Gianni Ramírez, Juan Ignacio Ávila, Fred Bernal, Luis Arciniega; cuestionados por 500 millones en obra pública

* Una investigación que llegaría a juicio oral por diversos delitos, involucra a ex altos funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas puesto que se benefició a empresas ligadas a ex socios, familiares, compadres, o probables prestanombres.

 

En septiembre del 2005, Gianni Raúl Ramírez Ocampo y Oswaldo Ulises Estrada Delgado constituyeron la empresa Terracerías y Caminos de Occidente S.A. de C.V., aunque para mayo del 2006 el primero de ellos vendió sus acciones a Salvador Verde Balcázar, nombre que a la postre resultaría relevante en una investigación actual.

Para diciembre del 2009, el mismo Verde Balcázar y Juan Ignacio Ávila Ruiz dieron vida a la empresa GC3 S.A. de C.V., pero el uno de agosto del 2011 Juan Ignacio cedió sus acciones a Jesús Omar Almaraz Guevara; es decir, escaso mes y medio antes del inicio del gobierno de Roberto Sandoval Castañeda.

Precisamente en distintos momentos del gobierno de Sandoval Castañeda, Ramírez Ocampo y Ávila Ruiz fueron secretarios de Obras Públicas; de hecho, el primero de ellos inició la administración como titular de la SOP y el otro como subsecretario.

Sin embargo, a pesar de la evidente relación de negocios de los entonces funcionarios y que conduce a un probable conflicto de interés, no impidió que GC3 se convirtiera en una de las constructoras ganonas de la obra pública en la administración anterior.

Un ejemplo:

En octubre del 2013, Gianni Ramírez fue uno de los funcionarios de la SOP que celebró un contrato de obra pública con GC3, representada por Verde Balcázar, por más de 23 millones de pesos respecto a una fracción de la obra Muelle de San Blas-Malecón Turístico Matanchén.

Para julio del 2014, Juan Ignacio Ávila, que de subsecretario había pasado a encargado del despacho de la Secretaría de Obras Públicas, celebró un nuevo contrato con GC3, que él mismo fundó, por 33 millones 823 mil pesos para la continuación de la mencionada obra en San Blas.

Más:

Ya en diciembre del 2015, Ávila Ruiz, titular de Obras Públicas, firmó un nuevo contrato con GC3, representada por su ex socio Salvador Verde, por más de 67 millones de pesos que corresponderían a la tercera etapa del citado muelle y malecón.

El caso de la empresa GC3 es uno de muchos que son investigados por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN) y la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con miras a establecer probables delitos cometidos a través de la obra pública en el gobierno pasado, y que conducirían a actos de corrupción.

GIANNI, TERRACERÍAS, UN COMPADRE

Precisamente la empresa Terracerías y Caminos de Occidente, que en el 2005 fundó Gianni Ramírez, a la vuelta del tiempo apareció en obra pública con él como secretario.

Así sucedió en el 2012, cuando Ramírez Ocampo firmó un contrato con Terracerías y Caminos de Occidente, representada por Oswaldo Ulises Estrada, por una obra de remodelación de imagen en Higuera Blanca, municipio de Bahía de Banderas, por más de 13 millones de pesos.

En el mismo año, el secretario de Obras Públicas celebró otro contrato con su ex socio Estrada Delgado por poco menos de 12 millones de pesos, a propósito de una obra en La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela.

La misma Terracerías y Caminos de Occidente se encargó de la rehabilitación de una cancha deportiva en Mexcaltitán, con un monto superior a tres millones de pesos.

La investigación que se sigue con miras a establecer probables delitos como el de ejercicio indebido de funciones, cometidos a través de la obra pública en el gobierno pasado, versaría sobre la presunta responsabilidad de funcionarios que a sabiendas de la relación directa con empresarios, avalaron numerosos contratos por cientos de millones de pesos. En estos momentos se estimarían unos 500 millones que tuvieron contratos probablemente indebidos.

También ex diputado federal y considerado uno de los personajes más cercanos al ex gobernador Roberto Sandoval, Ramírez Ocampo arrastró en esta problemática a José Oscar Ríos Coronado, quien en 2013 adquirió un poder especial para pleitos y cobranzas de la empresa E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V.

El dato ahora tiene relevancia porque en el 2012 Gianni y José Oscar se hicieron compadres, puesto que el primero apadrinó los 15 años de una hija del segundo.

En el 2013, E.S. Grupo Constructor habría obtenido contratos de obra, ahora investigados, por más de 37 millones de pesos.

BRONCA CON BULEVAR ESTUDIANTES

Luis Arciniega Alvarado, quien ocupó la dirección General de Construcción y Mantenimiento de la SOP, en el 2010, junto a uno de sus hermanos constituyó la empresa Constructora PAFER S.A. de C.V., de la que formalmente salió en junio del 2012, en pleno gobierno de Roberto Sandoval.

La compañía recibió a Julio César Carrillo Suárez como nuevo socio, y es el mismo Julio César que en el 2017 celebró un contrato con Ramírez Ocampo, como titular de la SOP, y otros funcionarios por más de 17 millones de pesos para la construcción del bulevar Estudiantes, a un costado de donde se encuentra el CETIS 100 en esta ciudad.

La indagatoria vuelve a apuntar a lo mismo: la sospecha de que se favoreció a PAFER por la huella de Arciniega.

FRED Y SU CUÑADA

Fred Alberto Bernal Aguirre fue director de Infraestructura Urbana y Vial de la Secretaría de Obras Públicas. A él se le atribuye una indebida participación para que su cuñada Norma Liliana Zamora Romero, casada con uno de sus hermanos, resultara beneficiada con obra pública.

Por ejemplo, el mismo Fred Alberto, junto con Gianni Ramírez, contrataron una obra con Zamora Romero por un millón de pesos para la construcción de una cancha de usos múltiples en Cerro Blanco, municipio de Santa María del Oro.

O bien una obra de empedrado en El Recodo, municipio de Acaponeta, en cuyo contrato aparecen nuevamente Bernal y su cuñada, hermana del diputado local por el PRD Adán Zamora Romero.

LOS LLEVARÁN A JUICIO

Aunque desde hace meses es del conocimiento público que la ASEN presentó denuncias ante la Fiscalía General contra diversos ex funcionarios ligados a la obra pública en el gobierno de Roberto Sandoval, el caso se centra en el papel que tuvieron especialmente Gianni Ramírez, Juan Ignacio Ávila, Luis Arciniega y Fred Alberto Bernal, aunque habría otros empleados de menor nivel involucrados por los primeros. Varios de ellos ya habrían detallado ante autoridades el tráfico de influencias que se dio en la Secretaría de Obras Públicas. 

Se ahonda en las artimañas para favorecer a amigos, familiares, ex socios o prestanombres, que pudo haber causado un cuantioso daño al erario público.

Si el tema se lleva a juicio por diversos delitos, cabría añadir el precedente que se sentaría para los actuales funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, sobre todo para quienes formaron parte de constructoras o tienen parientes en las mismas.

Aunque las obras hayan sido realizadas –creyéndose, además, que pudo haber sobreprecios-, la investigación cuestiona el impedimento que tenían los funcionarios para participar en contratos, por el conflicto de interés, por lo que debieron excusarse y no lo hicieron.

Hace unos meses, la ASEN anunció, como parte de la investigación, la inhabilitación de las empresas GC3, Terracerías y Caminos de Occidente, Norma Liliana Zamora Romero, Urbanizaciones Jamaica, y Urbanizaciones La Noria.

El 14 de septiembre del 2018, a unos días de la conclusión del gobierno de Roberto Sandoval, Gianni Ramírez acudió al Congreso del Estado en su calidad de secretario de Obras Públicas.

Entre las numerosas intervenciones, la diputada por el PRD María de la Luz Verdín Manjarrez preguntó frente al micrófono: “¿quién es Salvador Verde Balcázar?”.

Aunque no hubo una respuesta concreta del secretario a la diputada, en la sala legislativa se ubicó a Verde como un probable prestanombres.

Si el caso es llevado a juicio, seguramente brotarían más nombres de implicados.

(El ex gobernador Roberto Sandoval y Gianni Ramírez) 

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