* Ana Lucía Barragán Zepeda, titular del Juzgado Tercero de Distrito concedió una suspensión definitiva para que el secretario General de Gobierno no sea multado, pero lo anterior no frena la investigación por el caso PROSA.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) continuará la investigación al gobierno de Roberto Sandoval Castañeda por el caso del Programa de Seguro Alimentario (PROSA), aunque se haya decidido una suspensión definitiva a favor del secretario General de Gobierno Jorge Armando Gómez Arias para que, de momento, no se le imponga una multa económica.
En resumen, ese es el planteamiento de Ana Lucía Barragán Zepeda, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo Penal, al resolver la audiencia incidental en el amparo número 1378/2017, tramitado por Gómez Arias hace menos de dos semanas.
Tal y como fue detallado la semana pasada en Relatos Nayarit, el secretario General reclamó que el 15 de mayo, dentro de la carpeta de investigación FED/FEPADE/INAI-NAY/0000729/2017, la Fiscalía Especializada solicitó información sobre el Programa de Seguro Alimentario, a lo cual se negó argumentando que el fiscal federal no tiene competencia puesto que se trata de recursos estatales, no de la federación.
Para el 18 de mayo, la FEPADE insistió en el caso PROSA, pero ahora haciendo referencia a otra carpeta de investigación, la FED/FEPADE/UNAI-NAY/0002265/2016, apercibiendo al secretario General que se le impondría una multa si no facilitaba la información requerida.
Según se conoce, en el caso la jueza federal únicamente tomó como referencia la segunda carpeta, por ser la única que motivó el apercibimiento.
Contrario a la creencia de que la audiencia incidental sería cambiada de fecha por posible tardanza en los informes que remitiría la FEPADE, el viernes 26 se celebró y de cuya resolución se precisa que la investigación contra el gobierno estatal recae en una Fiscal Orientadora adscrita a la Unidad de Atención y Determinación Inmediata de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.
Esa autoridad sí aceptó la existencia de la investigación formal.
Según el fallo, se concedió a Gómez Arias, por sí y en su carácter de secretario General de Gobierno del Estado de Nayarit, la suspensión definitiva para que no se haga efectiva la multa equivalente a 300 unidades de Medida y Actualización, que equivaldrían a algo más de 20 mil pesos.
Sin embargo, aclaró la jueza federal, la investigación puede continuar. Y lo explicó de la siguiente manera:
…“sin que dicha concesión implique que la autoridad responsable por la que se concede la suspensión, paralice el procedimiento derivado de la carpeta de investigación a que se alude en la demanda, conforme a sus respectivas atribuciones”.
Como es del dominio público, la FEPADE investiga si el Gobierno del Estado ha utilizado el PROSA con fines electorales para favorecer a candidatos del PRI, por ejemplo con la entrega de despensas y otros artículos, principalmente a familias en pobreza.
Cabe insistir que aún no se efectúa la audiencia constitucional y, por lo tanto, no se conoce la resolución de fondo.
Como ya se indicó líneas anteriores, el argumento central del secretario General de Gobierno es que la FEPADE no tiene facultades para investigar el caso PROSA.
En una de las partes del amparo, Gómez Arias reclamó:
“…la Federación es competente para conocer de un delito en materia electoral en supuestos específicos que, en el caso que nos atañe, no se actualizan (…)
“De la información solicitada con fecha 18 de mayo de 2017, podemos concluir que la autoridad responsable se encuentra investigando hechos relacionados con el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017 para elegir gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores y Diputados Locales, para el periodo comprendido del año 2017 al 2021, mismo que inició el 7 de septiembre de 2016. Luego entonces (…) no se trata de un proceso electoral federal, sino uno del fuero común”.
El hecho de que el Juzgado de Distrito no haya detenido la investigación de la FEPADE podría representar una advertencia al Gobierno del Estado.
(Foto: Gobierno del Estado)
