* Un tardío informe del director General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol motiva que audiencia constitucional sea cambiada para finales de mayo.
El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Penal en Tepic pospuso la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo del ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), Juan López Salazar.
Tal y como ha sido informado por este reportero, López Salazar –cuyo paradero se desconoce desde el nueve de junio del 2016 en que dejó el cargo- citó como responsables de girar la orden de aprehensión o bien para detenerlo, a numerosas autoridades locales como nacionales, entre ellas la dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, con sede en la Ciudad de México.
Es decir, la notificación de los respectivos informes en torno al quejoso se ha retrasado.
Por ello, mediante un acuerdo que se conoció esta semana, se explica:
“…se advierte que mediante proveído de veinticinco de abril del año en curso (foja 133), se puso a la vista de las partes el informe justificado de la autoridad responsable Director de Amparo, en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, con sede en la Ciudad de México, notificación que se realizó el veintiséis de dicho mes y año. Entonces, si este día se encuentra señalada la audiencia constitucional, es inconcuso que no transcurre el plazo de ocho días que se concede legalmente a las partes para que se impongan del aludido informe justificado, pues no ha transcurrido el término. Por tal razón, la audiencia constitucional programada para esta fecha se difiere, y en su lugar se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete”.
Según se conoce, si bien López Salazar obtuvo una suspensión del juez federal al tramitar el amparo, la misma habría quedado sin efecto puesto que no compareció ante el juzgado oral que emitió la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE), mediante el expediente 328/2017, por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones por unos 375 millones de pesos, debido a depósitos que efectuó la UAN durante el año 2015 a dos trabajadores de la propia casa universitaria, en pago por préstamos millonarios cuyo origen no se ha precisado.
López Salazar señaló en su amparo –número 592/2017- que declaraciones públicas del gobernador Roberto Sandoval Castañeda como del entonces fiscal General de Justicia Édgar Veytia –ahora preso en Estados Unidos-, identificándolo como responsable de delitos, violan el principio constitucional de presunción de inocencia y del debido proceso.
