* La Fiscalía General de la República resolverá si ejercita acción penal por delitos de su competencia.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a los casos de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) y de INFONAVIT de miles de juicios ficticios, tendría en común la posibilidad de lavado de dinero.

El lunes reciente, este reportero informó que respecto a la Universidad, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda hace unas semanas ordenó el bloqueo de cuentas y suspensión de operaciones financieras a diversas personas.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, precisó este jueves que se trata de nueve individuos y que ya se interpuso denuncia en la FGR.

Como ya fue adelantado en este espacio, varias de esas personas estarían ligadas a operaciones relacionadas con la Universidad en 2015 y los primeros meses del 2016, por lo cual hay causas penales abiertas con vinculación a proceso; es decir, ello es por lo tocante a la investigación estatal por probables delitos como ejercicio indebido de funciones, peculado y enriquecimiento ilícito, pero ahora, la revelación de Nieto Castillo confirma la investigación federal por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita: cómo entraron y cómo salieron de las cuentas de la Universidad sumas millonarias en la última parte de la Rectoría de Juan López Salazar, contra quien pesa una orden de aprehensión.

Presumiblemente, al menos dos de las personas con cuentas bloqueadas tendrían relación con hechos más recientes.

De igual forma, se conoce otra investigación de la Fiscalía General de la República por el asunto INFONAVIT de miles de juicios ficticios que se produjo en los juzgados de Xalisco, Compostela y dos más de Bahía de Banderas.

Aunque en la competencia estatal varios de los implicados ya fueron condenados al declararse culpables y otros parece que llegarán a juicio oral, falta conocer si la FGR ejercitará acción penal por delitos que le corresponden.

Según se ha documentado, existió una confabulación para simular juicios durante varios años, por lo que INFONAVIT pagó miles de millones de pesos a un despacho de abogados, o por escrituración y avalúo de casas.

Sin embargo, el recurso de la dependencia federal también fue utilizado para sobornar a empleados del Poder Judicial del Estado, creyéndose igualmente que altos funcionarios del Gobierno del Estado de Roberto Sandoval Castañeda sabían de las operaciones.

Ambas investigaciones federales serían por probables operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Hay que añadir que por el caso INFONAVIT también está pendiente, en la FGR, el tema de informes falsos rendidos a jueces federales desde al menos un  juzgado vinculado a los juicios amañados.

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