Un golpe de suerte en captura de homicidas del trabajador de Pepsi

* El carro se les descompuso y dos de ellos abordaron un camión Del Pacífico: se les detuvo en Testerezo; el otro fue ubicado en Compostela.

 

Minutos después de que el dos de agosto fue ejecutado Jorge Alberto Valdovinos Delgado, en el crucero de Chacala, municipio de Compostela, mientras manejaba un camión de la empresa Pepsi, policías estatales y locales fueron enterados que los responsables huían en un vehículo color negro y alargado, con placas de Sinaloa.

Con esos datos inició la búsqueda que más tarde tuvo un golpe de suerte: el carro tipo Cirrus tuvo una falla mecánica a la altura de Compostela y fue abandonado en una brecha, muy cerca de una gasolinera. 

De los tres ocupantes, el conductor, Ricardo, decidió quedarse por ahí y hasta habría intentado alojarse en un hotel, mientras localizaba un mecánico. Los otros dos prefirieron subir a un autobús de la ruta Del Pacífico que circulaba hacia Tepic.

Con el reporte vía radio transmitido desde Chacala, no pasó mucho tiempo para que policías estatales encontraran el automóvil y, con la versión de un testigo, agentes municipales ubicaron a Ricardo, quien entre sus ropas aún traía las llaves del carro con las que, por cierto, fue encendido. Y más: en un compartimiento se localizó el revólver con el que Jorge Alberto fue ultimado.

Al mismo tiempo y con las características de los otros dos implicados, elementos estatales adscritos a  Xalisco implementaron un operativo por la carretera a la altura del poblado Testerazo, revisando los autobuses de la empresa Del Pacífico y en uno de ellos viajaban. De esa forma se procedió a la captura de Rosendo y Luis.

Que si los sujetos mentaron la madre a los policías, que si patalearon, quizás sería un extra para no tener problemas en la puesta a disposición. 

Este jueves, ocho días después de los hechos, Ricardo, Rosendo y Luis comparecieron a una audiencia de vinculación a proceso dentro del número de expediente 1123/2017, la cual continuó a un procedimiento abreviado, aceptado por los tres por el cúmulo de evidencias en contra.

Ricardo y Rosendo fueron sentenciados a 18 años de prisión por el delito de homicidio calificado, mientras que Luis a cuatro años por encubrimiento; en su caso, tendría derecho a la conmutación puesto que la pena no supera los cinco años.

De igual forma se les condenó al equivalente de 50 días de multa y al pago de 200 mil pesos por concepto de reparación del daño.

Un representante de la parte agraviada detalló que a un familiar de Valdovinos se le explicó lo referente al procedimiento abreviado, a lo que respondió estar de acuerdo y firmó un documento que lo confirma. 

En la sala judicial, Rosendo declaró que viajaba en el asiento trasero y que Ricardo le dio el arma de fuego y le ordenó disparar contra el conductor del camión de la Pepsi. Ricardo omitió hablar sobre los hechos.

Asistidos los tres por un defensor público, el juez de control Rodrigo Benítez Pérez dio una explicación sobre el estado del expediente. Indicó que era evidente que hubo un móvil para el crimen, pero no ventilado.

Añadió que en el procedimiento abreviado él no podía dictar una sentencia distinta a la ofrecida por la agencia ministerial. Y si bien la pena mínima por homicidio calificado es de 20 años, en este caso se plasmaron 18, con una reducción de dos años mediante una facultad de la Fiscalía cuando alguien acepta su responsabilidad, evitando así prolongar un juicio. 

El juez les hizo ocho preguntas para verificar que entendían el procedimiento abreviado y les pidió que respondieran con un si o un no: 

Si estaban informados de lo que es el juicio oral: “si”, respondieron por separado; si renunciaban a su derecho al juicio oral: “si”; si fueron debidamente informados del procedimiento abreviado: “si”; si aceptaban el procedimiento abreviado propuesto por el Ministerio Público: “si”; si aceptaban su responsabilidad en el delito: “si”; si aceptaban ser sentenciados en base a la propuesta ministerial: “si”; si aceptaban la pena: “si”; si las anteriores aceptaciones fueron hechas de manera voluntaria, sin amenaza, sin violencia: “si”.

“El Estado les reprocha no haber actuado conforme a la ley”, indicó el juez en la parte final de la audiencia.

Cuatro policías estatales fueron asignados a la seguridad en el interior de la sala. En el exterior, unos 15 elementos de la Policía Nayarit resguardaban el inmueble.

Una pareja ya mayor y una mujer joven asistieron a la audiencia, aparentemente familiares de uno de los detenidos.