Confirman prisión justificada a ex gobernador por tema FIRCAES

* “…la medida cautelar de prisión preventiva impuesta cumple con los requisitos Constitucionales y de derechos humanos”, explica la sentencia.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

El Juzgado Primero de Distrito de Amparo Penal en Tepic negó la protección de la justicia federal al ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, respecto a la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta en la causa penal que se le sigue por el tema del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES), en la que está vinculado a proceso por el probable delito de ejercicio indebido de funciones.

En el juicio 535/2021 únicamente es estudiada la prisión preventiva dictada por un juez de Control el ocho de junio del 2021.

Hace poco menos de un mes, este reportero informó que un Tribunal Colegiado ordenó reponer el asunto porque el imputado, dado que está en prisión, recluido en la cárcel federal El Rincón, debía ser notificado de manera personal de todas las actuaciones.

Cabe recordar que en el caso FIRCAES la prisión preventiva fue dictada cuando aún no se decidía el auto de vinculación a proceso por un delito federal: el de probables operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 200 millones de pesos, pero en el que también se dictó la prisión justificada.

De acuerdo con la resolución del Juzgado de Distrito conocida esta semana, no es cierto “que la medida atente contra el principio de presunción de inocencia, ya que no es factible considerarlo como un adelanto de una pena, ya que la finalidad de esa medida es salvaguardar la presencia de los imputados en el proceso y evitar se presenten obstáculos en el mismo.”

Y más adelante añadió:

“…el juez responsable llegó a la conclusión de que el imputado no comprobó el arraigo en esta ciudad donde se lleva su proceso, que está siendo procesado (…) por delito del orden federal, que es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita y que el monto que se le atribuye supera los doscientos millones de pesos, el término medio aritmético de la pena que pudiera imponerse, que le resultaría de siete años de prisión y que permaneció oculto a sabiendas que tenía libradas órdenes de aprehensión en su contra…”

A través de su defensa particular, el ex gobernador consideró que la medida impuesta era violatoria de la presunción de inocencia y debido proceso, sin embargo, se explica ahora, el imputado ya estaba siendo procesado por medio de un expediente del fuero federal, donde ya se había llevado a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación.

“…la medida cautelar de prisión preventiva impuesta cumple con los requisitos Constitucionales y de derechos humanos”, insiste la sentencia que no ampara ni protege.

Los cuatro asuntos de prisión preventiva justificada y de vinculación a proceso que atañen al ex gobernador han sido combatidos uno a uno.

De hecho, la semana pasada se informó en este espacio que el dictado de la prisión justificada por un probable delito electoral fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).