* Fiscalía solicitó la prisión, que concedió un juez, mientras defensa advirtió que debía fijarse una medida cautelar distinta; primera audiencia transcurrió durante más de 12 horas.
Un juez de Control con sede en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada al notario público número 18, con oficinas en Tepic, Jesús Torís Lora, durante una audiencia en que agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) le formularon imputación por su probable intervención en los delitos de asociación delictuosa, falsificación de documentos en general, falsificación de certificaciones, de la certificación, formalización, registro e inscripción de inmuebles, y administración fraudulenta.
Los ilícitos fueron indicados en un comunicado de la Fiscalía este uno de enero.
Aprehendido el miércoles 31 de diciembre, Torís Lora fue presentado la tarde de este jueves ante el juez de Control; la imputación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y transcurrió durante más de 12 horas, finalizando la mañana de este viernes dos.
Torís Lora quedó internado en una prisión estatal de Bucerías, a reserva de que en próxima audiencia, a efectuarse la siguiente semana, se decida si será o no vinculado a proceso, además de que se debatió que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en Tepic le había concedido una suspensión provisional, en vía de amparo, contra jueces de Control y diversas instancias de la Fiscalía, respecto a una orden de aprehensión.
En ese sentido, el Juzgado de Distrito precisó:
“Efectos de la suspensión provisional por la orden de aprehensión, citación o presentación, emitida por autoridad judicial. Si la orden de captura reclamada fue por un delito que no amerite prisión preventiva oficiosa, de conformidad con los artículos 162 y 163, en relación con el numeral 166, fracción II, de la Ley de Amparo, la suspensión provisional será para el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este juzgado respecto a su libertad personal y no sea aprehendida con motivo de ese mandamiento y a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento.
“En el entendido de que si en el juicio natural existiere dicha orden y el juez penal le dicta prisión preventiva justificada, no podrá ejecutarse tal y como lo prevé la Jurisprudencia PR.P.T.CN. J/1 P (11a.), del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México…”
De acuerdo con los datos recogidos, mientras la agencia ministerial solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que concedió un juez, la defensa habría insistido que la suspensión provisional del Juzgado de Distrito orientaba a que se impusiera una medida menos gravosa.
Según se deduce, la medida cautelar podría seguir abordándose, sobre todo si el Juzgado de Distrito se pronuncia cuando se le notifique la nueva situación del notario.
Torís Lora, quien fue presidente del Colegio de Notarios de Nayarit, se reservó el derecho de rendir declaración.
La imputación en la causa penal, en que la parte agraviada es el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA)y el Banco Nacional de Obras, tendría relación con diversos trabajos de escrituración efectuados en la notaría de Torís Lora, a pedido del FIBBA en la parte final del gobierno de Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017) y que enlazarían con la administración del ex gobernador Ney González Sánchez (2005-2011), en prisión el primero de ellos y el otro prófugo, dentro del llamado Mega Operativo Nuevo Nayarit que impulsa el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero.
En estos casos, la Fiscalía ha insistido que se vendieron grandes extensiones de terreno a un precio mucho menor del que correspondía.
Por otra parte, cabe añadir que, según un comunicado de la Fiscalía, el miércoles 31 de diciembre fue vinculado a proceso el notario público número 39, con oficinas en Bahía de Banderas, Luis Miguel Reyes Lamas, por su probable intervención en los delitos de falsificación de documentos en general, falsificación de certificaciones, delitos relacionados con la certificación, formalización, registro e inscripción de inmuebles, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En este caso, se anunció que la etapa de investigación complementaria será de cuatro meses.
