Se ampara el notario Enrique Hernández contra prisión justificada

* Juzgado de Distrito le concede suspensión provisional, pero no para el efecto de que recupere la libertad.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

Enrique Hernández Quintero, notario público número 4 con oficinas en Ixtlán del Río, ha interpuesto un juicio de amparo a la búsqueda de lo más urgente: su libertad.

Tras su aprehensión del 28 de noviembre y una vez que le fueron dictados auto de vinculación a proceso por probables delitos relacionados a su función notarial en tres causas penales, la estrategia defensiva arrancó con una demanda de amparo contra la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le impuso un juez de Control con oficinas en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, respecto al primero de los expedientes en que la Fiscalía General del Estado (FGE) le formuló imputación.

Sin embargo, la solicitud principal para que un Juzgado de Distrito le concediera una suspensión provisional con miras a que se modificara la medida de prisión, no fue aceptada, sino que sólo es para efecto de que quede a disposición del Juzgado respecto a su libertad personal, en el lugar de su reclusión.

De la lectura de la demanda, explica el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, “a través de la presente suspensión provisional no es posible salvaguardar un derecho público subjetivo del quejoso como lo es su libertad personal, toda vez que, como quedó señalado en el párrafo que antecede, actualmente se encuentra recluido; por ende, tal derecho - libertad- lo tiene restringido.”

Además, señala que “no se puede conceder al quejoso la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios (libertad), dado que, de la información que se advierte del análisis a la videograbación de la audiencia celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil veinticinco, misma que fue aportada por la parte quejosa, se desprende que el juez de origen al momento de resolver sobre la medida cautelar, concluyó que en el caso se justificaron los riesgos procesales, como fue el peligro de sustracción, tomando en consideración la existencia de diversos reportes de hechos seguidos en contra del aquí quejoso, los cuales fueron elevados a carpeta de investigación por delitos dolosos.”

Igualmente, de entrada se avaló la decisión del juez de Control de considerar un riesgo obstaculización, entre otros aspectos, dado que fue necesaria una orden de cateo en la notaría pública para obtener información que la Fiscalía previamente solicitó a Hernández Quintero mediante diversos oficios, sin que la aportara voluntariamente.

Al concederse una suspensión provisional, pero no en los términos solicitados, el amparista podría presentar un recurso de queja para que su caso lo estudie un Tribunal Colegiado. Tal recurso se debe interponer de inmediato, antes de que se celebre la llamada audiencia incidental, programada para la próxima semana, mientras que la audiencia para el estudio de fondo podría efectuarse hasta finales de enero.

El Juzgado de Distrito ha solicitado al juez de Control de Bucerías que le remita los correspondientes informes del caso.