* Se explica que “la única forma de conducir al imputado al proceso, es mediante una orden de aprehensión y no así por una forma diversa.”
* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)
El Juzgado Primero de Distrito de Amparo Penal en Tepic negó la protección de la justicia federal a Roberto Gerardo “N”, quien fuera secretario particular del ex gobernador Antonio Echevarría García, por la orden de aprehensión que le fue girada por delitos derivados de 82 permisos para la venta de bebidas alcohólicas en la parte final de la administración anterior.
La orden de captura girada por un juez de Control en Tepic, a pedido de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, se emitió el pasado 10 de febrero por la probabilidad de que el imputado haya intervenido en los delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, falsificación de documentos en general y usurpación de identidad equiparada.
La resolución del juicio de garantías 360/2022 se ha conocido esta semana; la misma precisa que la Fiscalía le atribuye un grado de participación dolosa, como coautor material. Era como el cerebro de la trama, según se deduce de audiencias de imputación ya efectuadas a otras personas.
De acuerdo con información proporcionada hace unos meses al Juzgado de Distrito, el daño a la Secretaría de Administración y Finanzas se estimó entonces en un millón 672 mil 670.03 pesos.
Según el fallo, contrario a lo señalado por el quejoso, sí se cumplieron los requisitos legales para el dictado de la orden de aprehensión, de manera fundada y motivada.
Se “justifica que la única forma de conducir al imputado –aquí quejoso- al proceso, es mediante una orden de aprehensión y no así por una forma diversa”, se explica.
Al solicitar la protección de la justicia, el amparista aseguró que no ha cometido delito alguno contra la sociedad, autoridad o persona alguna, y que es gente pacífica, honesta y trabajadora.
Por el contrario, un juez de Control hizo hincapié en el peligro de fuga, la pena que pudiera imponerse, el cuantioso daño al erario público y el riesgo para testigos, a uno de los cuales incluso se le dictaron medidas de protección.
El paradero de Roberto Gerardo se desconoce desde la conclusión del gobierno pasado e iniciarse la investigación por los mañosos permisos de alcoholes, 52 de los cuales fueron emitidos a nombre de una persona, cercana a él.
Niegan amparo a Roberto Gerardo por tráfico de permisos de alcoholes
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