* Los actos que reclama son el auto de vinculación a proceso dictado el 15 de diciembre, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de fecha 10 de diciembre.
* (Se pide a medios de comunicación no plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)
A tres semanas de haber sido vinculado a proceso, Rodrigo Benítez Pérez, ex subfiscal General del Estado y ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) interpuso una demanda de amparo en contra de esa resolución que dictó una jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Tepic.
Los actos que reclama en específico son el auto de vinculación a proceso dictado el 15 de diciembre por su probable relación con los delitos de violación, y uno más respecto a la desaparición de objetos que hace años fueron encontrados en una fosa con cuerpos humanos, así como la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de fecha 10 de diciembre.
Un acuerdo del Juzgado Primero de Distrito de Amparo Penal precisa que la demanda fue admitida esta semana, y si bien se concedió al quejoso una suspensión provisional, no se abunda de manera pública sobre el alcance de la misma.
La jueza de Control deberá presentar su informe ante el Juzgado de Distrito y éste estudiar el asunto de fondo, cuya audiencia podría efectuarse a finales de enero.
Benítez Pérez se encuentra recluido en la prisión federal El Rincón, mientras transcurre la etapa de investigación complementaria de cuatro meses.
Como en su momento fue informado por este reportero, en la audiencia inicial del 10 de diciembre en que el imputado fue presentado ante la jueza de Control, se debatió sobre la legalidad de la detención efectuada en el puente internacional de El Paso, Texas, en Estados Unidos, y Ciudad Juárez, Chihuahua, México, durante una “deportación controlada” del vecino país del norte.
Mientras la agencia del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) insistió en la legalidad de la captura, que así fue calificada por la jueza, la defensa remarcaba la existencia de una suspensión definitiva de amparo respecto a actos del Congreso del Estado, que el 21 de noviembre del 2024 le quitó el fuero de magistrado, por lo que pedía su inmediata libertad.
A la presente fecha, el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo Civil y Administrativo aún no dicta sentencia sobre los actos que se reclaman al Congreso del Estado en cuanto al proceso de desafuero, tan es así que acaba de revelarse un acuerdo a través del cual un representante legal del Congreso informó el acatamiento de la mencionada suspensión definitiva.
