Contra corrupción, sugieren investigación con sigilo

* “Los políticos deben evitar querer quedar bien públicamente, no pueden adelantar situaciones que quizás no puedan ser probadas”. 

 

Cuando el martes 19 el gobernador Antonio Echevarría García anunció que se investigará la corrupción de la administración saliente, se cuidó de no pronunciar ningún nombre, aunque obviamente se refería al ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda y otros altos ex funcionarios.

Si Echevarría lo hubiera hecho, y si hubiera asegurado que tal o cual personaje cometieron delitos, podría haber faltado al debido proceso que ahora se cuida en el sistema de justicia penal comúnmente conocido como juicios orales.

Por separado, dos fuentes que conocen el sistema explicaron que, a diferencia del sistema anterior en que incluso se divulgaban videos con declaraciones de personas detenidas, ahora dar por hecho un delito y adelantar castigo para algún ciudadano genera un conflicto porque quien en todo caso emite una orden de aprehensión o, más adelante, una sentencia, es el Poder Judicial, no el Ejecutivo.

“Hay un error tradicional en México por adelantar lo que aún no sucede. Cuando hay una investigación, debe ser con sigilo, no se pueden adelantar nombres, imágenes, domicilios. Hoy no puedes decir ‘es un ratero’ porque ya estás prejuzgando y eso se tiene que demostrar. Muchas veces por eso hay desencanto de la población”, se explicó.

La segunda de las fuentes añadió que el éxito del sistema en Estados Unidos es ese: el sigilo, que con frecuencia permite grandes operativos y en distintas partes de ese país, pero porque no se adelantan las investigaciones.

Se puso como ejemplo que ese sigilo existió en el expediente que se sigue contra el ex fiscal Édgar Veytia, de quien aparentemente nadie sabía en México que era investigado por Estados Unidos.

Por el contrario y tal y como se ha documentado en este espacio, el ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) Juan López Salazar, a quien se le giró una orden de aprehensión como probable responsable de peculado, reclamó en un juicio de amparo que Roberto Sandoval y Édgar Veytia violaron el debido proceso al declarar que cometió delitos contra la casa universitaria. El juicio de garantías se encuentra en revisión en un Tribunal Colegiado.

Se insiste en la explicación a este reportero:

“Los políticos deben evitar querer quedar bien públicamente, no pueden adelantar situaciones que quizás no puedan ser probadas. Que bueno que el gobernador no mencionó ningún nombre, porque hubiera comprometido a las instituciones”.