Exonera gobierno al “Toro” por desvío de 50 millones de la UAN

* Decretan el no ejercicio de la acción penal a favor del ex presidente municipal de Tepic Héctor González Curiel, y de la ex tesorera Marcia Ivette Bernal, denunciados por la administración de Polo Domínguez. 

 

Al gobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda parece que no le bastan sus propias broncas, sino que asume otra aparentemente ajena: en el ocaso de su administración le ha alcanzado para que la Fiscalía General del Estado (FGE) decrete el no ejercicio de la acción penal a favor del ex presidente municipal de Tepic Héctor González Curiel “El Toro”, denunciado como probable responsable de los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones.

A escasos 40 días de que Sandoval Castañeda deje el cargo, preso su fiscal Édgar Veytia, con recurrentes notas en medios de información nacionales que describen su pasado pobre y su ahora vida de rico, su pasión por los caballos caros, o soportando el deslinde del Gobierno Federal al retirarle a delegados federales y que a esos puestos lleguen cercanos al senador Manuel Cota, el gobernador se lanzó a intentar rescatar a quien en septiembre del 2011 arribó a la Presidencia Municipal, precisamente después de la administración del mismo Sandoval y de su suplente Georgina López Arias.

El asunto no es cualquier cosa, sino un tema ya conocido y, para no variar, de mal uso de recursos públicos: 

Los 50 millones 96 mil 94.07 pesos que no fueron entregados a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) por concepto del impuesto especial del 12 por ciento.

Además del “Toro” González Curiel, también se resolvió el no ejercicio de la acción penal a favor de la ex tesorera municipal Marcia Ivette Bernal Mendoza.

Ambos, se explicó en 2015 tras la denuncia de la síndico municipal María Florentina Ocegueda Silva, “contaban con facultades de disponibilidad jurídica sobre los bienes recibidos en razón de su cargo, por lo que se actualiza la hipótesis de peculado, al encontrarse los $50, 096,094.07 dentro de su esfera de dominio”.

Es decir, se insistió, era un recurso que “recibieron porque se les encomendó en administración, ya que lo recaudaban del pago de impuestos, de derechos y productos establecidos y los que llegaren a establecerse en el municipio de Tepic a cargo de los habitantes de dicho municipio, inclusive ejercieron una facultad de disposición al destinarlos para el pago de las asignaciones de servicios personales, tal y como lo señaló la C. Marcia Ivette Bernal Mendoza, en su escrito de fecha 01 de diciembre de 2014. 

“De allí que para usos propios o ajenos, distrajeron de su objeto dinero perteneciente al municipio, y que a su vez (…) estaba destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit”. 

Cabe añadir que según documentos oficiales ventilados, incluido del ex Órgano de Fiscalización Superior, en el gobierno de González Curiel no se reportaron a la UAN alrededor de 40 millones de pesos, mientras que los otros 10 millones corresponden a la administración del mismo Sandoval y de Georgina López Arias.

Sin embargo, la Fiscalía resolvió no proceder penalmente contra González Curiel y Bernal Mendoza y así se explica:

“Ello dado que no existe un desglose que permita identificar con claridad, los momentos o el momento en que se dispuso del monetario recaudado que se alude, correspondiente al impuesto especial del 12% correspondiente a la Universidad Autónoma de Nayarit. Ello es necesario para lograr una imputación concreta y objetiva, necesaria para la acción penal y determinar con ello al menos una probable responsabilidad. 

“El resultado es importante, pero más importante que el mismo es cómo se hicieron los movimientos imputados como indebidos, en específico es menester identificar cuándo se recibió el recurso, el monto puntual de cada una de esas recaudaciones y cómo se dispone de los mismos, complementándose con su destino para poder identificar si los mismos fueron destinados para sí o para otro”.

Más adelante, continúa citándose:

“En la denuncia se plantea que fueron sustraídos esos recursos por los imputados pero no se indica la manera y el momento en que ello sucedió, se trata de hechos que no se han corroborado de forma alguna de manera directa, es decir, no existe testimonio alguno que diga que conoció de los mismos y cómo se realizaron, se trata esencialmente de una investigación basada en documentales o incluso periciales, donde se indican montos pero no así cómo se acumularon los mismos, en qué momento se dispusieron y de qué manera se hizo ello”.

La denuncia fue presentada en febrero del 2015, siendo presidente municipal Leopoldo Domínguez González. Inicialmente identificada con el número TEP/III/EXP/1499/15, posteriormente fue inscrita en el expediente TEP/III/AP/279/16.

La decisión del gobierno de Roberto Sandoval de resolver el no ejercicio de la acción penal evidentemente busca brindar protección a González Curiel y a su ex tesorera, encubrirlos para no dejarlos a merced de una consignación en el nuevo gobierno estatal de Antonio Echevarría García.

Sin embargo, como denunciante, el gobierno municipal está en tiempo de presentar un recurso para combatir la resolución de la Fiscalía. 

(En la imagen, Héctor González Curiel)

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