La jubilación de Luis Manuel Hernández apresa a Ignacio Maldonado; “me siento perseguido”

* Maldonado Tovar fue vinculado a proceso en dos causas penales, por su probable relación con delitos de administración fraudulenta, además de coalición de servidores públicos, y ejercicio indebido de funciones.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

Durante varias horas del jueves 17, y luego este viernes, se celebraron audiencias de término constitucional relacionadas con dos expedientes que se siguen a Ignacio Maldonado Tovar, quien durante 24 años fue director de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).

En el primero de ellos, 1863/2023, un juez de Control lo vinculó a proceso por su probable relación con el delito de administración fraudulenta, mientras en el otro, 1880/2023, un juez diverso le dictó vinculación por los ilícitos de coalición de servidores públicos, y ejercicio indebido de funciones en agravio de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), no por el de tráfico de influencias.

En ambos casos, se decidieron tres meses de plazo de investigación complementaria.

La posibilidad de que Maldonado Tovar recuperara la libertad se disipó este viernes puesto que, como ha sido informado por este reportero, el lunes 14 en la causa penal 1880/2023 se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada; es decir, al ser vinculado a proceso, la medida cautelar se mantiene.

Tal asunto, en el que también es imputado el ex rector de la UAN Jorge Ignacio Peña González, aborda la pensión por jubilación de Luis Manuel Hernández Escobedo, ex secretario del Sindicato de Empleados y Trabajadores (SETUAN), quien desde mediados de enero del 2021 se encuentra en prisión enfrentando dos expedientes, y pendiente de que la Fiscalía General del Estado (FGE) lleve a juicio al menos otro por el probable delito de enriquecimiento ilícito.

Aunque Maldonado Tovar en anteriores audiencias había omitido declarar, éste viernes lo hizo: “¡me siento perseguido políticamente!…”

 

Así, el caso de probable administración fraudulenta aborda la denuncia de una empleada universitaria por la retención de 144 mil pesos, desde la primera quincena de noviembre del 2016 hasta la segunda quincena de junio del 2022, por un crédito de INFONAVIT para la compra de una casa que obtuvo años antes.

Entre los puntos relevantes del fallo se encuentra lo tocante al reclamo de la defensa particular, que insistió que se trata de un asunto ya prescrito en razón de que, recordó, la denunciante Yury Esmeralda Tapia Varela dijo saber de la problemática en agosto del 2018, cuando un despacho le notificó que tenía retrasos de pago con INFONAVIT respecto a su crédito.

Incluso, Yury Esmeralda se entrevistó con Luis Manuel Hernández Escobedo y éste la canalizó a la secretaría de Vivienda del mismo.

Con el debate entre las partes: la agencia ministerial defendiendo la vigencia del delito, y la representación jurídica universitaria cuestionando el destino que se dio al dinero, el juez concluyó que Yury Esmeralda tuvo certeza firme en diciembre del 2022 puesto que, según ha narrado, una vez que recibió los pagos de fin de año solicitó su estado de cuenta para saber detalles de las aportaciones al INFONAVIT, conociendo entonces que, efectivamente, se tenía años sin ser remitido lo que se le descontaba.

De igual forma, el juez le dio valor importante al dato anunciado de que durante la actual administración universitaria –que inició en junio del 2022- sí se ha cumplido con el pago al INFONAVIT desde Recursos Humanos, ahora a cargo de Belén Ramírez de la Torre.

Mientras el juez determinó que hay probable responsabilidad de Maldonado Tovar, con una conducta dolosa puesto que se descontaba a los trabajadores pero no se remitía el recurso al INFONAVIT, la defensa había insistido que la responsabilidad en todo caso correspondía a la dirección de Egresos, o a la dirección de Finanzas o al secretario de Administración y Finanzas de los años citados.

Incluso, el defensor anunció un convenio celebrado entre la UAN y el INFONAVIT el 26 de octubre del 2016, a través del cual la Universidad reconoció adeudos por 72 millones 863 mil pesos, mientras que al 2021 la deuda alcanzó poco más de 792 millones 328 mil pesos.

Durante la audiencia en el Centro Regional de Justicia Penal en Tepic, que transcurrió durante unas cuatro horas, Ignacio Maldonado no hizo mayor pronunciamiento. En el extremo opuesto de la sala se encontraba la trabajadora Yury Esmeralda, que tampoco efectuó comentarios.

Al concluir la audiencia y tras conceder unos minutos para que Maldonado pudiera reunirse con un familiar, el juez exhortó a las partes para que busquen una solución al asunto.

 

Para este viernes, el debate se centró en la jubilación que en diciembre del 2021 obtuvo Luis Manuel Hernández, con 45 años de trabajo reconocidos, aunque con la circunstancia de que la pensión por jubilación la obtuvo estando sometido a dos procesos penales.

Los datos expuestos indican que el tres de febrero del 2021, el responsable jurídico de la UAN dirigió un oficio a Martha Castro Talamantes, entonces secretaria de Administración y Finanzas, poniéndola al tanto de la situación de Hernández Escobedo, por lo que debía transmitirse la información a Recursos Humanos para la correspondiente suspensión temporal del imputado, y darse aviso de manera oficial al SETUAN.

En esta parte, la representación de la Fiscalía General del Estado (FGE) insistió que Maldonado Tovar fue omiso en cumplir con la notificación al sindicato, mientras que la defensa respondió que ello correspondía a la secretaria de Administración y Finanzas.

La representación jurídica de la Universidad resaltó que Ignacio Maldonado conocía que Luis Manuel estaba suspendido como trabajador y aún así tuvo participación, a sabiendas de que podrían darse hechos futuros como el cese.

Asesorado por su defensor, Maldonado Tovar tomó entonces la palabra, advertido por el juez de que guardar silencio no le generaría problemas, pero en cambio sus palabras sí podrían ser usadas en su contra.

Maldonado Tovar consideró que la jubilación de Luis Manuel Hernández cumplió con el protocolo establecido. “No fue un caso especial”, dijo, añadiendo que la dirección de Recursos Humanos no tuvo intervención, sino que la dirección del Fondo de Pensiones cuenta con un titular y también forman parte integrantes del SETUAN y del Sindicato de Personal Académico (SPAUAN).

La agencia ministerial fue especialmente insistente en que, además del rector Peña González, Maldonado firmó el convenio de jubilación de Luis Manuel Hernández, a lo que el imputado matizó que su firma fue asistiendo a la del rector.

Tanto en la audiencia del lunes como este viernes se ventiló una entrevista ministerial hace meses con el ex rector Jorge Ignacio Peña, en la que éste precisó que en una ocasión Hernández Escobedo y su hijo Gengis –cuyo paradero se desconoce- le pidieron mantener como director de Recursos Humanos a Ignacio Maldonado, a lo cual accedió.

“¡Yo jamás lo supe, si Luis Manuel y Gengis hablaron con el rector (…), jamás, jamás…! –respondió Maldonado en una nueva oportunidad.

La agencia ministerial consideró que en la jubilación de Luis Manuel Hernández no hubo el debido procedimiento y, por lo tanto, es ilegal, provocando una afectación a la Universidad por 923 mil 419 pesos, cobrados a través de un familiar del ex secretario del SETUAN.

Aunque habitualmente las partes intervienen en dos oportunidades, esta vez se extendieron con la anuencia del juez.

Maldonado Tovar hizo otra vez uso de la palabra para señalar que él no se ha conducido con falsedad, aunque pudo haber tenido alguna imprecisión en su intervención inicial.

Señaló entonces:

“En ningún momento tuve el más mínimo interés de beneficiar a Luis Manuel Hernández Escobedo”, y en cuanto a que el expediente de Hernández ahora no se encuentra, expresó que es mentira porque desde junio del 2022 en que hizo entrega de Recursos Humanos no ha sido requerido en ese sentido.

“¡Me siento perseguido políticamente!, se ha personalizado y sé que hay otras cosas que van a venir (…), se dio la entrega completa sin ningún faltante.”

Señaló que desde el ocho de junio del año pasado no ha vuelto a poner un pie en las que fueron sus oficinas de trabajo:

“Yo cumplí señores, que tengan éxito, buena suerte”, recordó que dijo a sus compañeros. Incluso, añadió, no ha ido ni por lo tocante a sus trámites de jubilación, sino que se apoya en uno de sus hijos.

“No quiero ir, ni por teléfono (…), no me he acercado, primero por respeto, y ahora por vergüenza (…), no hubo ni el mínimo interés de favorecer a Luis Manuel Hernández Escobedo, no me he acercado al SETUAN (…), me conduje lo más institucional posible…”

Entre los datos presentados por la Fiscalía, a los que el juez dio valor durante el dictado de la vinculación, se precisó una observación de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN) en el sentido de irregularidades en la citada jubilación de Luis Manuel Hernández.

Y como ya fue anotado en el trabajo periodístico anterior, nuevamente se hizo alusión a varios nombres que corresponden a un círculo cercano a Hernández Escobedo y que habrían sido favorecidos con compensaciones indebidas, deduciéndose que formaría parte de otra investigación en que se imputará a Ignacio Maldonado, acorde con lo que él mismo señaló, de que espera más acciones en contra.

En ese sentido, se conoce que Maldonado ha promovido un juicio de amparo contra alguna nueva orden de aprehensión.

Finalmente, durante los tres meses de investigación complementaria seguramente se recabarán nuevas entrevistas respecto a los dos asuntos aquí indicados, por ejemplo de los representantes de ambos sindicatos cuando la jubilación fue abordada por el Fondo de Pensiones; en tanto que, sobre el caso INFONAVIT, se prevé que decenas o cientos de trabajadores en la misma circunstancia que Yury Esmeralda presenten su respectiva denuncia.