* El 17 de agosto, el Congreso del Estado recibirá decenas de testimonios de abuso desde el poder estatal; de conseguirse el desafuero del gobernador, facilitaría su posible consignación y abriría paso para que la PGR haga lo propio.
El próximo 17 de agosto, con el inicio de la nueva conformación del Congreso del Estado, será presentada una demanda de juicio de responsabilidad política contra el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, con la intención de que sea desaforado.
Se solicitará que la demanda sea turnada a la comisión legislativa correspondiente, que podría ser la Comisión de Justicia, o bien que por la gravedad de la situación se integre una comisión especial para resolver el caso Sandoval Castañeda.
El expediente contra el gobernador es un cúmulo de historias de despojo, de abusos, de tortura, de privación ilegal de la libertad, que se han ido acumulando en las oficinas de avenida De la Cultura número 20 altos, frente a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), donde se reúne la autonombrada Comisión de la Verdad, cuya cabeza más visible es Rodrigo González Barrios, ex secretario del Ayuntamiento de Tepic y ex diputado federal por el PRD.
Y si ya han acudido decenas y decenas a narrar sus dramáticas experiencias, cada vez parecen sumarse más: por ejemplo, la tarde de este miércoles había unas 20 enfermeras buscando apoyo para su precaria situación laboral, además de nuevas versiones de abuso sistemático desde el poder estatal. Y similar a cuando se presenta alguna denuncia, así hay personas que trabajan en computadoras recibiendo los testimonios de las víctimas.
Las instalaciones constan de tres salas y si acaso en una de ellas, donde se reciben las versiones, cuenta con alguna privacidad. Arriban personas no sólo de Tepic, sino de otros municipios, acompañadas por familiares.
En ese lugar, González Barrios ejemplifica que si una persona narra algún despojo, se le pide acreditar que efectivamente había sido dueña de la propiedad y aporte el mayor número de pruebas, procediendo entonces a tomarle su testimonio. Quienes ya cuentan con algún expediente en curso, anexan copia.
Todo ello formará parte de las pruebas contra el gobernador, pero añade que para entonces tendrán varios asuntos emblemáticos y bien pulidos, por ejemplo el de don José, quien era dueño de un extenso terreno en El Puente Quebrado, a un costado de la tienda Sams, y que fue presionado y obligado a vender por una suma infinitamente menor a su precio real. En esa trama estarían involucrados, entre otros, Sandoval, el ex fiscal Édgar Veytia y Carlos Saldate, ex candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Tepic.
Por cierto, en ese lugar fue construido un fraccionamiento.
Enfermo de diabetes, don José fue “levantado” en su momento, igual que uno de sus hijos, por lo que desprenderse del terreno era sí o sí.
Según el apunte del también ex dirigente estatal del PRD, por el cúmulo y la gravedad de los asuntos, el Congreso del Estado debería integrar una Comisión Especial Investigadora que atienda a las personas agraviadas, en especial porque no se trata de acciones aisladas.
González Barrios apunta que si bien el fuero ya no aplicará para los nuevos funcionarios, en el caso del aún gobernador sí lo tendría incluso un año después de que concluya el cargo, dado que tomó protesta con la vigencia del fuero.
Por ello, insiste, la importancia de que la próxima legislatura tenga elementos para retirar el fuero a Sandoval Castañeda, lo que facilitaría su posible consignación penal, pero también ayudaría para que la Procuraduría General de la República (PGR) no tenga trabas para continuar la investigación y, en su caso, proceder en su contra por el probable delito de enriquecimiento inexplicable, o bien por una segunda denuncia en manos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) respecto al uso del programa PROSA .
Se prevé que el número de denuncias de abuso desde el poder se incremente en las próximas semanas, pero en especial a partir de que concluya esta administración el 19 de septiembre.
Así se integra la demanda de desafuero contra el gobernador Roberto Sandoval
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