Van por 2 magistrados y 4 jueces; hallan millones para corruptos

*  La corrupción en el Poder Judicial del Estado, relacionada con el caso INFONAVIT, alcanzaría los niveles más altos; se simularon demandas que afectaron a acreditados.

 

La probable corrupción relacionada con créditos de INFONAVIT -y de la que habrían formado parte altos funcionarios del Poder Judicial de Nayarit-, fue uno de los temas que abordó este jueves, en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisando la existencia de una investigación, y que se trata de “toda una red” producto de la impunidad.

Que el asunto ya lo haya tocado el presidente no hace más que adelantar que se estaría ante uno de los hechos más escandalosos de corrupción en la historia del Poder Judicial del Estado, y que involucraría a magistrados y a jueces.

Por lo pronto, se ventilan los nombres de los magistrados Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, así como los jueces Mario Alberto Cervera López, Braulio Meza Ahumada, Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez.

Especialmente en cuatro juzgados, ubicados en Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, se centró la anomalía, consistente en miles de demandas contra personas que debían sus créditos a INFONAVIT, pero las cuales radican en otros estados y supuestamente eran notificados en un mismo domicilio, pero lejos de su lugar de residencia, por lo que nunca sabían de los juicios y perdían sus propiedades. Luego, los inmuebles, por la rapidez de las sentencias, regresaban al INFONAVIT, que los adjudicaba a otras personas.

La problemática habría sido detectada hace tiempo e, incluso, se señaló el martes en una nota de este reportero, la Procuraduría General de la República (PGR) habría realizado hace unos meses una inspección relacionada con el tema, por lo menos en el juzgado de Compostela.

Una prueba irrefutable de la corrupción es que se cuajaron demandas con pleno conocimiento de mandos judiciales; es decir, no hay registro en los respectivos libros de numerosas demandas, ficticias, que sirvieron para justificar lo que el propio presidente López Obrador calificó como un despojo.

Funcionarios judiciales habrían jugado un papel cómplice con abogados  involucrados en la mayúscula transa y que radicarían en otras entidades.  

Diversos cateos que son del conocimiento público, al menos dos de ellos en el centro de Tepic, efectuados el lunes 10, habrían arrojado evidencias contundentes de corrupción de altos funcionarios y fue por ello que un día después se deslindaron 11 magistrados en voz del presidente Ismael González Parra. Otros seis, entre ellos el ex magistrado presidente Pedro Antonio Enríquez Soto, en cuya gestión se acrecentaron estos hechos turbios, estuvieron ausentes.

Lo menos que se conoce es que los juzgados  habrían servido para aparentar llevar en orden miles de demandas, muchas de ellas inexistentes. Empleados judiciales de menor nivel habrían asegurado que únicamente cumplían órdenes superiores, ello respecto al por qué no se registraron el total de los asuntos.

De igual forma, en la trama se involucra especialmente al notario público Antonio Humberto Herrera López, con oficinas en San Blas, que habría tenido alguna actuación en más de 40 mil nuevas escrituras relacionadas con el tema.

 LO EXPLICA EL FISCAL

 Con ese escenario, la noche de este jueves el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Petronilo Díaz Ponce Medrano acudió al Congreso del Estado para presentar juicio político contra los citados dos magistrados y cuatro jueces, mismo que, de proceder, continuaría con el correspondiente juicio penal por diversos delitos como los de cohecho, peculado, tráfico de influencias, asociación delictuosa, fraude, abuso de autoridad, contra la administración de justicia, el cometido en la custodia de documentos, entre otros.

Díaz Ponce explicó que se está ante una situación de “juicios simulados” iniciada en el año 2013, donde un despacho externo prácticamente realizaba todo, como si se tratara del propio juzgado, para agilizar los asuntos y recuperar los bienes para el INFONAVIT. Entonces, los jueces y secretarios se limitaban a firmar lo que realizaban sujetos externos.

La indagatoria partió después de que en Tamaulipas una persona formuló denuncia, aunque el agente del Ministerio Público se declaró incompetente y remitió el asunto a Nayarit. Inexplicablemente, deudores que también radican en Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Jalisco, fueron demandados aquí.

Según el fiscal, del caso ya se dio vista a la PGR, así como al Colegio de Notarios y a la dirección del Notariado, esto último por lo que toca a Herrera López.

Petronilo Díaz Ponce igualmente se refirió a los cateos efectuados recientemente, donde se detuvo a cinco personas, mismas que habrían aportado más evidencias de que el Poder Judicial prácticamente fue prestado para cuajar la maquinación corrupta.

Los operativos habrían conducido al aseguramiento de varios millones de pesos que tendrían como destino a funcionarios corruptos.

En resumen, el fiscal insistió que se realizaron juicios simulados para acelerarlos, alterando los libros de gobierno.

A su vez, el diputado Leopoldo Domínguez González anunció que se respetarán los derechos de los dos magistrados y cuatro jueces, estimando que difícilmente se resolverá el asunto en lo que resta del año, en la vía legislativa.

Por cierto, la investigación anunciada por el presidente López Obrador, irónicamente echa abajo su propia versión de que se perdonarían los actos de corrupción del pasado.

Que bien que se empiece por Nayarit.

(Pedro Antonio, en tiempos de magistrado presidente)