En tercer juicio a notario, Gangoiti, Laura Monroy, Ibarra Horta, Hormaeche, cercan a Ney González

* Y faltan por declarar Pablo Montoya de la Rosa, Alonso Villaseñor Anguiano, Edwin Hernández Quintero y Armando García Jiménez, quienes ocuparon diversos cargos en gobierno de Ney.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

El tercer juicio que se sigue al notario público número 7 con oficinas en Tepic Arturo “D”, y cuya audiencia de vinculación a proceso se desarrolló durante la tarde-noche del sábado 25, ilustra detalles de la investigación que se sigue al ex gobernador Ney González Sánchez (2005-2011), actualmente prófugo, en específico múltiples actos que generaron mal uso de inmuebles desde el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) a través de socios o prestanombres.

En los últimos meses, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha recabado declaraciones de quienes fueron altos funcionarios en esa administración, entre otros los ex secretarios de Finanzas Gerardo Gangoiti Ruiz, de la entonces Contraloría Laura Monroy Berecochea, y de la Secretaría de Obras Públicas Héctor Manuel Ibarra Horta, quienes en su momento formaron parte de un comité técnico que debía conocer y autorizar las decisiones que tomaba el FIBBA en cuanto a la venta de terrenos, un negocio en el que, ahora se conoce, Ney habría amasado una fortuna.

A groso modo, de acuerdo con la explicación de un juez de Control, los ex funcionarios habrían coincidido que en ocasiones las reuniones del comité ni siquiera se efectuaban, pero que posteriormente recogía las firmas el entonces director del FIBBA Pedro Álvarez Hormaeche, a quien Ney González hizo magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en diciembre del 2009 y que ahora es un testigo de la Fiscalía.

En este punto, Álvarez Hormaeche ha señalado que Ney le dio indicaciones de que el FIBBA sólo vendería a quien él le dijera y a qué monto. Por ello no sorprendería que durante las actuaciones ministeriales aparezca muchas veces el nombre de Héctor Cárdenas Curiel, citado como uno de los principales socios o prestanombres del ex gobernador.

Pero además, la agencia del Ministerio Público reveló que próximamente llamará para recibir su testimonio a Pablo Montoya de la Rosa –actual diputado-, Alonso Villaseñor Anguiano, Edwin Hernández Quintero y Armando García Jiménez, quienes ocuparon diversos cargos en el gobierno de Ney.

Esto último fue anunciado previo a que el juez de Control autorizara un plazo de tres meses de investigación complementaria en la causa penal 678/2023 que se sigue al notario público.

La audiencia de vinculación en el Centro Regional de Justicia Penal inició a la 1:48 del mediodía con el debate entre la defensa particular y la agencia del Ministerio Público, que había formulado imputación al notario el martes 21.

La resolución del juez se llevó prácticamente la última hora y media en el siguiente orden:

Decidió no vincular respecto al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita porque no se encontraba vigente en los años 2008, 2009 y 2010 en que se produjeron una serie de escrituras en la notaría 7 que son materia de investigación.

A su vez, sí lo vinculó en cuanto al ilícito de asociación delictuosa tomando en cuenta la sociedad notarial que mantuvo Ney con Arturo cuando fue gobernador y el dicho de Álvarez Hormaeche, que dirigía una carta de instrucción al notario para concretar los trámites. El juez habló de una jerarquía con el titular del Poder Ejecutivo a la cabeza.

Respecto a los delitos de ejercicio indebido de funciones, y el de peculado, no se dictó vinculación a proceso.

Y en cuanto a los ilícitos de tráfico de influencias, de certificación, formalización, registro e inscripción de inmuebles, así como administración fraudulenta, sí fue dictado auto de vinculación a proceso. Es aquí donde cobrarían mayor fuerza los testimonios de ex funcionarios respecto a las irregularidades en el mencionado comité técnico.

Uno de los aspectos más debatidos por la defensa –y que probablemente Ney González ataca en los juicios de amparo-, es que se trataría de delitos que ya prescribieron, por el tiempo transcurrido, mientras que la agencia ministerial sostiene que hay vigencia en los mismos.

En los cuatro delitos con vinculación, el juez resolvió que no han prescrito.

En todo momento el notario imputado se reservó el derecho a rendir declaración.

La defensa particular insistió que el notario actuó únicamente en base a las cartas de instrucción que llegaron desde el FIBBA para concretar la escrituración, no porque él lo hubiera pedido. Además, señaló que existen actuaciones de notarios públicos del estado de Jalisco y que no han sido llevados a juicio, e insistió que la última actuación es del año 2010, por lo que serían delitos consumados.

Por el contrario, la agencia ministerial señaló que hay delitos permanentes e hizo referencia a otras dos causas penales abiertas en contra del notario en los últimos días y en las que también fue vinculado.

 

Al iniciar la audiencia se produjo un incidente debido a que una de las defensoras no tenía completo su trámite de registro, por lo que debió pasarse al área del público. La abogada reclamó que en ello no debía atribuírsele una culpa, a lo que el juez explicó que si el sistema no arrojaba el trámite completo, no podía dejarla como defensora.

Además, el abogado que había estado en la formulación de imputación se retiró minutos antes y, cuando regresó e intentó ingresar ya no le fue permitido en base a que no se había anunciado que llegaría con retraso y la audiencia tenía rato de iniciar. Incluso hizo una manifestación desde el área asignada al público, a lo que el juez señaló que no podía tener un diálogo de esa manera.

Por último, un policía estatal procesal le pidió retirarse cuando el abogado sacó de sus ropas un celular, algo que está prohibido al público asistente a las audiencias.

Así, una abogada cargó con el peso de la audiencia.

En varias ocasiones, la defensora utilizó un lenguaje en el sentido de que algunos aspectos de la imputación sólo existían en la cabeza del ministerio público, y en similares términos le fue contestado.

Al volver de uno de los recesos, la representación ministerial reclamó que la abogada que se pasó al público entregó a su compañera una laptop con anotaciones, a través de la cual basaba su argumentación, frente a lo que la litigante respondió que ello había sido, precisamente, en un receso.

Arturo permanece con la medida cautelar de prisión preventiva justificada, recluido en la penal de Tepic.

La vinculación a proceso de este sábado es la tercera en las semanas recientes. Se estima que podría ser imputado en otras causas penales.

La defensa consideró que si Ney y Arturo tuvieron una sociedad cuando el primero fue gobernador, ello no es ilícito, pues está contemplado en la Ley del Notariado.