Llaman a Roy, Gianni, Luis, como testigos por boquete de mil millones en época de Roberto

* Tan sólo una de las operaciones en Nuevo Nayarit fue pactada en 74 millones 646 mil 580 pesos, cuando el valor real se estima en 221 millones 382 mil 422 pesos.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

Entre el 10 y 12 de septiembre pasado, agentes del Ministerio Público recibieron las versiones en calidad de testigos de Roy Argel Gómez Olguín, ex secretario de Planeación; Gianni Raúl Ramírez Ocampo, ex secretario de Obras Públicas; Luis Antonio Apaseo Gordillo, ex secretario de la Contraloría; y Mario Alberto Pacheco Ventura, ex secretario de Administración y Finanzas, todos ellos en diverso tiempo del gobierno de Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017).

También compareció Gerardo Hernán Aguirre Barrón, ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

La cita ministerial fue en el marco de una investigación por ventas de grandes extensiones de terreno a través del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), especialmente en el 2016 en Nuevo Vallarta, ahora Nuevo Nayarit, dado que los citados ex funcionarios firmaron actas como integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso que dio luz verde a las operaciones que, se estima, resultaron ilícitas considerando que se utilizaron precios por debajo del valor real de las tierras frente a playas y por lo que se beneficiaron empresas constituidas fuera del estado.

En lo general, los testigos recordaron que en aquellas reuniones no se les daba información a fondo que mereciera un análisis sobre las propuestas de compra y que la firma de las actas se hacía con posterioridad.

Quien sí debía conocer a detalle los asuntos era el entonces director del FIBBA Carlos Rosales Vega.

En el caso particular de Ramírez Ocampo, hizo manifestaciones en el sentido de que estuvo en Obras Públicas en diferentes momentos, porque atendió otros cargos, más sin embargo reconoció una de sus firmas, añadiendo no recordar detalles sobre las referidas ventas.

Apaseo Gordillo agregó que aquellas reuniones eran rápidas, ejecutivas, desconociendo si hubo una simulación para materializar la venta a bajo precio.

Roy Gómez añadió que se le daba el voto de confianza al director del FIBBA, y recordó que el ex secretario General de Gobierno José Trinidad Espinoza Vargas –“Pepe Espinoza” - también estuvo en alguna sesión del Comité Técnico – aunque a él no se le llamó a entrevista ministerial.

Aguirre Barrón aclaró que él era suplente y que no recordaba detalles porque todo era muy rápido en las reuniones.

Lo anterior anotado se anunció el miércoles nueve de octubre cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó imputación ante un juez de Control en contra del ex secretario del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico, Federico Gutiérrez Villalobos, quien habría estado dispuesto a comparecer como testigo al igual que sus ex compañeros de gabinete, sin embargo la Fiscalía le dio otro trato, con la mala suerte de haber sido el suplente de Roberto Sandoval Castañeda en el citado Comité Técnico.

Gutiérrez acudió a la cita judicial luego de tramitar un juicio de amparo. La defensa particular explicó que éste nunca tuvo un voto de calidad que inclinara una venta, sino que todas las actas se firmaron por unanimidad.

La investigación apunta a que las cuestionadas ventas se dieron a partir de tres actas del Comité Técnico del año 2016, ya en la última parte del gobierno de Sandoval Castañeda.

De acuerdo con la narración de un agente ministerial, tan sólo una de las operaciones en Nuevo Nayarit fue pactada en 74 millones 646 mil 580 pesos, cuando el valor real era de 221 millones 382 mil 422 pesos.

En total, se estima que el daño oscilaría en unos mil millones de pesos en operaciones de venta que beneficiaron a las empresas UP Experience S.A de C.V., Maedit S.A de C.V., Drosotec S.A de C.V., y Zerex APC de México S.A. de C.V.

Una representante jurídica del FIBBA advirtió que el caso muestra el ocultamiento del verdadero dueño de los terrenos, cuya identidad no fue revelada o aún no se conoce, y que hubo una evidente simulación puesto que las empresas no presentaron ningún proyecto de desarrollo en la región, sino que se trata de copias idénticas y que todo se habría fabricado en oficinas del propio Fideicomiso Bahía de Banderas en tiempos de Sandoval Castañeda.

Según fue anunciado, en su testimonio Luis Antonio Apaseo habló sobre la creación en el 2017 de la Ley de Disciplina Financiera, lo que dio luz verde, durante la audiencia de vinculación a proceso del lunes 14, a ventilar la posibilidad de que los recursos que se obtuvieron con la venta de terrenos habrían sido utilizados para pagar compromisos del Gobierno del Estado.

La situación presentada sobre el Comité Técnico es muy similar a lo ocurrido en el gobierno de Ney González Sánchez (2005-2011), quien lleva casi dos años prófugo, puesto que los entonces secretarios señalaron en declaraciones ministeriales que firmaban las actas en fecha posterior a su realización y que desconocían detalles de las operaciones de venta desde el FIBBA.

La diferencia es que en ese caso el ex director del FIBBA Pedro Álvarez Hormaeche se acogió a un criterio de oportunidad para no ser imputado, por lo que aportó información y ahora es testigo de la Fiscalía.

Lo anterior haría deducir que podría procederse contra Carlos Rosales Vega, director del FIBBA durante las operaciones que ahora se investigan, y que todo conduciría al ex gobernador Roberto Sandoval.

Durante la audiencia de este lunes, un juez dictó auto de vinculación a proceso en contra de Gutiérrez Villalobos por su probable intervención en los delitos de ejercicio indebido de funciones, administración fraudulenta y tráfico de influencias, lo que no prejuzga sobre su situación legal. Continuará el proceso en libertad.

La investigación complementaria fue fijada en cuatro meses.