* Por lo menos cuatro abogados que han tenido diversos cargos en dependencias del Gobierno del Estado, se metieron en un lío durante la renta y traspaso y presunto robo de mobiliario de un restaurante y bar, por la avenida Jacarandas.
Un asunto aparentemente menor, pero que no fue resuelto y que ha ido creciendo, motivó que en noviembre del 2016 fuera girada una orden de aprehensión, solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE) contra quien un mes después fue designado secretario General del Congreso del Estado, Carlos Ruvalcaba Quintero, como presunto responsable del delito de robo calificado, en el que igualmente se menciona al abogado Jorge Delgadillo Bueno, quien también ha ocupado cargos jurídicos en dependencias del Gobierno del Estado.
Más: en la maraña también son mencionados, aunque sin orden de captura pero sí en una demanda civil, Raúl Alejandro Sandoval Rodela y Manuel Alfonso García Navarro, titular de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud estatal y funcionario en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), respectivamente.
De acuerdo con diversas fuentes de información, la orden de aprehensión contra Ruvalcaba y Delgadillo está vigente.
La historia que se conoce se refiere a un restaurante y bar ubicado por la calle Jacarandas y que en el año 2013 era conocido como “La 322”, al frente del cual se encontraba la arquitecta Astrid Alaniz Ruiz y, luego como socio, Carlos Oliver Jaime Platt. El inmueble les era rentado por la señora María Luisa López García.
Al lugar se le hicieron diversas adecuaciones y se efectuó una importante compra de muebles, pantallas, una mezcladora de música, artículos de cocina, cristalería, entre otros, para el funcionamiento.
Para el 2014, según una narración ministerial de Alaniz Ruiz consultada por este reportero, se decidió traspasar el negocio a Ruvalcaba y a Delgadillo, pero ello no incluía los diversos objetos de su interior.
Sin embargo, después de los nombres de Carlos y Jorge, aparecen los de Raúl Alejandro y Manuel Alfonso, a quienes aparentemente sus amigos traspasaron el funcionamiento del restaurante.
Aquí cabe añadir que los hechos tomaron dos rumbos: una denuncia en la Fiscalía General del Estado por parte de Astrid y que fue apuntando a Ruvalcaba y a Delgadillo, y una demanda de la señora María Luisa López, que con el número 138/2015 recayó en el Juzgado Segundo Civil y solicitó la rescisión del contrato de arrendamiento firmado con Sandoval Rodela y García Navarro.
Y es que, según reclamó -y para no variar-, los abogados faltaron a una de las cláusulas del contrato puesto que subarrendaron el inmueble a otras personas y sin conocimiento de ella.
De acuerdo con datos recogidos, incluso existieron cortes de luz puesto que el restaurante habría estado “colgado” de un negocio vecino. La deuda por energía eléctrica ascendió en su momento a unos 40 mil pesos.
El expediente civil continuaría siendo litigado en un Tribunal Colegiado.
Por lo tocante al asunto penal, la FGE apuntó la investigación respecto a los diversos objetos de Astrid Alaniz sustraídos del restaurante, y de los que, según determinación ministerial, son presuntos responsables Carlos Ruvalcaba y Jorge Delgadillo y a los que les fue girada orden de aprehensión mediante el sistema tradicional, aparentemente porque la denuncia fue presentada antes de que iniciaran los juicios orales.
En una parte de su narración ministerial y en la demanda civil, la señora María Luisa menciona a un Federico, quien subarrendó el restaurante a Raúl Alejandro y a Manuel Alfonso.
Según la investigación ministerial, se trata de Federico Maldonado Delgado, quien declaró que Manuel Alfonso García le traspasó el restaurante bar y que, junto a sus socios Jorge Arturo Hernández López y Michel Madrigal, entregaron a Manuel Alfonso y a Raúl Sandoval un pagaré por 230 mil pesos, además de 20 mil pesos en efectivo.
“…dicho bar se traspasó con todo lo que había adentro, siendo mobiliario, mesas de madera, siendo siete mesas periqueras con sus bancos, señalando que faltaban bancos, mesas chicas como 8 a 10 mesas, equipo de audio siendo una mezcladora, dos bocinas y un audio, seis o siete pantallas todas de cincuenta pulgadas”…
Y precisamente Federico confirmó que “en el mes de marzo (del 2015) nos cortaron la luz y le hablé por teléfono a Manuel Alfonso para ver qué era lo que estaba pasando y me mando una foto de un ticket de pago y que el contrato ya estaba a mi nombre”…
Sin embargo, añadió que “fue gente de la Comisión –Federal de Electricidad- y nos cortaron la luz de nueva cuenta a que estábamos colgados de la luz, manifestando que al de la voz se me había hecho raro que no llegara ningún recibo de la luz en el tiempo que tuvimos el bar”…
Federico Maldonado y Jorge Arturo Hernández negaron que hubieran sabido que los objetos dentro del bar no eran de Sandoval Rodela y García Navarro.
Así, un asunto que pudo solucionarse hace años por funcionarios de distintas áreas jurídicas del Gobierno del Estado, se dejó crecer como bola de nieve. Y ahora es un lío para todos.
La situación más grave es que el secretario General del Congreso del Estado tiene vigente una orden de aprehensión, girada hace al menos cuatro meses.
** NO se autoriza la transcripción o copiar y pegar las notas de Relatos Nayarit a otros medios de comunicación.
