El caso Echeagaray: del jalón de orejas a la pronta libertad

* Fiscalía imputó cinco delitos al notario público y ex secretario General de Gobierno; no solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, sino sólo la firma periódica cada 15 días.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

Cuando este viernes por la tarde una agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó a un juez de Control que se impusiera al notario público Juan Antonio Echeagaray Becerra la medida cautelar de presentarse a firmar cada 15 días mientras transcurre su proceso -y sólo en caso de ser vinculado al mismo-, pareció robustecerse la tesis de que el jalón de orejas había sido por dejar entrever, el jueves, horas antes de su aprehensión, su apoyo a la presidenta municipal de Tepic Geraldine Ponce Méndez para que llegue al Gobierno del Estado en el 2027.

No se pidió la medida cautelar de prisión preventiva justificada como sucede en muchos otros casos, ni una garantía económica, tampoco la suspensión temporal como notario, ni la prohibición de salir del estado o de acercarse a las víctimas. Nada de eso. Sólo presentarse a firmar cada 15 días.

Sin comunicado oficial de la Fiscalía respecto a la aprehensión del que fuera secretario General de Gobierno durante cerca de dos años con el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, la investigación sí se abrió en una audiencia de formulación de imputación con la presencia de público -familiares, amistades, abogados- en el Centro Regional de Justicia Penal en Tepic.

Aunque la audiencia inició después de la una del mediodía, Echeagaray, notario público número 11 con oficinas por calle Zacatecas sur del centro de Tepic, fue trasladado horas antes de la penal de Tepic en que estaba recluido.

La Fiscalía le imputó cinco delitos: falsificación de documentos, falsificación de certificaciones, responsabilidad profesional, fraude, y de la certificación, formalización, registro e inscripción de inmuebles.

En síntesis, se atribuye una probable responsabilidad del notario público porque en el 2018 efectuó dos poderes notariales otorgados, por separado, por una pareja a favor de un abogado, sin embargo tales poderes fueron revocados meses después ante el mismo Echeagaray y, sin embargo, el reciente nueve de mayo efectuó, con los poderes iniciales, una operación de compra-venta de un inmueble ubicado en Zapopan, Jalisco, propiedad de la pareja agraviada, por las que se pactó el pago de tres millones 927 mil 318.75 pesos y donde el comprador resultó ser un juez de Control del vecino estado.

Es decir, repitió numerosas veces la agencia ministerial, el notario Echeagaray dio validez a dos poderes que ya habían sido revocados en su notaría. “Dio fe de algo que no era cierto”, indicó una de dos agentes ministeriales que fueron acompañadas por una asesora de víctimas.

Echeagaray Becerra -de saco de vestir color crema- fue acompañado por tres defensores particulares. Se reservó el derecho de rendir declaración y pidió que su situación jurídica en que será o no vinculado a proceso se decida dentro del plazo de 144 horas, lo que tendrá lugar la próxima semana.

Conforme al protocolo de seguridad de la sala, en todo momento un agente de la Policía Estatal Procesal estuvo de pie junto al imputado, mientras otros dos agentes permanecieron en la puerta de entrada. La sala tuvo cupo lleno.

Un dato que llamó la atención es que, durante la mañana de este jueves en que Echeagaray Becerra deslizó su apoyo a Geraldine durante un evento por el nacimiento de una asociación de abogadas, ya sabía que era objeto de una investigación.

Y es que, por ejemplo, se anunció que el pasado 17 de septiembre el notario 11 remitió a la Fiscalía diversos documentos que le requirió sobre el tema una agente del Ministerio Público.

Luego, el reciente 14 de octubre una agente ministerial le envío un oficio, solicitándole autorización para que el día 21 se efectuaran diversas diligencias en la notaría, lo que efectivamente sucedió, y en la que participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, un perito, así como funcionarios de la dirección del Notariado del Gobierno del Estado y de la Subsecretaría Jurídica del mismo. Echeagaray estuvo ahí y les dio permiso de ingresar, por lo que procedieron al registro de documentos y toma de fotografías.

Este viernes, la intervención de las agentes del Ministerio Público, a las que se sumó una asesora, transcurrió durante más de dos horas.

Cuando el juez de Control preguntó a Echeagaray en qué momento quería que resolviera su situación jurídica, pero antes de responder lo consultara con su defensa, fue evidente que el notario quería hacer una explicación amplia… “no sé si por omisión involuntaria, no deseada…”, a lo que el juez insistió que sólo le dijera cuándo resolvería su situación, por lo que, una vez precisado el plazo, el ex secretario General repitió que se acreditarán excluyentes de responsabilidad a las que, añadió, “curiosamente no se dieron lectura.”

Entre el público asistente estaba la esposa de Echeagaray, un tío, primos, amigos, compañeros abogados. Fue evidente la relajación de varios cuando una agente ministerial anunció que se pediría la medida cautelar de presentación quincenal a firmar, con lo que estuvo de acuerdo la asesora, mientras que la defensa no abrió debate.

El juez anunció entonces que se enviaría oficio al director del penal de Tepic para que Echeagaray fuera dejado en libertad. El reloj marcaba cerca de las cuatro de la tarde.

(En la foto, Echeagaray -a la izquierda-, con el gobernador Miguel Ángel Navarro)