* Mientras Ministerio Público señala que ex gobernador actuó dolosamente en uso de documento falso, defensa advierte que no hubo tal.
* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)
En el juicio oral contra el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017), no hay tregua.
El viernes 22, superado el debate de que Sandoval lleve las audiencias desde la prisión federal El Rincón con comunicación a través de medios electrónicos, entre otros una pantalla, un juez convertido en Tribunal Unitario de Enjuiciamiento reconstruyó brevemente la teoría del juicio por el delito de falsificación de documentos en la modalidad de uso: que el ex gobernador, a través de un apoderado legal hizo uso de un documento con firmas falsas del señor Rubén Castillo y su esposa Ramona Alejandra Márquez y con el mismo se realizó un trámite ante la notaría 3 en San Blas, lo que le valió para quedarse con 58 hectáreas ubicadas en ese municipio.
De acuerdo con el Tribunal Unitario, se solicitaba la pena máxima de seis años de prisión.
Lo anterior anotado se convirtió en un aspecto crucial de mucho debate, aunque no fácil de entender.
Más adelante, la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) remarcó que el ex gobernador había actuado dolosamente y que se volvió a usar el documento en un juicio de amparo y en el Juzgado Mixto de San Blas. “No ignoraba que era falso”.
Para cuando tomó la palabra la defensa particular, se reclamó que la Fiscalía había hecho una reclasificación, pues anteriormente atribuyó a Sandoval una actuación material directa y ahora se decía que era coautor. En consecuencia, se alegó, el juicio debía suspenderse hasta por 10 días para establecer una estrategia frente a la nueva figura, a lo que se opuso la agencia ministerial, insistiendo que el delito seguía siendo el mismo. “No cambiamos de falsificación a homicidio”, se ironizó.
Al resolver la situación, el Tribunal dio una explicación sobre que aún no tenía ningún testimonio, algo novedoso, o que fuera a dar por acreditado lo dicho por la agencia ministerial, por lo que anunció un receso de 30 minutos para que los defensores prepararan sus alegatos, pero inmediatamente uno de ellos atajó: interpuso un recurso de revocación pretendiendo que el Tribunal Unitario cambiara su resolución, pero éste la declaró improcedente, desechada de plano.
Ya entonces la audiencia de juicio en el Centro Regional de Justicia Penal en Tepic se alargaba, además de que inició después de las 12 del mediodía por problemas de conexión, cuando estaba programada a las nueve de la mañana.
Cerca de las cuatro de la tarde, en sus alegatos de apertura, un defensor insistió que era “irrisorio” el tiempo que se les dio -aunque hayan sido más de 30 minutos-, que el señor Rubén Castillo no fue despojado de sus tierras y que no existía falsificación.
Tras un nuevo receso por problemas en la señal, el Tribunal Unitario marcó una raya para frenar el embate defensivo, a propósito de una expresión de Roberto Sandoval de que no entendía lo del cambio de clasificación del delito y otras cosas. Y es que varias ocasiones, durante recesos, sólo sus defensores se quedaban en la sala para darle explicaciones detalladas en privado.
Fue entonces que el Tribunal advirtió que si los abogados particulares no le comunicaban debidamente al acusado, podría decidir el cambio de estos por un defensor público.
“No hay deficiencia técnica de nuestra parte”, contestó un abogado, solicitando un juicio justo, imparcial, independiente.
Con una sala de audiencias llena, especialmente familiares y amistades del ex gobernador, ya entonces surgía una pregunta: si ahora se le presenta como coautor, ¿a quién más se pretende imputar?
Y un dato más, según fue explicado a este reportero: esta figura de coautor puede dar materia para que se solicite una pena máxima de 10 años, no seis.
Ya avanzada la tarde, el señor Rubén Castillo fue llamado a la sala como testigo.
Mencionó que un sobrino de Roberto, Hugo -Ismael Sánchez Sandoval, ahora fallecido-, fue quien lo contactó alrededor del año 2012 ó 2013 para la renta de su parcela de 58 hectáreas, de las cuales ya tenía unas 25 hectáreas con maíz y las otras listas para la siembra. Todo fue verbal.
Tiempo después recibió un depósito de 700 mil pesos que, entendió, serían parte de un abono por la cosecha del maíz, aunque se le quedaron a deber 300 mil.
Después, según dijo, no se le pagó nada de renta.
Sobre el documento que es el centro del debate, señaló desconocer quién lo firmó.
Incluso, mencionó haber platicado del asunto con Roberto Sandoval, ya ex gobernador, “de frente, como hablamos los hombres”, para que le regresara la parcela, advirtiéndole que presentaría la denuncia.
La intervención del testigo se produjo a preguntas de la agencia ministerial, primero, y de la defensa.
Aceptó que ahora -ya agotado un expediente en el Juzgado Mixto de San Blas- tiene posesión de sus tierras -aunque ha trascendido, aseguradas por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de las investigaciones contra Sandoval-.
De acuerdo con el testigo, de 79 años, no es de las gentes que hacen leña del árbol caído, agregando que este asunto le ha impactado en lo familiar y quiere que, por tranquilidad, ya termine.
Incluso mencionó que con Roberto Sandoval había amistad y se le apoyó en su campaña. “Quiero tranquilidad para mi y mi familia.”
La audiencia del viernes 22 terminó ya avanzada la noche.
