Caso INFONAVIT: Chevo calienta audiencia y sale libre junto a Elba; Saulo continúa preso

* Dictan vinculación a proceso contra notificadores del Poder Judicial por delito cometido por servidores públicos; se cambia medida cautelar y recuperan libertad.

* Respecto al abogado Saulo, se dicta vinculación por tráfico de influencias, pero sigue preso.

 

El escándalo de demandas ficticias INFONAVIT-Poder Judicial, es como un túnel que no tiene salida. Entre más se conoce, más oscuro resulta.

Con el inicio del juicio a los notificadores de juzgados Eusebio “N” “N” (Xalisco) y Elba “N” “N” (Compostela), así como al abogado particular Saulo “N” “N”, no existe duda de la grave problemática a la que fueron llevados esos juzgados y otros dos de Bahía Banderas, sin embargo no basta con ello, sino que se tiene que acreditar la probable responsabilidad de los imputados.

Este martes, durante la etapa de vinculación a proceso, ya quedó reafirmado que la pelea jurídica entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la defensa, en este caso particular, será sin dar tregua, y seguramente así continuará durante las siguientes etapas del expediente 101/2019, y por supuesto si se lleva a juicio a más personas.

Precisamente Eusebio, popularmente conocido como Chevo, calentó la sala 3 de juicios orales cuando, orientado por su defensor, decidió rendir declaración.

Resumió que cuando la Fiscalía lo citó a declarar, se presentó voluntariamente y se le hizo saber que asistía como testigo, no imputado. Y en cuanto a los señalamientos de que supuestamente notificó en un domicilio inexistente a miles de personas, precisó que todas sus actuaciones están apegadas a derecho, añadiendo que siempre las realiza con letra de tamaño número 14.

Agregó que las notificaciones las ordenaba el juez Braulio Meza Ahumada, quien tenía los expedientes –del caso INFONAVIT- en su oficina, lugar donde, precisó, el juez le pedía firmar las actuaciones.

El notificador dijo no reconocer como suya la letra de diversas cédulas, e igual señaló “que no son mis firmas” las que aparecen en numerosos documentos, precisando que faltan dos puntos de su firma como característica especial.

Como puede advertirse, la versión del notificador ya orienta a un nuevo delito, de probable falsificación de firma.

A petición de la defensa, se mostraron a través de una pantalla siete fotografías que probarían diferencias en las anunciadas firmas, aunque no se anexó un peritaje en ese sentido.

EL FACTOR MARTÍNEZ SEQUERA

La presencia en la audiencia del señor Arturo Alonso Martínez Sequera representó oro molido para la defensa de los imputados.

En el 2016, Martínez presentó la primera denuncia por este caso, en el estado de Tamaulipas, al darse cuenta que una propiedad suya la había recuperado el INFONAVIT, y ahora acudía a otorgar el perdón, lo que extinguió el delito de fraude.

Frente a ello, la agencia ministerial se dijo respetuosa de la decisión del ofendido, aunque adelantó que cuenta con otras carpetas para judicializar expedientes remitidos de diversos estados.

El juez Filiberto Rojas García precisó que, en este caso, la orden de aprehensión por fraude únicamente fue girada respecto a Martínez Sequera, por lo que al expresarse el perdón dictó el sobreseimiento.

Cabe añadir que precisamente un amparo del señor Arturo Alonso Martínez generó, según lo anunciado por la Fiscalía, un informe con datos falsos del juez Braulio Meza Ahumada a un Juzgado de Distrito con sede en Tamaulipas.

Más adelante, cuando el juez Filiberto Rojas García desmenuzaba cada uno de los delitos, al abordar la probabilidad de que Eusebio y Elba cometieron, por separado, el de servidores públicos, prácticamente respondió una pregunta que se hacen muchos ciudadanos, explicando que el agente del Ministerio Público tiene la facultad de investigar de oficio delitos que afecten a la sociedad; es decir, sin necesidad propiamente de una denuncia.

Después de prolongados debates y en una audiencia que inició a las 10:45 de la mañana y finalizó a las ocho de la noche más cuatro minutos, Rojas García resumió el dictado del auto de vinculación a proceso en contra de los dos notificadores por el delito cometido por servidores públicos; de igual forma, vinculó a Saulo por el delito de tráfico de influencias.

Por el contrario, negó el auto de vinculación a favor de los tres, por los delitos de asociación delictuosa y abuso de autoridad. Tampoco vinculó al abogado particular por ejercicio indebido de funciones, y por cohecho.

Igualmente debatida, la parte final de la audiencia versó sobre la petición de los defensores para el cambio de medidas cautelares, recordando que en la audiencia que concluyó la mañana del pasado viernes se dictó la prisión preventiva.

Se argumentó que el cambio debía darse porque la situación jurídica era distinta.

Para el caso de Chevo y Elba, Rojas García modificó la medida cautelar, anunciando la libertad, aunque deberán presentarse a firmar una vez cada semana, no podrán salir del país, quedarán suspendidos temporalmente del cargo de notificador con el pago equivalente al 30 por ciento de sueldo, además de  que les dio 10 días de plazo para garantizar 30 mil pesos.

Por el contrario, el juez negó conceder el cambio de medida cautelar respecto al abogado Saulo, explicando que no se ofreció algún dato que pruebe que no existe peligro en la obstaculización de la indagatoria.

Minutos antes, durante el análisis que hizo el juez de los diversos delitos, al referirse al de tráfico de influencias, recordó los pasos que se atribuyen a Saulo, primero contactado por un abogado, a quien llevó ante el juez de Compostela Mario Alberto Cervera López, para luego arribar con un magistrado entonces adscrito a la Sala Civil –en 2013- y, después, materializar un convenio entre el presidente del Poder Judicial y un representante del INFONAVIT. Llamó especialmente la atención que el juez no identificó por sus nombres a los magistrados Jorge Ramón Marmolejo Coronado y Pedro Antonio Enríquez Soto.

Por cierto, durante la audiencia se anunció un oficio del director del Periódico Oficial, Vicberto Romero Mora, precisando que el citado convenio no fue publicado por esa dependencia, en tanto que la ex secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Teresa Briseño, indicó ministerialmente que el convenio tampoco fue publicado en el portal del citado TSJ para el conocimiento público.

FALTA MUCHO POR SABER

Como era de esperarse, la agencia del Ministerio Público y la defensa particular tuvieron constantes roces verbales, llegando a culparse mutuamente de no ser leales al procedimiento.

Por ejemplo, si la audiencia pasada se dijo que Chevo fue aprehendido a pesar de que mostró a policías estatales la suspensión provisional otorgada por un Juzgado de Distrito ante quien tramitó un amparo, este martes se precisó que en realidad la defensa obtuvo el documento después de la captura, por lo que era imposible que el notificador hubiera traído consigo la suspensión.

En otra parte de la audiencia, un defensor dejó entrever que el notario público 3, con oficinas en San Blas, Antonio Humberto Herrera López contaba con orden de aprehensión, lo que fue desmentido por la Fiscalía.

La situación de Herrera López es compleja puesto que numerosas actuaciones suyas fueron encontradas durante los cateos efectuados en diciembre, en inmuebles en Tepic. El notario escrituraba los expedientes concluidos a favor del INFONAVIT de los juzgados de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas.

El juez coincidió que no hay una prescripción en los delitos puesto que se trata de hechos continuados, toda vez que una inspección efectuada entre el 19 y 21 de diciembre pasados en la notaría 3, arrojó una escritura de noviembre del 2016.

Cabe indicar que el notario inicialmente fue denunciado por el delito de falsificación de documentos, aunque se decretó el no ejercicio de la acción penal el 18 de septiembre del 2017, justo un día antes de que Roberto Sandoval Castañeda concluyera su encargo como gobernador.

La resolución dictada por el juez Rojas García puede ser combatida por ambas partes.

Se está ante el que seguramente ya es el juicio más negro en la historia del Poder Judicial –calificado por la Fiscalía como la privatización de la función jurisdiccional, puesto que un despacho hacía todo-, pero que apenas va iniciando.

Es indudable el desgaste no sólo entre los dos magistrados y cuatro jueces – Braulio, Mario Alberto, Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez presuntamente implicados-, sino también de quienes laboran en los citados juzgados o estuvieron adscritos entre finales del 2013 y 2018, lapso en que ocurrió esta problemática y que aún no termina porque continúan llegando amparos.

En un momento, un defensor cuestionó por qué Eusebio sí fue llevado a juicio y no en todo caso una secretario de acuerdos de Xalisco, a lo que la Fiscalía precisó que hay testigos con los que sí fluyó información; es decir, que han ofrecido detalles de las circunstancias en que se fabricaron las demandas.

Podría decirse que se está ante el hablen y ¡sálvese el que pueda!

Resulta obvio que existen más órdenes de aprehensión en contra de funcionarios del Poder Judicial y de abogados particulares. De hecho, cuando el juez resolvió que Saulo no cometió el delito de cohecho, añadió que ello sería imputable a otra persona. Y es que varios secretarios de acuerdos, especialmente de Bahía de Banderas, ya aceptaron que en una ocasión recibieron 20 mil pesos cada uno.

Aunque la audiencia se celebró a lo largo del día de este martes, en ningún momento la sala estuvo llena en los lugares destinados al público.

Solamente hubo dos recesos, uno de 15 minutos y otro de 10. Nadie comió, con excepción, quizás, de los policías asignados a la seguridad y que se relevaron en una ocasión, e igual los asistentes de sala.

Si los policías insisten al público visitante que los celulares deben estar apagados, precisamente dos celulares se escucharon en diversos momentos: una muchacha se levantó con prisa para salir de la sala, en tanto que un policía lamentó que su aparato hubiera timbrado. Lo apagó de inmediato.

Resultó llamativo que tanto un defensor como la agencia ministerial refirieron una campaña en redes sociales y medios de comunicación por el presente tema, a favor y en contra, según la visión de las partes.  

Y esto va iniciando.

El juez concedió un plazo de seis meses de investigación complementaria.

Por cierto, en las dos audiencias del caso ha sido notoria la ausencia de la fiscal anticorrupción Irma Carmina Cortés Hernández.

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