Vinculan a 2 por milloniza del FONAY; Ney y Roberto le heredaron bronca a Toño

* En la audiencia de más de siete horas se abordó de todo, incluso si la Fiscalía fue quien influyó para que diversos medios arremetieran crudamente contra los imputados y una jueza, que responde: “siempre he actuado con apego a la ley.”

 

Entre las 11:10 de la mañana y las 6:15 de la tarde de este viernes, se efectuó la audiencia de ampliación de término constitucional respecto dos de los imputados, ex funcionarios públicos en los gobiernos de Ney González Sánchez y Roberto Sandoval Castañeda, por los probables delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado, y fraude, por un caso que atañe al Fondo de Fomento Industrial del Estado de Nayarit (FONAY).

Se trata de Alejandro Hernández Grimm y Lázaro Valerio Esquinca, a quienes la jueza de control Sandra Sánchez Covarrubias dictó auto de vinculación a proceso, lo que no prejuzga sobre la presunta responsabilidad, sino que permite la apertura de la investigación complementaria, fijada en seis meses.

Ambos seguirán el juicio en libertad, así decretada el miércoles, aunque deben presentarse a firmar cada 15 días, garantizar un millón de pesos y no salir del país.

La extensa audiencia inició con una peculiaridad, puesto que no asistió el también imputado Federico Gutiérrez Villalobos, ex titular de la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico, anunciándose que un día antes solicitó la ampliación del término.

De igual forma, faltó el defensor particular del igualmente imputado Salvador Corona Hernández, por lo que la jueza llamó a la defensoría pública, presentándose dos abogadas, quienes inicialmente pidieron dos horas para estudiar la carpeta de investigación, pero luego optaron por asistir a Corona en la misma audiencia programada para Federico Gutiérrez.

Ampliamente debatido por la agencia del Ministerio Público que representó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y la defensa particular separada, se trata de hechos que abarcan a dos gobiernos respecto a 50 millones de pesos que aportó el Gobierno Federal, vía la Secretaría de Economía, mientras que el Gobierno del Estado aportaría 25 millones, para que en conjunto se apoyara con créditos a empresas locales.

Sin embargo, como lo explicó la jueza durante más de dos horas y media al detallar su resolución, hay indicios de que “sí hubo un manejo de recursos inadecuado (…), un manejo desordenado.”

Y ello fue lo que motivó que el Gobierno Federal demandara, ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo Civil en la Ciudad de México, mediante el expediente 802/2012, la devolución de esos 50 millones de pesos, a lo que, efectivamente, fue condenado el FONAY.

Pero si el origen del problema inició en el gobierno de Ney González, con Hernández Grimm como director del Fondo, el asunto siguió en la administración de Roberto Sandoval. Incluso, la agencia ministerial hizo alusión a un acta, relacionada con una reunión celebrada en el 2016, donde un funcionario propuso la contratación de un despacho de abogados para buscar mecanismos y evitar el pago de esos 50 millones; es decir, alargar la bronca y heredarla a la administración siguiente, tal y como sucedió, en este caso de Antonio Echevarría García.

En una parte de su análisis, Sánchez Covarrubias consideró que sí se está ante delitos de tracto sucesivo, que si bien hay imputados que no laboraron al mismo tiempo, las conductas, aisladas, siguieron la misma naturaleza.

Y es que mientras Hernández Grimm fue titular del FONAY entre el 19 de noviembre del 2007 al primero de febrero del 2011, Valerio Esquinca estuvo del 21 de noviembre del 2013 al cinco de diciembre del 2016.

En ese momento, la jueza abordó un aspecto que deberían tomar en cuenta muchos servidores públicos -y especialmente los más jóvenes-: la importancia de que entiendan la responsabilidad que asumen en un cargo, de que tengan capacidad para negarse a participar en hechos que no son transparentes, y no acatar ciegamente la indicación de superiores.

De acuerdo con la jueza de control, sí tiene competencia para conocer el asunto que generó el juicio 1430/2018, puesto que el FONAY, ahora obligado a regresar los 50 millones, está en derecho de denunciar los hechos.

A la indicación del defensor de Lázaro Valerio, que responsabilizó a la Fiscalía sobre el manejo de la información del caso, que prácticamente dio como responsables a los imputados, Sánchez Covarrubias aceptó percatarse de esa situación en medios de comunicación, e incluso de habérsele expuesto, a ella, con un desagradable término de supuesta corrupción.

A pesar de ello, dijo, no hay elementos para acreditar si fue la Fiscalía quien dio información

mal intencionada a diversos medios, pero además, añadió, lo que consta en la carpeta es anterior a la amañada divulgación que, precisó, “no abona en nada.”

Sandra Sánchez precisó que “jamás me he apartado de mis principios”, ni en este ni en ningún otro asunto.

“No se puede probar que tenga algún interés o que haya recibido algún beneficio económico. ¡Jamás! Siempre he actuado con apego a la ley.”

La jueza recordó que su fallo puede ser combatido mediante un recurso de apelación.

Según el anuncio de la representación ministerial, durante la investigación complementaria se solicitará información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para conocer la ruta que siguió el dinero con que se apoyó a diversas empresas, cuyas actas constitutivas también serán analizadas para conocer si hay conflicto de interés; es decir, si existe vínculo con funcionarios de esos años.

Aunque no hay vuelta de hoja y el FONAY debe regresar 50 millones a la Federación, los defensores particulares insistieron que las empresas beneficiadas con créditos han estado pagando y en la actualidad sólo restan más de cinco millones de pesos.

En cambio, la Fiscalía contabiliza más de 79 millones, entre los citados 50, los 25 de aportación estatal, y el resto que corresponderían al pago de un despacho o intereses.

La audiencia en la sala 1 fue seguida por un escaso público: a ratos tres, cuatro o cinco personas.

Repleta de cámaras, aquí nadie se escapa: por ejemplo, se captó a una agente ministerial utilizando su celular. La jueza fue avisada y de inmediato le pidió apagarlo.

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