Caso corrupción en Tribunal Superior: se ampara el notario Antonio Herrera y suspenden a jueces

* El notario público reclama una posible orden de aprehensión en su contra; la noche del jueves, los jueces Mario Alberto Cervera y Braulio Meza fueron notificados de la suspensión.

 

El notario público Antonio Humberto Herrera López, mencionado en la trama de corrupción que involucra a altos funcionarios del Poder Judicial del Estado, presentó un juicio de amparo contra una posible orden de aprehensión.

Con el número 1545/2018, el juicio fue enlistado el viernes 14 por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo Penal, un día después de que el fiscal General de Justicia Petronilo Díaz Ponce presentó ante el Congreso del Estado una solicitud para que se retire el fuero a seis funcionarios del Poder Judicial, a fin de llevarlos a juicio, además de que también dio vista al Colegio de Notarios, la dirección del Notariado, y a la Procuraduría General de la República (PGR), a la que se remitieron ocho mil fojas en 13 tomos.

Antonio Humberto Herrera citó como autoridades responsables a jueces de control, agencias ministeriales y de policía de la Fiscalía General.

El Juzgado de Distrito concedió al quejoso la suspensión provisional, en tanto solicitó a las autoridades que remitan informes del asunto. La audiencia constitucional fue programada para el próximo 11 de enero.

Aunque la investigación fue acelerada en los últimos días y continuará en las próximas semanas, se deduce que desde el año pasado se tuvo registro de la irregularidad, puesto que en los sellos de los dos inmuebles asegurados por la Fiscalía aparece el número de carpeta NAY/TEP-III/RH-9657/17; es decir, del año pasado.

Uno de ellos se encuentra en calle San Luis 105, casi esquina con Juárez, a una cuadra del edificio central del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); el otro a unos 200 metros, por avenida Juárez entre Ures y P. Sánchez, frente al edificio de la Sección 20 de maestros.

Al menos el viernes, en el exterior de ambos inmuebles se encontraban policías estatales en permanente vigilancia. En el de calle San Luis, es visible que cuenta con cámaras de video. El equipo fue asegurado para su revisión. La grabación identificará a quienes ingresaban, ello sin contar a las cinco personas encontradas el lunes 10 durante el cateo y que formaban parte de una especie de fábrica que hacía todo: redactaba demandas, inventaba notificaciones, dictaba sentencias, mientras que jueces y secretarios se limitaban a firmar, lo que generó que, mediante estos juicios amañados, unas 60 mil casas fueran recuperadas por el INFONAVIT y posteriormente otorgadas a otros acreditados en diversos estados del país.

Un comunicado de la Fiscalía precisa que se falsificaron constancias, que no se efectuaron notificaciones, ni emplazamientos y tampoco se dio intervención al Ministerio Público, por lo que se aceleraban los asuntos, resultando sentencias favorables al INFONAVIT.

Precisamente en decenas de miles de escrituras se relaciona al notario público Antonio Humberto Herrera López, creyéndose, de entrada, que en su caso se habría dado la misma situación que en los juzgados; es decir, firmando escrituras ya realizadas por el despacho externo contratado por el INFONAVIT.

El jueves el fiscal indicó que esta situación habría iniciado en el 2013, primero en los juzgados de Xalisco y Compostela, y luego en dos de Bahía de Banderas.

Con ese escenario, la noche del mismo jueves 13 se notificó la suspensión provisional de los jueces Mario Alberto Cervera López y Braulio Meza Ahumada, adscritos el primero de ellos al juzgado de Acaponeta y el otro en Santa María del Oro, aunque hasta hace unas semanas laboraban en Compostela y Xalisco, respectivamente -este domingo, los nombres de Cervera y Meza aún aparecen en el portal del Tribunal Superior, como titulares de juzgados.

Dos secretarios de acuerdos también están suspendidos.

Se deduce que una situación similar podría dictarse respecto a los jueces Justino Rodríguez Barajas y

Baldomero Zamora Rodríguez, ahora adscritos a Compostela y Las Varas, y anteriormente en Bahía de Banderas.

La interrogante mayor es si también serán suspendidos los magistrados Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, mientras transcurre la investigación.

“Las investigaciones permiten deducir que las actuaciones se realizaban por personal contratado por el despecho externo, trabajando en dos edificios ubicados en el centro de Tepic, y solamente se llevaban para firmas a los jueces, secretarios y notificadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes ya estaban de acuerdo e instruidos por los dos magistrados presuntamente implicados. Hay información también de entregas de dinero en efectivo, así como la promesa de algunas otras prestaciones”, apunta el comunicado de la Fiscalía General.

(Al micrófono el fiscal Petronilo Díaz Ponce, el jueves 13 en el Congreso) 

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