Jueza ratifica desvíos en FONAY; por un oficio vinculan a Federico Gutiérrez, ex secretario del Trabajo

* Según la explicación de la autoridad judicial, los recursos del Fondo tuvieron una aplicación distinta para los que debían destinarse; ¡hay otro imputado, aún prófugo!

 

Durante casi cuatro horas, aunque con un receso de 55 minutos, se analizó la situación del ex titular de la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico, Federico Gutiérrez Villalobos, así como la de Salvador Corona Hernández, quien entre octubre de 1999 y septiembre del 2011 fue coordinador de crédito en el Fondo de Fomento Industrial del Estado de Nayarit (FONAY).

Así como sucedió el viernes 22, cuando se vinculó a proceso a los diversos imputados Alejandro Hernández Grimm y Lázaro Valerio Esquinca, de igual forma, este domingo, la jueza de control Sandra Sánchez Covarrubias dictó auto de vinculación por la probable responsabilidad de Gutiérrez y Corona en los delitos de ejercicio indebido de funciones, y peculado.

De acuerdo con el fallo de Sánchez Covarrubias, un oficio del dos de diciembre del 2016, dirigido por el entonces secretario del Trabajo al director del FONAY, Lázaro Valerio, “indujo” a éste para que fueran transferidos 10 millones 947 mil 500 pesos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, utilizados durante la construcción del mercado de Ixtlán del Río.

Así, según la explicación de la autoridad judicial, los recursos del Fondo tuvieron una aplicación distinta para los que debían destinarse.

En el caso del señor Salvador Corona, asesorado por la defensa pública, rindió declaración sobre los hechos. De voz grave y clara, precisó que como coordinador de crédito su función era emitir opinión de proyectos de quienes solicitaban créditos, si estos eran o no viables, pero sin facultades para autorizar o rechazar los mismos, como tampoco el manejo de recursos públicos.

Según los datos aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE), la firma de Corona aparece en diversos documentos, validando la liberación de créditos para las empresas Agroindustrias Villas Santiago (20 millones) y Nueva Agronomía de Nayarit (30 millones), así como otros 10 millones de subsidio para la primera.

Durante su declaración, el imputado dejó entrever, en referencia a la firma del 30 de diciembre del 2009, que desencadenó dos créditos por 50 millones, que ya se retiraba de las oficinas cuando se le pidió esperar, luego le mostraron documentos para que firmara dando el visto bueno, más “no de autorización (…), yo firmé de visto bueno ese formato. Nunca entendí por qué ese visto bueno”. Además, agregó que nunca señaló que se realizara la transferencia.

En ese tiempo, el director del FONAY era el ya vinculado a proceso Alejandro Hernández Grimm.

A juicio de Sandra Sánchez Covarrubias, es claro que se desviaron recursos públicos, dándoseles una aplicación distinta, además de que tampoco se contó con la autorización del comité de evaluación, como lo sostuvo la representación ministerial de la Fiscalía. Y es que, se ha dicho, no existe o no se ha encontrado el acta de sesión que debió autorizar esos créditos.

Cabe indicar que en el 2009 se estaba en el gobierno de Ney González Sánchez y a esa época corresponden Alejandro Hernández y Salvador Corona, mientras que el escenario donde aparecen Federico Gutiérrez y Lázaro Valerio se ubica en el 2016, en la administración de Roberto Sandoval Castañeda, lo que vuelve complejo el entendimiento del asunto.

Para la jueza de control, aun cuando son diversas las fechas, se materializa una aplicación distinta de los recursos del Fondo.

Y tal y como lo citó en la audiencia pasada, ahora insistió que sí tiene competencia para conocer el caso, ante la observación del defensor del ex secretario del Trabajo de que el asunto debía llevarse en un Juzgado de Distrito.

La jueza precisó que el auto de vinculación a proceso contra Gutiérrez Villalobos y Corona Hernández, es como probables partícipes en los hechos que se investigan en agravio del FONAY y la sociedad, más no como coautores, puesto que no tenían el manejo de los recursos de esa dependencia.

Añadió que la resolución puede ser combatida mediante un recurso de apelación.

Un aspecto a señalar es que cada defensor vela por los intereses de su cliente, y ello quedó demostrado cuando la defensa de Federico Villalobos varias veces remarcó que éste no tenía facultades para el manejo de los recursos del FONAY, sino su director – Lázaro Valerio Esquinca-, quien, dijo, no estaba obligado a acatar la petición para transferir los casi 11 millones destinados al mercado de Ixtlán del Río.

Anteayer, la defensa de Valerio insistió que el único dato que lo vincula es el oficio del ex secretario del Trabajo.

Y en cuanto a Hernández Grimm, con quien inició este problema, uno de los puntos que más atacó su defensor es que, en su caso, la acción penal ya finalizó. Fue director del FONAY del 19 de noviembre del 2007 al primero de febrero del 2011.

La denuncia que generó el expediente 1430/2018 fue interpuesta a principios del 2018 por Mauricio Javier Vallarta Porras, cuando en todo caso debió formularse desde el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda.

Como ya se explicó en una nota anterior, el Gobierno del Estado está obligado a regresar 50 millones de pesos que en el 2009 aportó el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía, puesto que ya concluyó un juicio celebrado en el Juzgado Primero de Distrito de Amparo Civil en la Ciudad de México, mediante el expediente 802/2012.

Hasta el momento, la Fiscalía General reclama un probable daño al erario público de más de 79 millones de pesos, entre los que se encuentran los 25 que en su momento aportó el Gobierno del Estado.

Un dato igualmente revelado es que existe una orden de aprehensión pendiente de ejecutarse, aunque no se citó la identidad.  

La agencia ministerial cuestionó por qué sólo a dos empresas se benefició con créditos por 60 millones de pesos. Con la revisión de las actas constitutivas pretende establecerse si existió vínculo de los accionistas con funcionarios del entonces gobierno de Ney González.

En la audiencia anterior, los defensores particulares repitieron que a la fecha sólo restan de pagarse algo más de cinco millones por parte de las dos empresas apoyadas.

Federico Gutiérrez, que se reservó el derecho de emitir declaración, estuvo acompañado por dos abogados particulares y dos asistentes de los mismos, en tanto que Salvador Corona por tres defensoras públicas.

La jueza autorizó en diversos momentos el uso de celulares, para la consulta y lectura de documentos.

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(Foto: Oscar Verdín/relatosnayarit)