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Dom, Dic

Arranca juicio contra Antonio “S”, ex secretario General de Gobierno; “¡no tengo nada que ocultar!”

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* Le imputan delitos relacionados con 101 permisos de taxis irregulares; seguirá juicio en libertad con garantía de un millón de pesos.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

Alrededor de las 4:30 de la tarde del lunes siete, una metralla de preguntas caía sobre José Antonio “S”, quien fuera titular de la Secretaría General de Gobierno durante los últimos años de la administración de Antonio Echevarría García.

Y es que, contrario a lo que la inmensa mayoría de  abogados sugieren a sus defendidos de reservarse el derecho de declarar, José Antonio aceptó rendir declaración después de que una agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) le formuló imputación por los probables delitos de ejercicio indebido de funciones, falsificación de documentos en general, tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, y asociación delictuosa, en relación a 101 permisos de taxis concedidos a finales del gobierno anterior, con presuntas irregularidades, hecho que mantiene en prisión preventiva justificada y vinculado a proceso al ex secretario de Movilidad Luis Alonso “T”, según el seguimiento que este reportero ha dado al asunto.

El juez de Control que dirigió la audiencia de imputación explicó a José Antonio, más conocido como Antonio, que si se reservaba el derecho de declarar su silencio no sería usado en contra, pero si declaraba sí podría haber partes de su versión que puedan utilizarse contra él mismo.

- ¡No tengo nada que ocultar! –exclamó al ponerse de pie desde el escritorio de los imputados y caminar hasta el área destinada a ofrecer declaraciones. A su costado derecho se encontraban cuatro agentes ministeriales –un hombre y tres mujeres- y una asesora de víctimas.

Antonio, que compareció a la audiencia previo citatorio, ya había escuchado la imputación, que es una narración sintetizada de los hechos investigados, y se le notaba molesto.

El choque fue inmediato: se había dicho que la declaración sería de manera espontánea pero él llevaba unas hojas en una carpeta. Una agente ministerial pidió que le fueran retiradas:

- ¡Usted también leyó!, ¿qué diferencia hay entre usted y yo? –la confrontó.

A indicación del juez, una joven asistente de sala recogió la carpeta para que se cumpliera la declaración espontánea.

A decir del ex alto funcionario, se le pretendería atribuir una omisión pero, agregó, los delitos son de acción, no de omisión.

También explicó que la cabeza del Poder Ejecutivo es el titular exclusivo de los permisos que conciernen al transporte público, por lo que su firma no fue para otorgar permisos, sino cumpliendo una obligación legal, pues su firma debía acompañar la del gobernador, dando fe, igual como sucedió, por ejemplo, cuando se expidieron leyes y reglamentos.  

Durante la intervención ministerial, se advirtió una estrategia para ir acorralando al imputado con interrogantes simples, y añadiendo una pequeña pregunta final: “¿cierto?”, o “¿es correcto?”

Por ejemplo, se le cuestionó si al asumir la Secretaría General protestó cumplir con la Constitución: “¿cierto?”

¿Y también las leyes que de ella emanen?: “¿cierto?”

Se trataba de preguntas con respuestas obvias que buscaban cercar al ex funcionario en cuanto a que el asunto de los permisos de taxis los conoció desde antes, pues también fue presidente de la Comisión Técnica de Movilidad –antes Comisión Técnica de Transporte.

Luego hubo una afirmación ministerial de que siendo abogado, ahora notario público, conocedor del derecho, supuestamente no haya advertido las irregularidades en esos 101 permisos que, insistía, él firmó.

Más adelante se presentó un hecho que demuestra porque, para muchos, es preferible reservarse el derecho de declarar. Y es que, en su defensa, el ex secretario General insistió que tan no tuvo qué ver con esos permisos que no conocía a ninguna de las personas beneficiadas…aunque luego corrigió:

- Sólo a uno conozco. A Julio Mondragón Peña –ex diputado local por el PRI.

Ése dato generó que la agencia ministerial le preguntara que si siendo el funcionario número dos del Gobierno del Estado, acaso no conocía a Juan Melesio González Chávez, quien fue secretario de Desarrollo Sustentable y que aparece con dos permisos de taxis otorgados en Bahía de Banderas.

El imputado tuvo que reconocer que sí lo conoce.

Cuanto más pudo, el también ex director de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN) insistió que su firma en los documentos correspondió a una obligación para dar fe y verificar la firma del gobernador:

- ¡Usted quiere que yo acepte! (...) No soy responsable (…) Sólo firmé por mandato constitucional –reprochó cuando el cúmulo de preguntas no cesaban.

Visiblemente enfadado, hubo un momento en que agregó con ironía:

- ¡Sí, sí, sí, si usted lo quiere poner así!

En la sala, fría, en medio de la discusión podía oírse el aire acondicionado.

Un policía estatal procesal siguió a Antonio cuando rindió declaración, se mantuvo de pie a su espalda, y regresó junto a él cuando se acomodó nuevamente al lado de su defensor. Otro policía, o a veces dos, permanecieron en la puerta de la sala donde se desarrolló la audiencia en el Centro Regional de Justicia Penal en Tepic.

 

La imputación, que no prejuzga la situación del ex funcionario, reconstruyó, ahora en la etapa de solicitud para vinculación a proceso, entrevistas realizadas a personajes como Jorge Vallarta Trejo, Adolfo Donjuan Michel, David Rivera Bernal, Juan Melesio González Chávez, José David Guerrero Castellón, Jorge Benito Rodríguez Martínez, Benito Luciano Solís Ortega, y Raúl Alamillo Gutiérrez, mismas que, de hecho, fueron anunciadas en la causa penal que se sigue al ex secretario de Movilidad Luis Alonso.

La investigación pretende establecer lo sucedido desde la Comisión Técnica de Movilidad y en la Consejería Jurídica del Ejecutivo con esos 101 permisos.

Un dato novedoso revelado este lunes es la entrevista a Miguel Arnoldo “M”, ex funcionario de Movilidad y a quien hace unos meses se le formuló imputación. Miguel habría citado que recibió indicaciones para sacar adelante las autorizaciones, aun cuando no se cumpliera con los requisitos. Uno de ellos es que muchos de esos carros son de modelo atrasado.

 

La audiencia terminó avanzada la noche.

Antonio seguirá la causa penal en libertad. El juez de Control le fijó la obligación de presentarse a firmar cada semana ante la Unidad de Medidas Cautelares, así como cumplir en 10 días una garantía económica de un millón de pesos, la prohibición de salir del estado y del país, además de no acercarse a la Secretaría General de Gobierno y a la de Movilidad, ni comunicarse con testigos.

La audiencia para decidir si es vinculado a proceso se decidirá en próxima fecha.

Cuando hace poco más de medio año inició este juicio con la aprehensión de Luis Alonso, trascendió que el asunto también apuntaba al ex secretario General de Gobierno, como ya ocurrió, y que igualmente se tenía en la mira a Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, su antecesor en la Secretaría General de Gobierno.

 

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