* Si bien el caso muestra que a final de cuentas se consiguió el marcapasos, cabe cuestionar si habría tenido un retraso mayor si no se hubiera buscado la protección de la justicia federal.

 

Entre el 13 de agosto del 2021 y el reciente ocho de enero transcurrieron poco menos de cinco meses de la presentación de un juicio de amparo a favor de la salud de un derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nayarit, y la fecha en que se le instaló un marcapasos en el Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

La citada cirugía se produjo después de numerosos requerimientos del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Civil y Administrativo, que desde el primer momento concedió una suspensión de plano a favor del paciente, para que se le brindara la atención médica requerida.

Incluso, el asunto fue notificado a la División de Amparos en suplencia del director del IMSS con sede en la Ciudad de México.

Si bien el caso muestra que a final de cuentas se consiguió el marcapasos, cabe cuestionar si ello habría tenido un retraso mayor si no se hubiera buscado la protección de la justicia federal; es decir, a este paso se tendría que recurrir a abogados para acelerar la atención médica.

Entre tantos envíos de oficios para diversas instancias del IMSS, y de éstas hacia el Juzgado de Distrito, la autoridad judicial federal ha insistido que impondría multas económicas en caso de incumplimiento de la suspensión de plano del acto reclamado, advirtiendo además que se podría incurrir en algún delito.

Estos amparos por la salud podrían resultar incómodos para las autoridades del ramo, pero es una ruta que están siguiendo derechohabientes, sobre todo con padecimientos delicados o por la carencia de medicina cara.

Llama la atención que a mediados del mes de octubre, el Instituto planteó que el asunto debía terminar por sobreseimiento, dado que el amparista no acudió a una cita en el Centro Médico Nacional de Occidente. Sin embargo, ello no fue aceptado al conocerse que el paciente no había recibido su pase de traslado.

Según la consulta de diversos acuerdos judiciales, durante unas semanas la situación estuvo entre que no se podría instalar el marcapasos, porque no se tenía, o bien la posterior hospitalización en el Centro Médico, en noviembre, para la realización de diversos estudios.

Hacia mediados de diciembre el IMSS informó que sí contaba con el aparato y que el derechohabiente sería valorado unos días después, sin embargo nuevamente se presentó un retraso por la aparente falta de autorización de traslado.

Hubo una nueva cita para el cinco de enero de este año.

Un acuerdo de fecha 13 de enero precisa que, según el autorizado del amparista, el día ocho “le fue instalado mediante procedimiento quirúrgico el marcapasos que requería a efecto de mejorar sus padecimientos que le aquejaban; asimismo, que el día once del mismo mes y año, fue dado de alta del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente (…), encontrándose estable y en proceso de recuperación.”

Se recomendó un descanso de 10 días y continuar su valoración en un hospital del IMSS en Tepic.

El Juzgado de Distrito ha pedido a las autoridades que continúe el seguimiento médico que corresponda.

Todo este proceso de acudir al amparo por cuestiones de salud no es sencillo y muy pocos derechohabientes lo hacen, aunque también es importante señalar que el número ha aumentado en los últimos años.

La evidencia muestra la siempre necesidad de que los gobiernos destinen más presupuesto a la salud, hospitales, medicina, personal médico.

Paradójicamente, mientras resultan incontables las historias de estas carencias en salud, y que en algún momento padecemos todos, el país está por gastar una suma millonaria en el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. La revocación, su idea y necesidad personal, no la del país con tanta pobreza y verdaderas urgencias.

* Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit.