* La defensa de la ex directora de Tránsito anunció disposición para someterse a un procedimiento abreviado, que significaría aceptar el delito a cambio de la reducción de la condena.

El auto de vinculación a proceso dictado en contra de Santos Román Sánchez Muñoz y Luis Alberto Hernández Hernández, como probables responsables del homicidio del reportero Jesús Alejandro Márquez Jiménez, era esperado.

Tampoco varió la vinculación en contra de la ex directora de Tránsito del Estado Patricia Marisela Betancourt Zepeda, por probable encubrimiento del homicidio, pero lo que sí sorprendió fue su disposición para acelerar las actuaciones y, mediante un procedimiento abreviado, aceptar la responsabilidad por ese delito.

Lo anterior quedó especialmente marcado en la parte final de la audiencia celebrada este martes, cuando se debatió el plazo de investigación complementaria dentro del expediente 28/2019.

La agencia ministerial que representó a la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó un plazo de tres meses, ello, explicó, en razón de que falta por conocer un informe del departamento de policía cibernética, además de que, previa autorización de un Juzgado de Distrito, se obtendrá información contenida en el celular de la víctima, en los celulares de dos de los testigos que entregaron los aparatos voluntariamente, así como en los celulares de los tres imputados y que les fueron asegurados.

Cuestionados por el juez Guillermo Agustín Romero Ríos, los defensores particulares de Santos Román y Luis Alberto aceptaron, por separado, el término anunciado, sin embargo la defensa pública de Betancourt Zepeda la rechazó, apelando a un mes de investigación complementaria.

Según el apunte del joven abogado, que hacía consultas con Pati, sentada a su lado derecho, la estrategia es impulsar un mecanismo de aceleración del asunto, iniciar pláticas con la agencia ministerial y sentar las bases para someterse a un procedimiento abreviado.

Sin embargo, la Fiscalía insistió en el plazo de tres meses, refiriendo la complejidad del caso y de la información que podría obtenerse de los celulares, después de la autorización de un juzgado federal.

En un nuevo turno, la defensa consideró que el mecanismo de aceleración es un derecho que tiene la imputada.

Agotado el debate, el juez Romero Ríos fijó tres meses de cierre de investigación, explicando que ello no impide una salida alterna como se pretende en el caso de Betancourt Zepeda, pues incluso podría decidirse antes de que venza el plazo.

A través del procedimiento abreviado que busca la ex directora de Tránsito, tendría que aceptar que cometió el delito a cambio de la reducción de la condena.

El encubrimiento de homicidio calificado tiene una pena de entre cuatro y 10 años de prisión, mientras que el homicidio de 20 a 50 años.

Al iniciar la audiencia, un reloj en la sala 1 de juicios orales marcaba las 9:43 de la mañana.

De las tres defensas, separadas, ninguna hizo argumentaciones ni ofreció datos a favor de los imputados, lo que facilitó el auto de vinculación decretado.

El juez Romero Ríos reconstruyó lo anunciado por la agencia ministerial el pasado jueves en la audiencia de formulación de imputación, como el hecho de que la tarde del pasado 30 de noviembre, Santos Román Sánchez contactó a Jesús Alejandro Márquez, vía celular, con el pretexto de que necesitaba la impresión de unos anuncios para su negocio: el restaurante Mister Camarón. 

Como ya fue citado en una nota anterior, Sánchez, entonces jefe de Informática en Tránsito del Estado, se hizo acompañar de otros tres empleados de la dependencia, a quienes hizo saber, según el testimonio de dos de ellos, que le sacaría “un susto” al reportero, y que él y su jefa ya habían tomado una decisión.  

La gota que derramó el vaso fue un video publicado horas antes en la página Blog del Narco Nayarita a través del cual se arremete contra Betancourt y Sánchez.

Un aspecto que llama la atención es la actitud de la víctima durante la privación de la libertad, pues según los testigos, a pesar de que no fue sometido con extrema violencia, no fue atado o esposado, habría apelado únicamente a disculparse con Santos Román cuando era trasladado fuera de Tepic en un vehículo tipo Cherokee, y también acató a hincarse, momentos antes de su ejecución en una brecha cerca de San Cayetano, municipio de Tepic.

Los testigos han citado que, cometido el asesinato, Santos Román tuvo la iniciativa de ejecutar a un joven amigo del reportero, pero éste suplicó por su vida. Uno de los testigos menciona que en un momento vio a Luis Alberto Hernández con la pistola.

Como es conocido públicamente, Hernández se quedó con el celular de la víctima y, unos días después, su pareja le colocó un nuevo chip, lo que permitió agilizar la investigación de la Fiscalía General.

Entre otros datos, Guillermo Agustín Romero Ríos estableció que el probable encubrimiento de Betancourt Zepeda se dio al autorizar un periodo vacacional a Santos Román entre el tres y 17 de diciembre, vacaciones que luego amplió del 18 al dos de enero, presentándose hasta el día ocho en que pretendía efectuar la entrega de su oficina.

De igual forma, el juez hizo alusión a la versión de dos policías a quienes Pati Betancourt pidió apoyo para retirar el mencionado video, atribuido al ahora occiso.

El anuncio de la Fiscalía de que, previa autorización de un juzgado federal, serán analizados los celulares de los tres imputados, seguramente revelará si antes o después del homicidio la entonces directora de Tránsito mantuvo comunicación con Santos Román: llamadas, mensajes.

El jueves pasado, durante la audiencia de imputación, se dijo que, tras ocurrir el homicidio, uno de los testigos escuchó decir a Sánchez, vía celular, la frase: “¡jefa, ya estuvo, la veo en el domicilio!”, pero no fue pronunciada por los otros.

Romero Ríos anunció que los imputados tienen  derecho a presentar un recurso en contra del auto de vinculación.

Al finalizar la audiencia, Pati Betancourt y Luis Alberto Hernández solicitaron permiso para entrevistarse unos minutos con familiares.

El reloj ya marcaba las 11:19.

(Pati con el ex secretario General de Gobierno Jorge Aníbal Montenegro, al asumir en el 2018 la dirección de Tránsito)

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