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Ex delegado de Economía describe manoseo de ex gobernador Roberto Sandoval de recursos públicos

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* Héctor Manuel Montero denuncia falsificación de firma, por el caso FONAY de 50 millones que reclama el Gobierno Federal.

 

Héctor Manuel Montero Rodríguez, quien fuera delegado en Nayarit de la Secretaría de Economía, fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones respecto al caso FONAY, donde hace años ocupó la dirección.

La causa penal 1301/2019 contabiliza un daño al erario público por más de 79 millones de pesos, con el ingrediente de que Montero mencionó la participación activa de un infaltable en tramas de corrupción: el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda.

Añadió que ha sido víctima de un delito de falsificación de firma puesto que en el año 2016, siendo delegado de Economía, se le pidió que firmara documentos con fecha atrasada, a lo que se negó, pero ahora resulta que aparecen como si los hubiera firmado.

Se trata de una nueva ruta de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Montero compareció este miércoles a una audiencia de formulación de imputación, lo que le valió para que, una vez dictada la vinculación por ejercicio indebido de funciones como probable coautor, se le impusieran medidas cautelares de presentarse a firma cada 15 días y una garantía económica de 100 mil pesos; seguirá el juicio en libertad.

Aunque la agencia ministerial de la FGE incluyó el delito de peculado, la jueza de control Sandra Sánchez Covarrubias explicó que, de vincularlo por éste, sería como juzgarlo dos veces por los mismos hechos.

 

Montero Rodríguez es el sexto ex funcionario con vinculación a proceso por el caso del Fondo de Fomento Industrial del Estado de Nayarit (FONAY), donde fue director a principios del gobierno de Sandoval Castañeda.

Como ya se ha documentado, el lío es grande: aún transcurría el gobierno de Ney González Sánchez cuando el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, aportó 50 millones de pesos para el apoyo de empresas, sin embargo el convenio se vino abajo porque el Gobierno del Estado incumplió con la parte que debía proporcionar. Por ello fue demandado ante un Juzgado de Distrito en la Ciudad de México y condenado a la devolución de esos 50 millones. El daño, a la fecha, sumaría casi 80 millones.

Sin embargo, resulta que no sólo no fue regresado el dinero, sino que hubo mal uso del mismo en las administraciones de Ney González y Roberto Sandoval.

En lo tocante al paso de Montero Rodríguez por FONAY, esta semana rindió una declaración ministerial e, incluso, hizo uso de la voz durante la audiencia judicial.

De las mismas se destaca, por ejemplo, que en septiembre del 2012, el entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Alonso Villaseñor Anguiano, le pidió que realizara una transferencia por 10 millones de pesos a Nueva Agronomía de Nayarit, una de las empresas acreditadas, a lo que Montero advirtió que el recurso que se utilizaría provenía de las mismas empresas beneficiadas –la otra fue Agroindustrias Villa de Compostela-; es decir, abonados del crédito, pero ahora se le regresaría como subsidio.

Según el imputado, Villaseñor –vinculado a proceso hace meses- le respondió que se trataba de una orden de Roberto Sandoval.

Meses más adelante, ahora con José Luis Naya González al frente de la SEDECO, fueron citados por el gobernador en Casa de Gobierno, en la colonia San Juan. Allí instruyó a Naya para crear un programa que beneficiara a pequeños comercios que no tuvieran acceso a créditos bancarios.

Según la narración ofrecida, dado que no se tenían recursos, esperaban que la Secretaría de Finanzas les transfiriera unos cinco millones de pesos para el inicio, sin embargo, unos días después, Sandoval Castañeda ordenó que se utilizara un abono del crédito, efectuado por Nueva Agronomía de Nayarit, para lanzar el programa Fondos Unidos.

A Roberto Sandoval poco le importó la demanda del Gobierno Federal, exigiendo la devolución de los 50 millones de pesos.

Héctor Manuel Montero se dijo proclive a apoyar a los grupos vulnerables. Así, la orden del gobernador fue acatada.

La versión del ex director del FONAY ahora resulta clave para vislumbrar el manoseo que hubo de los recursos aportados vía la Secretaría de Economía.

 

Pero falta mucho más. Se anunció un plazo de seis meses de investigación complementaria. Se pretende establecer si hay más ex funcionarios involucrados y si la administración de Sandoval utilizó parte de esos recursos con fines políticos a través del Programa de Seguro Alimentario (PROSA).

La revelación de Montero Rodríguez de falsificación de su firma ha motivado una investigación por separado. Al parecer no es el único que denuncia esa situación.

Sánchez Covarrubias consideró suficiente la información para el dictado de la vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones.

En la parte final de la audiencia, la jueza de control habló de la importancia de que el manejo de los recursos públicos sea con transparencia y honradez, pronunciándose además en el sentido de que los funcionarios no acaten instrucciones sin sentido de sus superiores, sino apegadas a la ley.

* Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza. 

 

 

 

 

 

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