por sí misma, que participó en un plan común delictivo.
“Si esa inferencia se aceptara sin mayor explicación, toda actuación notarial que diera forma a un acto posteriormente controvertido podría convertirse automáticamente en coautoría penal, lo que sería incompatible con el principio de culpabilidad y con la exigencia de motivación individualizada.”
Como ha sido informado anteriormente por este reportero, el reciente 20 de febrero un diverso juez de Control suspendió a Echeagaray Becerra de manera temporal de sus funciones como notario público número 11, con oficinas por la calle Zacatecas en el centro de Tepic, en cuanto a esta causa penal.
