Ya vinculado a proceso, el probable vende plazas trae nuevas sorpresas

* Juzgado de Distrito le concedió amparo por supuesto intento de venta de plaza; denunciante sabía que implicaba un acto de corrupción.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

Irving Omar, probable responsable del delito de abandono de funciones en agravio de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), fue vinculado a proceso con tal carácter, durante una audiencia virtual celebrada a través de medios electrónicos la tarde de este miércoles.

De igual forma, una jueza de Control que conoce el asunto estableció un plazo de cinco meses de investigación complementaria.

Tal y como fue informado por este reportero, la Fiscalía General del Estado (FGE) reclama al imputado que desde septiembre del 2004 cobró en la UAN dos millones 393 mil cuatro pesos pero sin precisarse que funciones tenía, lo que popularmente se conoce como ‘aviador’.

La agencia del Ministerio Público reveló en la audiencia del viernes peticiones de quienes en su momento fueron superiores de Irving Omar, para que fuera dejado a disposición de otra área porque no se presentaba a trabajar.

Por su parte, la defensa particular habría señalado a la jueza que los cambios de adscripción no significan que no trabajara, y de igual forma alegaría por qué entonces la UAN, en tantos años, no lo dio de baja.

Irving Omar permanecerá en prisión preventiva justificada durante el plazo de investigación, en que se pretende recabar declaraciones de más empleados universitarios.

Cabe recordar que en la audiencia inicial, la agencia ministerial señaló que el sujeto enfrenta otra causa penal por el delito de fraude, puesto que recibió 150 mil pesos de una mujer con el argumento de que la ayudaría a ingresar a un proyecto laboral en la casa de estudios; es decir, la venta de una plaza.

Sin embargo, ahora se conoce, sobre lo último el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo Penal le concedió la protección de la justicia federal contra el auto de vinculación a proceso del 11 de octubre, bajo la consideración de que, en todo caso, el imputado no se valió del engaño para quedarse con el dinero.

Se explica en la sentencia:

“…contrario a lo aducido por la jueza natural, no se advierte que el acto de disposición patrimonial se haya generado a raíz de un engaño en la parte ofendida, dado que ésta desde antes que entregara el dinero que le solicitó la parte quejosa, sabía que la promesa que éste le hizo, a saber, ‘conseguir y asegurar un espacio laboral en la Universidad Autónoma de Nayarit, con motivo de un proyecto de próxima creación, en el cual se generarían espacios laborales’, por la forma y medios pactados, implicaba una actividad probable y antijurídica en sí misma y, pese a ello, aceptó el resultado; es decir, entregó la citada cantidad, no obstante que era sabedora de que tal encomienda implicaba obrar fuera del marco de la ley, por lo que se generó, desde el principio, el riesgo de que no se cumpliera.”

La resolución considera que no se debe brindar protección a quien primero entrega dinero y genera un acto de corrupción, y después, ante el incumplimiento de lo pactado, acude a las instancias oficiales:

“...se estima que la supuesta ofendida sabía desde antes de entregar el dinero (…) que existía riesgo de que la promesa que le hizo éste de asegurarle un espacio laboral en la Universidad Autónoma de Nayarit, con motivo de un proyecto nuevo en el que iban a generarse oportunidades de trabajo, de acuerdo a su perfil profesional (…), no se efectuara, en tanto que la actividad que le encomendó era antijurídica en sí, no por el hecho de que se le encargara el trámite para la obtención de lo anterior, sino porque el trámite a realizar implicaba un acto de corrupción.

“Precisa mencionar que en condiciones normales, una persona común sabe que las plazas gubernamentales no pueden enajenarse por ser contrario a la ley; si se decide emplear otros caminos, como acudir ante un sujeto desconocido y entregar dinero, a sabiendas de que el trámite no lo requiere, conoce y acepta las consecuencias de la irregularidad (…), por tanto, no puede estimarse que ha sido objeto de engaño.”

El Juzgado de Distrito aclaró que la parte ofendida podría demandar por la vía civil la devolución del dinero.

Puesto que a Irving Omar se le concedió amparo liso y llano contra la vinculación a proceso, también lo fue respecto a la prisión preventiva, sin embargo no recuperó la libertad por la nueva causa penal de abandono de funciones donde se le impuso prisión justificada.

Irving Omar es licenciado en Contaduría, con una maestría en Ciencias Administrativas. Se encuentra recluido en la penal desde julio pasado, inicialmente aprehendido por un delito de violencia familiar, por el que se declaró culpable.

En la audiencia de imputación, la agencia ministerial señaló que es ‘docente de tiempo completo asociado A’, con un sueldo mensual de 14 mil 775 pesos.