Desde adentro, los expedientes 2 y 3 sobre ex rector

* Una pensión a favor del líder del SETUAN, y transferencias a la Fundación UAN, son las más recientes audiencias sobre el ex rector Peña González.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

Durante la tarde del miércoles uno se presentó imputación en contra del ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) Jorge Ignacio Peña González, en lo que podría ser llamado el expediente 2: los probables delitos de tráfico de influencias y ejercicio indebido de funciones a propósito de Luis Manuel Hernández Escobedo, el líder natural del Sindicato de Empleados y Trabajadores (SETUAN), preso desde enero del 2021 y quien en diciembre de ese año, ahora se conoce, obtuvo su pensión como trabajador universitario después de 46 años laborados.

Esa situación fue abordada nuevamente este lunes durante una audiencia de término constitucional, en la que un juez de Control resolvió vincular a proceso a Peña González por los citados delitos, aunque en el caso de ejercicio indebido de funciones fue por una de dos figuras que pedía la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mientras tanto, lo que podría citarse como el expediente 3 inició el viernes reciente con la imputación por probable peculado, ejercicio indebido de funciones y tráfico de influencias, en cuanto a diversas transferencias que sumaron 542 mil pesos y que en el 2019 la casa de estudios remitió a la Fundación UAN, presidida entonces por Ángel Alain Aldrete Lamas.

La audiencia de ampliación de término será en próxima fecha.

Las causas penales van marcando una ruta: si hace escaso un mes la aprehensión de Irving Omar -vinculado a proceso por abandono de funciones en agravio de la Universidad- fue el elemento que condujo a la aprehensión del ex rector por el proceso penal 1, los asuntos de éste, a su vez, orientan a personajes que podrían significar mayor peso político en las investigaciones: Luis Manuel y Ángel, ex presidente de la Federación de Estudiantes (FEUAN).

 

Durante la audiencia de este lunes pudo escucharse el reclamo de la agencia ministerial de cómo pudo Hernández Escobedo tramitar la pensión –o jubilación- estando preso.

Aquí el punto central es un convenio firmado el uno de noviembre del 2021 entre el entonces director de Recursos Humanos de la UAN Ignacio Maldonado Tovar y, en ausencia de Luis Manuel, por parte de su esposa, Guadalupe Ulloa -ahora líder del SETUAN- o el abogado Javier de la Barrera. Lo anterior fue un aspecto que no quedó del todo claro y, de hecho, antes de dictar resolución el juez mostró sus apuntes a las partes para que le precisaran quién firmó el convenio.

Llama la atención que Maldonado inicialmente habría formado parte de las investigaciones pero pareciera haberse acogido a beneficios a cambio de cooperar con las mismas.

La defensa del ex rector presentó en la audiencia el testimonio de Sigifredo Esteban Quezada Montero, presidente del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Universidad en los últimos años, cuya Comisión de Vigilancia la conforman siete personas: dos representantes de Rectoría, dos del sindicato de maestros, dos del sindicato administrativo, y el presidente.

Sometido a un intenso interrogatorio tanto por el defensor particular como por la agencia ministerial, la explicación de Quezada Montero es que Recursos Humanos es quien turna al Fondo de Pensiones el expediente del trabajador solicitante, y después se hace un análisis de si se cumplen los requisitos.

El testigo negó que hubiera intervención de la Rectoría o los sindicatos como tales, añadiendo que nunca ha llegado un expediente con un convenio, durante sus años en el Fondo de Pensiones.

Respecto a una entrevista ministerial rendida el 31 de enero en la que se le preguntó si recibió órdenes del rector para pensionar a Luis Manuel, respondió que no.

La defensa del ex rector insistió en que la pensión a Hernández empezó a pagarse en la segunda quincena de diciembre del 2021, tras la decisión del Fondo de Pensiones, no en la primera o segunda de noviembre cuando ya existía el referido convenio y que es la base de la imputación.

Durante la vinculación a proceso, el juez de Control refirió que el probable daño económico a la UAN es de 802 mil 465 pesos, dato que debió ser citado en la audiencia del pasado miércoles.

Por último, se decidió un plazo de tres meses y medio de investigación complementaria.

 

El ex rector continuará en prisión preventiva justificada, recluido en la penal de Tepic.

A diferencia de los primeros días de reclusión, este lunes parecía más relajado. Era notable un reciente corte de cabello, aunque no bajito.

Familiares cercanos estuvieron presentes e, incluso, al concluir la audiencia se autorizó que por unos minutos se reuniera con ellos y pudiera abrazar a su pequeño hijo de cinco años.

La audiencia de ampliación de término del expediente 3, tocante a la Fundación UAN, aún no se efectúa.