* Al negarle suspensión provisional a ex gobernador por aseguramiento de inmueble en Aticama, Juzgado de Distrito determinó que debe privilegiarse el interés social.
* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)
A más de un mes de anunciarse que el ex gobernador Ney González Sánchez cuenta con dos órdenes de aprehensión, continúa recurriendo a la justicia federal en busca de amparo, no sólo por cuanto a los mandamientos de captura, sino respecto a los cateos y aseguramientos de bienes inmuebles.
Precisamente esta semana, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Penal en Tepic dio entrada a un juicio relacionado con uno de los aseguramientos efectuados en noviembre por la Fiscalía General del Estado (FGE) en el municipio de San Blas, concretamente en Aticama, en un lote con una superficie de mil 61 metros cuadrados.
El ex titular del Poder Ejecutivo intentó que el Juzgado de Distrito le concediera una suspensión provisional contra los actos de la Fiscalía y del juez de Control que autorizó la medida, sin embargo, la solicitud fue rechazada porque, se explicó, en el esclarecimiento de los hechos debe privilegiarse el interés social, por encima del interés particular.
Así fue explicado:
“Es improcedente conceder al quejoso la suspensión provisional con los efectos restitutorios provisionales (…) a fin de que el bien inmueble asegurado por las autoridades responsables le sea entregado temporalmente, pues con ese proceder, sin duda, se seguiría un posible perjuicio al interés social, ya que puede interferir en la investigación del o los delitos, al ponerse en riesgo la pérdida de huellas o indicios que pudieran estar relacionados con los hechos investigados; lo que responde a disposiciones de orden público, pues el aseguramiento de bienes, como técnica de investigación, tiene como objetivo garantizar el correcto esclarecimiento de los hechos, por lo que debe privilegiarse el interés social, sobre el interés particular…”
La audiencia para decidir si se concede o niega la suspensión definitiva podría celebrarse la próxima semana, mientras que el estudio de fondo tendría lugar en enero del 2023.
Puesto que la demanda de amparo se refiere a uno de los tantos aseguramientos, se deduce que en los próximos días se sumarán muchos más.
Pero uno de los mayores debates estaría dándose tras el cateo y aseguramiento en la casa y notaría pública del ex gobernador, en la colonia Mololoa en Tepic, pues intentaría frenar la revisión de más de 20 cajas con documentos, memorias usb, equipo de cómputo, discos compactos que, se ha indicado, probarían el espionaje realizado en tiempos que fue gobernador.
(La casa y la notaría. Foto: FGE)
Juez federal precisa en caso Ney: es mayor el interés social que el particular
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