Por qué SÍ y por qué NO vinculaciones a proceso de ex secretario General de Gobierno

* Un juez vinculó a proceso a Antonio “S” por delitos de ejercicio indebido de funciones, y falsificación de documentos; no fue vinculado por tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, y asociación delictuosa.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

El ex secretario General de Gobierno Antonio “S”, fue vinculado a proceso por su probable relación con los delitos de ejercicio indebido de funciones, y falsificación de documentos, en tanto que no se le vinculó por los ilícitos de tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, y asociación delictuosa.

La resolución, que aborda la investigación en torno a 101 permisos de taxis otorgados en la parte final del gobierno de Antonio Echevarría García, fue dictada por un juez de Control durante una audiencia que concluyó pasada la una de la tarde del sábado 12 y que había iniciado unas cuatro horas antes.

El martes ocho este reportero presentó una crónica sobre la primera audiencia, en que la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló información al ex funcionario.

¿Por qué sí y por qué no las vinculaciones a proceso?

Según la explicación detallada del juez de Control,  los datos expuestos por la agencia del Ministerio Público conducen a estimar la probable relación del ex secretario en el delito de ejercicio indebido de funciones, porque con su firma en las concesiones le dio validez a las mismas.

Antonio “S” era secretario General y también presidente de la Comisión Técnica de Movilidad, la instancia que debió emitir un dictamen favorable para los permisos, sin embargo, y aquí surge otro dato crucial, se ha insistido que una supuesta sesión de la Comisión Técnica de fecha 21 de octubre del 2020 en realidad no existió, pero de la misma partirían los 101 permisos.

El juez recordó al imputado que previo a rendir declaración en la audiencia pasada le advirtió que podría darse el caso de ser usada en su contra, ello a propósito de que dijo que sí firmó las concesiones porque era su obligación legal para acompañar la firma del titular del Poder Ejecutivo.

Al resolver la situación jurídica que, se insiste, no prejuzga al imputado, el juez explicó que el secretario General firmó los documentos a sabiendas de las irregularidades, por lo que en todo caso debió advertir al gobernador Echevarría, percibiendo un hecho delictivo de omisión.

Precisó además que no estaba obligado a firmar actos en contra de la ley, y es que, según los datos ministeriales, han aparecido hasta trámites que en realidad no hicieron los beneficiados.

Lo anterior tiene vínculo con el delito de falsificación de documentos por el que también fue vinculado a proceso, en especial lo relacionado con la mañosa acta de octubre del 2020, por lo que el juez consideró que el imputado avaló actos que no acontecieron y que la mencionada sesión no se celebró.

Los delitos de vinculación son en agravio del Gobierno del Estado, Secretaría de Movilidad y la sociedad.

Por el contrario, respecto a los delitos de tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, y asociación delictuosa, el juez de Control resolvió no dictar auto de vinculación a proceso porque no encontró elementos para presumir, hasta esta etapa, que el secretario General de Gobierno haya influido en otros valiéndose de su cargo.

Consideró que firmar o autorizar las concesiones no es un tráfico de influencias, además de que tampoco se ha acreditado que el entonces funcionario se haya coaligado, ¿cómo lo hicieron?, ¿dónde?, se preguntó el funcionario del Poder Judicial del Estado.

En el mismo sentido explicó que no encontraba elementos respecto al delito de asociación delictuosa. ¿Cómo se organizaron?, ¿de qué manera?, ¿cuál banda?, ¿pandilla?

De acuerdo con el juez, no se cierra a que estos delitos no pudieran existir, posiblemente sí, sino que, consideró, no quedaron evidenciados en la imputación.

Los 101 permisos de taxis fueron ubicados en los municipios de Tepic, Compostela y Bahía de Banderas.

Uno de los aspectos en que insistió el juez es que las solicitudes al gobernador para la concesión de los permisos se efectuaron en fechas posteriores a la acta de octubre del 2020, según han declarado los propios beneficiados, lo que resulta imposible que haya ocurrido; es decir, la fecha del acta se intentó acomodar para sacar los permisos indebidos.

En la parte final de la audiencia, la agencia del Ministerio Público y la defensa particular estuvieron de acuerdo en que la etapa de investigación complementaria sea de cuatro meses.

La resolución del juez seguramente será combatida por ambas partes.

Como ya fue informado en este espacio, el ex secretario General se presentó a la audiencia inicial mediante citatorio.

Antonio “S” continuará el juicio en libertad, debiéndose presentar a firmar cada semana o cuando sea requerido.