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Tribunal Colegiado ordena retirar prisión a notario público Arturo Díaz, por tercera vez

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* Juez de Control acata fallo y le impone una garantía de dos millones de pesos; el notario sigue en prisión debido a un cuarto expediente.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza) 

 

Por tercera ocasión en el último mes, un Tribunal Colegiado ordenó que fuera retirada la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al notario público Arturo Díaz González, quien lleva más de dos meses recluido en la penal de Tepic.

En razón de ello, este sábado se efectuó una audiencia de revisión de medidas en la causa penal 678/2023, en la que un juez de Control resolvió -luego de escuchar a la agencia del Ministerio Público, a la representación del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) y a la defensa particular- fijar una garantía económica de dos millones de pesos a cumplirse en 15 días hábiles, la prohibición de acercarse o comunicarse con testigos, y la suspensión temporal en la función como notario público número 7 con oficinas en Tepic.

El juez estimó que de momento no era viable imponer la medida de resguardo en casa, solicitada por la agencia ministerial, dado que el imputado está en prisión justificada en el expediente 1044/2023, el cuarto que le ha sido abierto por diversos delitos y su probable intervención en la época del gobierno de Ney González Sánchez (2005-2011), quien cuenta con diversas órdenes de captura.

La representación de la Fiscalía General del Estado (FGE) había solicitado una garantía de 15 millones de pesos y para ello anunció los bienes inmuebles que están a nombre del notario y sus vehículos, algunos de ellos antiguos, con lo que pretendía acreditar que cuenta con suficientes recursos y le resultaría fácil sustraerse de la justicia.

Por su parte, la defensa consideró desproporcionado el monto y que en caso de concederse pondría a su cliente en estado de indefensión.

El abogado precisó que se tuvo que recurrir a un juicio de amparo para tener tiempo de cumplir con las garantías impuestas en las primeras dos causas penales, una por 750 mil pesos y la otra de un millón 500 mil pesos, la segunda de las cuales calificó de “irracional” puesto que, dijo, un juez apenas les dio un plazo de tres días a sabiendas de que Arturo Díaz está en prisión. Agregó que en ese sentido se  solicitó una audiencia de control judicial para que un notario público pueda ingresar a la penal a formalizar los trámites, con la firma del imputado, respecto a un inmueble que será dejado en garantía en cuanto a esos dos primeros asuntos.

Durante la audiencia en el Centro Regional de Justicia Penal, el juez dejó a salvo los derechos en cuanto a la solicitud del resguardo en casa y la indicación del FIBBA de que los bienes del notario podrían ser requeridos como parte del daño causado al Fideicomiso en el gobierno de González Sánchez, con la mañosa venta de grandes extensiones de tierra.

Puesto que al notario se le prohibió acercarse o comunicarse con testigos, pidió que se le precisara quiénes son esas personas, ante lo cual la agencia ministerial anunció los nombres de Pedro Álvarez Hormaeche, Federico Brambila Rosas, Laura Monroy Berecochea, Gerardo Gangoiti Ruiz, Emma Guadalupe García González, Héctor Manuel Ibarra Orta, Felipe Prado Hopfner, Víctor Hugo López Pardo y Mirta Espinosa Valencia.

Díaz González comentó que a algunos de ellos los conoce por la función pública que tuvieron, mientras que de otros no sabe de quién se trata.

Como ha sido informado en este espacio, ex altos funcionarios del gobierno de Ney González han sido entrevistados por la Fiscalía puesto que formaron parte de un comité que daba el visto bueno a las ventas de inmuebles desde el FIBBA, pero ahora se conoce que firmaron las actas sin saber detalles de las operaciones.

En la causa penal 678/2023 el notario está vinculado a proceso por los probables delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, de la certificación, formalización, registro e inscripción de inmuebles, y administración fraudulenta.

 

El recurso de queja 308/2023 –que derivó del amparo 360/2023 del Juzgado Primero de Distrito- fue estudiado por el Segundo Tribunal Colegiado en Tepic.

Es el tercero que se concede al notario público –uno por el Primer Tribunal Colegiado y dos por el Segundo Tribunal-, por lo que resulta obvio deducir que el cuarto expediente en contra de Arturo Díaz podría seguir la misma ruta: solicitar al juez de Control el cambio de medidas cautelares porque las condiciones para mantenerla han variado y, en caso de que sea negada, se interpondría un nuevo amparo para pedir a la justicia federal una suspensión provisional que cambie la medida de prisión por la de una garantía económica y la libertad, como ha sucedido en las tres causas iniciales.

La sesión del Segundo Tribunal Colegiado respecto a la citada queja se efectuó el jueves 11.

Entre otros puntos, se precisó lo siguiente:

“…la Corte Interamericana ha sostenido que la restricción a la libertad personal debe ser excepcional, por lo que dicha medida debe ser estrictamente proporcional de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.

“Por ello, la Corte ha afirmado que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria.”

La resolución explica que, contrario a lo argumentado por el juez de Control, sí variaron las condiciones del quejoso, puesto que en las dos primeras causas ya había sido retirada la prisión preventiva justificada.

De igual forma, sostuvo que el artículo 163 de la Ley de Amparo contraviene artículos de la Constitución General de la República y de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

El fallo fue votado de manera unánime por los magistrados del Segundo Tribunal que forma parte del Vigésimo Cuarto Circuito que comprende a Nayarit: Fernando Rochín García, Marcelino Ángel Ramírez y Carlos Alberto Martínez Hernández.

 

 

 

 

 

 

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