* Tras un proceso laboral que inició en el 2004, se decidió que sí se trata de profesionistas, no técnicas como pretende el gobierno.
17 trabajadoras sociales afiliadas al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) que han pugnado por alcanzar el nivel salarial siete por su condición de profesionistas, finalmente obtuvieron sentencia a favor por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA).
Se trata de una añeja demanda que inició en el año 2004, ante la negativa del Gobierno del Estado de reconocerles el nivel máximo para un trabajador sindicalizado.
Las quejosas son: Alma Rosa Arana Stephens, Elia Guerrero Canales, Juana Partida Castellanos, Leocadia Bañuelos Hidalgo, María Angélica Romero Mora, Lorena Mireya Montoya Rivera, María del Rosario Guisar Díaz y Karina Marcela Zavala Pérez.
El grupo de trabajadoras lo completan Micaela Pérez Ramírez, María del Carmen Trejo Sepúlveda, Guadalupe Ramírez Luna, María del Rosario Andrade Valtierra, Ana Arcelia López Sánchez, Silvia Dolores Wong García, Dora González Tejeda, Irma Griselda Grageola Robles y María Lourdes Nava Lomelí.
Hace unas semanas, en cumplimiento a un amparo del Segundo Tribunal Colegiado, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje dictó sentencia a favor de las demandantes.
En resumen, fue explicado, el TCA resolvió que las 17 trabajadoras sí reúnen los requisitos y les corresponde el nivel séptimo.
Se especificó –y era un punto no aceptado por el Gobierno del Estado desde el año 2003 y que motivó el juicio laboral 54/2004, planteado por la dirigente del SUTSEM Águeda Galicia Jiménez-, que la anterior Ley de Profesiones, con la que empezaron a trabajar las 17 mujeres citadas, sí contemplaba a una trabajadora social como profesionista, mientras que el gobierno pretendía ubicarlas únicamente como técnicas.
De acuerdo con datos recogidos, la resolución fue en base al cumplimiento del número de amparo 273/2013 del Segundo Tribunal Colegiado, por lo que aun cuando el gobierno interpusiera otro amparo, es prácticamente un hecho que le sería negado. Sin embargo, la sentencia aún no estaría firme.
Las 17 trabajadoras sociales se encuentran distribuidas en diversas dependencias del Gobierno del Estado como el Centro de Internamiento y Readaptación Social para Adolescentes (CIRSA) y la Fiscalía General del Estado (FGE), entre otras.
(Playera utilizada por agremiados al SUTSEM en últimos meses. Foto: Oscar Verdín/relatosnayarit)