Tropieza imputación contra Gerardo Liberato Montenegro y “Chico” Contreras

* Juez de Control local se declara incompetente para conocer expediente y plantea remitirlo a un juez de Control Federal.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

La imputación que el viernes seis presentó la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de Gerardo Liberato Montenegro Haro –hijo del ex senador Gerardo Montenegro Ibarra- y José Francisco -“Chico”- Contreras Robles, ha tenido un tropiezo.

Este miércoles por la tarde, un juez de Control del Centro Regional de Justicia Penal en Tepic se declaró incompetente para seguir conociendo la causa penal 1655/2023, a través de la cual se pretendió acreditar los probables delitos de ejercicio indebido de funciones, coalición de servidores públicos y tráfico de influencias, en relación con el cuestionado otorgamiento de plazas desde los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN).

La Fiscalía pretendía demostrar que Contreras, como director de los SEPEN autorizó por lo menos 20 plazas indebidas a finales del gobierno anterior, una de ellas al citado Montenegro Haro.

El asunto es que este miércoles la audiencia fue programada para continuar en su etapa de ampliación de término constitucional en que, se suponía, se decidiría si los imputados eran vinculados a proceso, sin embargo no se llegó a ese momento porque en la parte inicial una abogada particular de Contreras Robles presentó un incidente ante el juez, considerando que en todo caso el asunto no es competencia local.

Por su parte, la agencia ministerial de la Fiscalía y dos abogados de los SEPEN defendieron que el proceso continuara como había sido planteado.

Luego de un receso de más de tres horas, lo que motivó que el juez se disculpara porque había estimado media hora para estudiar el tema, añadió que ello se debía a que quería resolver el incidente de manera lo más fundada posible.

Así, desmenuzó si en el caso la parte agraviada son los SEPEN, como fue imputado, o bien seguiría siendo la Federación, considerando que los recursos económicos provienen del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

Entre las tantas citas mencionadas, el juez hizo alusión a los delitos que fueron imputados y que, precisó, también son considerados en el Código Penal Federal y puede incluir a funcionarios no sólo federales, sino locales, cuando se haga probable mal uso de recursos precisamente federales.

Como ya fue indicado en una nota anterior de este reportero, la Fiscalía estima una afectación a los SEPEN por 10 millones 323 mil 91.38 pesos, de los cuales 522 mil 514.16 pesos fueron pagados a Montenegro Haro a través de la que se considera una plaza indebida.

Uno de los puntos en que el juez hizo mayor énfasis fue la Ley de Coordinación Fiscal que, indicó,  marca que serán autoridades federales las que conocerán los casos en que se denuncien probables malos manejos de recursos de fondos provenientes de la Federación como, a su consideración, sucede en este asunto.

En ese sentido, se declaró incompetente para seguir conociendo el expediente penal y anunció que se giraría oficio a un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal para que califique la incompetencia y decida si acepta el proceso.

De igual forma, precisó que las partes en el juicio pueden presentar algún recurso en contra de lo ahí resuelto.

En el mismo sentido, puesto que con la decisión se desvanecieron las medidas cautelares impuestas el viernes seis, se giró oficio de libertad al director de la penal de Tepic a favor de Contreras Robles por lo tocante únicamente a la causa penal ya indicada. Aquí, cabe indicar que éste ya se encontraba en prisión preventiva derivada de otra causa penal, misma que prevalece, aunque está siendo combatida a través de recursos legales.

Para el caso de Montenegro Haro, como ya había sido informado en este espacio, se presentó a la audiencia de manera voluntaria, por lo que también se levantaron las medidas, como la presentación a firma periódica, de tal forma que se retiró del Centro Regional por su propio pie.

La resolución de incompetencia tiene relevancia porque, como puede advertirse, debilita la investigación en el fuero común respecto a esas plazas otorgadas desde los SEPEN.

Por todo ello se deduce que se presentarán recursos para que un magistrado de Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estudie el fallo del juez de Control.