* Numerosas denuncias penales por la supuesta venta de plazas en el SUTSEM, podrían generar citatorios a la líder sindical. Pero su nombre no termina de brotar en los expedientes y hay dudas de que haya fraude porque los ofendidos sabían que la venta de plazas es ilegal.
La Fiscalía General del Estado (FGE) afina la puntería contra Águeda Galicia Jiménez, la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM).
Con decenas de averiguaciones previas abiertas y algunas ya consignadas ante juzgados penales por probable delito de fraude, por la supuesta venta de plazas en el SUTSEM, la FGE esperaría que el nombre de Águeda Galicia surja con insistencia en las denuncias –algo que, se conoce, no habría ocurrido aún- para proceder a un citatorio ante un agente del Ministerio Público.
Distante la relación de Águeda con el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda, la administración estatal mantiene al mismo tiempo su apoyo a los contrarios de Galicia, que aparecen visibles en las figuras del regidor Luis Berumen y Adelaida Ibarra.
Por lo pronto, Miriam Marcela Fregoso Hernández, trabajadora sindical en la Secretaría de Obras Públicas, y María Concepción García Rivera, empleada de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), llevan poco más de un mes recluidas en la penal de Tepic, y ahí se les ha hecho saber de nuevas denuncias, por las que rinden declaración. Se calcula que los ofendidos podrían ser más de 100.
De la primera se conoce que muestra estragos por el encierro y la presión para que pague cientos de miles de pesos.
Según la trama conocida, la relación de María Concepción y Miriam Marcela inició porque un hermano de la primera, José Alberto García, ha trabajado junto a Miriam.
María es, según la información consignada, quien se encargaba de buscar personas que por cantidades de entre 80 y 90 mil pesos accederían a una plaza sindical del SUTSEM, gracias a las relaciones de Miriam, quien a su vez ha citado sumas de dinero menores.
Consultada por este reportero, una declaración ministerial de María Concepción indica:
“…que son ciertos los hechos que se me imputan, lo anterior en virtud que en fecha en la que señala el querellante me entregó la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que le entregué a la señora Miriam Marcela Hernández Fregoso, quien desde hace dos años aproximadamente conozco, quien se dedica a la contabilidad en Obras Públicas del Estado, quien me dijo que la apoyara para conseguir personas que quisieran trabajar, por lo que a mí me interesó apoyarla pero no obtendría cantidad alguna, lo único es que me apoyaría a darle una base a mis hijos, base que me daría más barata”…
Por su parte, en una de las tantas declaraciones ministeriales tomada a Miriam Marcela Fregoso, señaló:
“…en una ocasión mi compañero José Alberto García Rivera me comentó que había un conocido de él que quería afiliarse al sindicato del SUTSEM, y esto me lo dijo porque la declarante conocía a la señora Minerva Carrillo Michel, quien era parte del comité anterior del sindicato pero no recuerdo qué cargo tenía, y también fungía como regidora en el Ayuntamiento de Tepic y como varios compañeros sindicalizados sabíamos de que ella con dinero conseguía las bases del sindicato, le dije a José Alberto García Rivera que tenía que platicar con Minerva Carrillo Michel y cuando platiqué con ella me dijo que con la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), ella podía conseguir que ingresara al sindicato del SUTSEM”…
Agregó, sin embargo, que como las plazas no fueron entregadas, las personas involucradas exigieron la devolución del dinero, a lo que indicó:
“…cuando la gente comenzó a reclamar le comenté a Minerva Carrillo Michel, qué había pasado con las bases y con los trámites y ella me decía que les dijera que me esperaran, que estaba en pláticas con el sindicato, por lo que así me tuvo varios días y fue hasta que nos dimos cuenta de que detuvieron a la señora María Concepción García Rivera, y me comuniqué con Minerva Carrillo Michel, quien me dijo que era mi problema, que ella contaba con el apoyo de la señora Águeda, y que si ella le reclamaba algo simplemente le iba a decir que no sabía nada, ya que no hay ningún documento firmado que la comprometa”…
Minerva Carrillo es representante sindical en el Ayuntamiento de Compostela, cuya alcaldesa Alicia Monroy es suegra del fiscal Édgar Veytia.
DUDAS POR DELITO
Muchas de las declaraciones ministeriales de María Concepción y Miriam Marcela se han efectuado en el interior de la penal.
A pesar del cúmulo de denuncias penales, el caso de la supuesta venta de plazas ha generado cuestionamientos sobre si realmente existe el delito de fraude.
Y es que, fue explicado, las personas que entregaron dinero por una plaza sindical sabían que eso es ilegal, por lo que el fraude no podría darse, indicó una persona que da seguimiento a estos asuntos.
“Si yo le ofrezco dinero a alguien para que mate a una persona y después no le doy el dinero, no me puede acusar de fraude, porque el homicidio es ilegal”, ejemplificó. “Para que haya fraude debemos partir de algo legal y la venta de plazas del SUTSEM no lo es”.
Seguramente por ello la Fiscalía General del Estado ha omitido la consignación de todas las denuncias; y es que, por ejemplo, en caso de que las detenidas obtuvieran un amparo por los expedientes ventilados en diversos juzgados, la FGE tendría la posibilidad de nuevas consignaciones para mantenerlas en prisión.
La Fiscalía General pretendería que las detenidas o quienes recibieron el dinero por la venta de plazas, lo regresen a los agraviados.
(Águeda con su gente. Foto: Oscar Verdín/relatosnayarit)