* Es imposible que Sandoval no hubiera conocido las actividades de su fiscal, como ahora insiste en repetir.
Después del miércoles 29 de marzo, cuando el gobernador Roberto Sandoval Castañeda confirmó la detención, ocurrida dos días antes en Estados Unidos, de Édgar Veytia, no le quedó de otra que negar que sabía de los vínculos del fiscal General de Justicia en actividades ilícitas. Decir lo contrario significaría auto incriminarse, ser cómplice.
“…aunque no lo puedan creer, no sabíamos nosotros, yo soy un gobierno local”, justificó el gobernador en una de varias entrevistas con medios nacionales.
Pero si podría entenderse que Sandoval no imaginaba que Estados Unidos investigaba a su fiscal, es imposible creer que no hubiera tenido conocimiento de eventos poco transparentes de aquel, y por lo menos en una ocasión se animó a decírselo.
Ello sucedió días después de la elección de julio del 2014, cuando el candidato del PRI Roy Gómez Olguín perdió la Presidencia Municipal de Tepic frente al panista Polo Domínguez González.
Reunido con un grupo de funcionarios en Casa de Gobierno, Sandoval dijo a Veytia que había policías estatales que cometían atropellos, que golpeaban y robaban a ciudadanos, y que ello había influido en la derrota electoral.
En ese momento, Veytia ofreció al gobernador su renuncia, y le reclamó diciendo que era indebido su comentario porque además se lo decía delante de otros funcionarios, algunos de los cuales, de nivel medio, ni siquiera conocía.
Sandoval no le aceptó la renuncia.
Irónicamente, en mayo del 2014 fue el propio gobernador quien se aventó una declaración que mereció una inmediata reacción, principalmente de líderes del PAN y PRD, y que ahora le rebota. Había dicho, sin presentar pruebas: “hay grupos de delincuentes ya dentro, que están reagrupándose en otros partidos, que no es el oficial, el PRI, que estamos gobernando”.
Si ahora se conoce que Estados Unidos investigó a Veytia desde el año 2013, también resulta imposible que el gobernador no se hubiera enterado de lo sucedido la madrugada del 13 de octubre de ese año, cuando personal de la Secretaría de Marina sostuvo un enfrentamiento con delincuentes, cerca de la laguna de Santa María del Oro, donde se celebró una fiesta que habría sido custodiada por policías estatales. En la refriega resultó herido el cantante Remy Valenzuela.
Varios policías fueron detenidos en esa zona y permanecieron presos hasta febrero del 2014, cuando un Tribunal Unitario ordenó la libertad por una cuestión de formalidad: resolvió una retención ilegal de los agentes, puesto que pasaron muchas horas para que la Marina los pusiera a disposición de un agente del Ministerio Público Federal.
Otro asunto:
En el 2014, el caso del empresario de Jalisco Héctor Cárdenas Curiel –detenido en el verano de ese año- provocó reclamos al gobernador debido al sello que dejaba el fiscal Veytia: Cárdenas había sido aprehendido por un presunto fraude multimillonario y, ya en prisión, se conoció entonces, eran pagadas sumas millonarias para que se le permitiera estar en una casa con su familia o llevado al hospital Puerta de Hierro con cualquier pretexto. Esa situación provocó una reacción del hospital, incluso se conoció un documento de alerta puesto que Cárdenas no tenía padecimiento que ameritara su ingreso al nosocomio.
Y el gobernador hoy no podría decir que lo desconocía, porque ello fue del conocimiento público.
De hecho, la liberación de Cárdenas, oficialmente decidida por el Juzgado Segundo Mixto de Las Varas, en un “puente” de mediados de noviembre del 2014, provocó reclamos directos a Roberto Sandoval.
Pero nadie aceptaba tener responsabilidad en el asunto.
Veytia habría reclamado con crudeza al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pedro Antonio Enríquez Soto, por la resolución del juzgado, aunque todo hacía suponer que quien movió los hilos a favor de Cárdenas era el propio fiscal.
Unos días después, el juez Hugo de la Rosa fue removido de Las Varas y concentrado en Tepic.
Y como suele ocurrir con frecuencia, al asunto se le dio una salida machacando a la parte más débil: sin mediar más que su ley, Veytia ordenó la detención de un agente del Ministerio Público, que fue llevado a celdas de la Fiscalía General y se justificó un delito de desobediencia y resistencia de particulares que firmaron policías estatales. Y después se le giró una orden de aprehensión por delito cometido por servidores públicos.
Esa orden del juzgado de Las Varas es otro ejemplo del papel servil que tuvo el Poder Judicial del Estado frente a los atropellos del fiscal.
Más: el agente ministerial fue liberado semanas después, por orden del mismo Veytia y sin que el juzgado lo supiera, en una grave violación al procedimiento. Días después el expediente fue parchado, oficializándose la liberación.
Y el gobernador tan bien conoce ese asunto, que en un escandaloso cinismo en marzo del 2016 él y Cárdenas Curiel cortaron el listón de inauguración de la carretera La Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita, en el municipio de Bahía de Banderas, a pesar de que el asunto judicial contra Cárdenas no había concluido.
Cárdenas ha significado un punto de referencia que enlaza la corrupción del gobierno de Sandoval y la de su antecesor Ney González –que prácticamente adjudicó la construcción de esa carretera a una empresa de Cárdenas-, al cual, ha documentado este reportero, claramente se le ha protegido.
En septiembre del 2012, al cumplirse el primer año de gobierno, Roberto Sandoval no dudó en citar que Veytia era el mejor funcionario de la administración. Cerca de cinco años después y aquel ahora preso, se le dificulta pronunciar su nombre. Y en una racha en el país de detenciones de uno y otro ex gobernador, parece ser cuestión de tiempo para que Sandoval empiece a explicar con detalle el origen de su riqueza.
Tan sólo este lunes 17, en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tepic, fue presentada una denuncia en contra Roberto Sandoval como presunto responsable del delito de enriquecimiento inexplicable, según indicó el abogado Emiliano Zapata Sandoval Blasco, uno de los firmantes al igual que los perredistas Rodrigo González Barrios, Francisco Javier Castellón Fonseca, Guadalupe Acosta Naranjo, o el panista Polo Domínguez y el poeta Octavio Campa Bonilla.
Campa señaló que el gobernador de Nayarit debe separarse del cargo para ser investigado.
Según Emiliano Zapata, la denuncia se centra en el origen que tendría el rancho del gobernador en Aután, municipio de San Blas, a pesar de que en el año 2000 vivió en Estados Unidos de indocumentado.
Es decir, de dónde salió el dinero para tanto.
