Ya auditan nómina de Universidad: contralor Íñiguez

* “Vamos a hacer compulsas para efecto de ver la asistencia física de los docentes en el salón de clases”, o bien, revisan “situaciones en que estén desempeñando un trabajo simultáneo que incurra en incompatibilidad de horarios”, explica el contralor Salvador Íñiguez Castillo.

 

El Órgano de Control Interno de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) ya realiza una auditoría a la nómina, según precisa el contralor Salvador Íñiguez Castillo.

El funcionario sabe que es una problemática añeja, reclamada por muchos para que la Universidad pague a quien realmente trabaja:

“Estamos revisando toda la nómina para ver qué inconsistencias encontramos. Vamos a hacer compulsas para efecto de ver la asistencia física de los docentes en el salón de clases y vamos a tomar las medidas que establece la normatividad en el caso de que encontremos irregularidades, de no asistencia o de que ocurran situaciones en que estén desempeñando un trabajo simultáneo que incurra en incompatibilidad de horarios. Entonces ahí vamos a tomar las medidas correspondientes”.

Localizado en su oficina del fraccionamiento Castilla, el auditor explica que la revisión sobre la nómina es algo que al rector Jorge Ignacio –“Nacho”- Peña González le interesa especialmente.

“Lo que sucede aquí y también tengo que decirlo claro, la normatividad federal que ha venido dándose en los últimos tiempos tenemos que adecuarla en la Universidad, por ejemplo hay una nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, una Ley de Disciplina Financiera, la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, todo lo que conlleva el sistema nacional y estatal anticorrupción. Todo eso lo tenemos que adecuar”.

De acuerdo con Salvador Íñiguez, si bien son una unidad de reciente creación, “ya está trabajando un grupo de auditores, gente de calidad que está haciendo auditoría al área de Finanzas, a la que corresponde precisamente la nómina de toda la Universidad y también vamos a continuar en algunas unidades académicas. Tendríamos que seleccionar porque el programa de auditoría tiene que seguir un esquema como se hace en todos lados, sean las que tengan mayor importancia financiera, las que tengan denuncias o alguna situación irregular”.

Añadió que el departamento jurídico cuenta con dos áreas independientes, una que se refiere a investigación, que debe realizarse valiéndose de todos los medios hasta fijar medidas de apremio, y un área de sustanciación, que es una especie de juez que determina si la falta administrativa es leve o es grave. Si es leve, la Contraloría Interna sanciona, pero si es grave la tiene que turnar al Tribunal Administrativo para que aplique la sanción.

“Y si resulta una falta penal, la tenemos que turnar al fiscal anticorrupción para que él presente la denuncia correspondiente. Esa es la situación que priva con las contralorías internas”.

De igual forma indicó que en el nuevo modelo “la declaración patrimonial va para todo el personal, o sea, desde el rector hasta el intendente, todos. Pero además hay otra circunstancia: que ya no vamos a guardar las declaraciones patrimoniales y que queden fijas sin ningún movimiento, sino que ahora se va hacer una revisión de la evolución patrimonial de los servidores públicos”, e incluso, se podrían solicitar informes de cuentas bancarias. 

Íñiguez Castillo acepta que lo tocante a la imposición de sanciones podría toparse con un conflicto de interés por la composición, por ejemplo, del Tribunal de Justicia Administrativa, prácticamente heredado por el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda.  

- Algo se tiene que corregir. 

- Exactamente. Pues entonces que el Sistema Estatal Anticorrupción tome medidas como lo ha hecho el Sistema Nacional para efecto de manifestar que hay conflicto de interés y que el Congreso del Estado debe intervenir para corregir esa situación. Por situaciones como esa es que hay una tendencia para que el fiscal anticorrupción igual que el fiscal general lo nombre la ciudadanía. 

“Se necesita que se ponga a gente que garantice, que siga el proceso de reconstrucción de las instituciones del Estado porque no están terminadas, ni la Auditoría Superior de la Federación ni la Auditoría Superior de aquí, es un proceso que va caminando muy lentamente, aunque hay buenos avances. Esta Ley de Responsabilidades ya es muy de avanzada, pero yo no sé qué van hacer los municipios porque hay unos que ni siquiera saben que existen las contralorías internas para tomar determinaciones, porque si no lo hacen bien, todos los asuntos que lleguen al Tribunal Administrativo o del ámbito penal se van a caer por falta de soporte legal”. 

(Salvador Íñiguez. Foto: Oscar Verdín/relatosnayarit)