Ex de Economía vinculado por ejercicio indebido; salva peculado y tráfico de influencias

* Ernesto “N” estaba obligado a informar a gobernador que empresa de la que fue socio mayoritario, recibiría recursos federales.

 

Cuando la empresa Termodinámica Industrial del Nayar S.A de C.V (TINSA) resultó beneficiada con seis millones de pesos después de participar en una convocatoria de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, Ernesto “N” “N”, quien a nivel estatal fue titular de la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico, ahora Secretaría de Economía, estaba legalmente obligado a informar esa situación a su superior jerárquico el entonces gobernador Antonio Echevarría García, dado que él, Ernesto, entre mayo de 1984 y abril del 2017 había sido socio mayoritario y administrador único de la citada TINSA.

Lo anterior fue explicado la tarde-noche de este miércoles por una jueza de Control en el Centro Regional de Justicia Penal en Tepic, al resolver en audiencia pública la vinculación a proceso de Ernesto por el delito de ejercicio indebido de funciones.

De acuerdo con la explicación de la funcionaria judicial, a ella no le compete analizar si era viable o no la participación de Termodinámica Industrial en la convocatoria, porque ello es una cuestión administrativa.

La vinculación por ejercicio indebido de funciones se fortaleció con el dicho de José Ernesto Vargas Alcaraz, testigo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE), el cual narró haber advertido al entonces secretario que podría incurrir en un conflicto de interés, ante lo cual Ernesto le pidió sustraer del expediente el acta constitutiva donde consta el vínculo de origen con la empresa.

Según Vargas, acató la orden por temor a ser despedido. Y luego continuó con los trámites correspondientes.

En cuanto al delito de peculado por el que también se formuló imputación, se resolvió la no vinculación a proceso, considerando que los datos vertidos no han sido suficientes para presumir que los recursos fueron desviados de su objeto.

Es decir, TINSA accedió a los seis millones de pesos desde el Fondo Nacional Emprendedor de la Secretaría de Economía Federal por el proyecto denominado “Fabricación de equipos agrícolas de mínima labranza a bajo costo con tecnología mexicana”, sin embargo, explicó la jueza, no se han presentado datos que acrediten que el dinero no fue invertido en el mismo o que esos millones se encontraran en la Secretaría de Economía estatal y que el imputado los hubiera desviado a otra cosa. Por el contrario, añadió, el intermediario entre la instancia federal y TINSA y otras empresas beneficiadas fue el Fondo de Fomento Industrial del Estado de Nayarit (FONAY).

Lo anterior cobró relevancia cuando, igualmente, se anunció que el imputado no sería vinculado a proceso por el delito de tráfico de influencias.

En esta parte, la autoridad judicial consideró que no advertía que si Ernesto “N” giró oficios al ahora testigo Marco Antonio Cambero Gómez, ex director del FONAY, los mismos significaran algún tipo de presión, sino más bien serían parte de una coordinación entre la Secretaría de Economía y el Fondo de Fomento Industrial, lo que permitía dispersar los recursos, pues de otra forma se regresarían al Gobierno Federal.

La jueza recordó que el de TINSA no era el único proyecto autorizado, sino que había más.

Y si Marco Antonio Cambero se sintió presionado por Ernesto, según declaró, debido a constantes llamadas de teléfono, se advirtió que ello no quedó del todo claro con los datos expuestos.

Así, entre poco después de las 11 de la mañana y hasta pasadas las ocho de la noche, se resolvió la vinculación a proceso por ejercicio indebido de funciones, y la no vinculación por peculado y tráfico de influencias.

Según la información ministerial, una empleada de Ernesto, de apellido Michel, es quien recibió las acciones de aquel en la citada empresa.

La resolución no está firme y podrá ser combatida por las partes.

A la audiencia en la sala 4 también asistieron dos abogadas de la Secretaría de Economía.

En su oportunidad, la jueza determinó que sí es competente para conocer el asunto, ello en respuesta a que la defensa particular consideró lo contrario, en razón del origen federal de los recursos.

Ernesto se ha reservado el derecho de rendir declaración sobre los cargos que pesan en su contra. Seguirá el juicio en libertad. Asistió a la audiencia en cumplimiento a las medidas cautelares que le fueron impuestas, como presentarse a una firma quincenal, no acercarse a testigos y garantizar un millón de pesos.

Una vez anunciada la resolución, se acordaron cuatro meses de investigación complementaria.

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